El domingo 21 de junio concejales del Frente de Todos recibieron la denuncia de vecinos y vecinas, que daba cuenta de un hecho de violencia policial cometido a un joven menor de edad y dos personas con discapacidad en el barrio San Fermín.
Según el relato que forma parte de la causa judicial que inició la familia del joven con patrocinio del ex intendente Miguel Prince se trata de “graves hechos de abuso de autoridad y de armas, incluyendo disparos, con violencia policial, maltratos, represión e intimidación”.
Los efectivos habían detenido a estas personas bajo el argumento de que “habían sido identificados secuestrando una moto”, aunque más tarde y según el parte de actuaciones que emitió el bloque de concejales del Frente de Todos, fue desmentido por la misma Policía.
Lo cierto es que la causa se está moviendo. Recientemente se conoció que la fiscal desestimó la imputación de resistencia a la autoridad respecto de una de las dos personas con discapacidad y solicitó peritar los teléfonos celulares de los policías que intervinieron en el operativo.
Además, solicitaron que la investigación pase al Cuerpo Especial de Investigadores de Mercedes, por la vinculación con la denuncia por violencia institucional. En ese sentido, desde Fiscalía informaron que se enviaron notificaciones a Asuntos Internos de la Policía Bonaerense solicitando sanciones para los policías e inscripción del caso en el registro de violencia policial de la Provincia de Buenos Aires.
En ese marco, ediles del Frente de Todos, como César Siror y Natalia Correa polemizaron con el secretario de Seguridad, Matías Lattaro. En la notificación que remitieron al Concejo Deliberante para dejar sentada también ese ámbito la denuncia, detallaron que cuando se comunicaron con el funcionario, les contestó “no vean fantasmas donde no los hay” y que ratificó la detención durante 9 horas de las personas de San Fermín aquella noche del 21 de junio.
Se espera que la Comisión de Legislación y Derechos Humanos trate este tema, recibiendo la denuncia y analizando si merece alguna actuación. Por la otra vía, la judicial, habrá que esperar si la fiscal desestima a otra de los denunciantes del cargo de «resistencia a la autoridad». Por último, es probable que una tercera persona también se sume a la denuncia penal contra los efectivos policiales.
