«Nosotros creemos que hay que cambiar todo, pero como no nos da la correlación de fuerza, por lo menos cambiemos algunas», bromeó, rápido y sin pausas, Eduardo Reese al repasar los alcances de la Ley de Acceso Justo al Hábitat.
Fiel a su estilo, disertó en la primera charla organizada por el Consejo Urbanístico Ambiental, el espacio que tiene poco tiempo de creación y aún conserva el entusiasmo por pensar la ciudad, discutirla y planificarla bajo las consignas de favorecer la integración de las mayorías en el proceso de desarrollo urbano.
Reese es especialista en planificación urbana y regional, subsecretario de Políticas Socioeconómicas del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y coordinador y docente del curso de desarrollo profesional “Gestión del Suelo en Grandes Proyectos Urbanos” del Lincoln Institute of Land Policy (Boston, EUA).
«Nosotros no podíamos decir que uno de los objetivos era modificar la 8912 porque no pasábamos el umbral de la legislatura», soltó en otro tramo de su disertación respecto al decreto ley que data 1977 y que, en su opinión, explica muchas de las desigualdades que actualmente se sufren en el acceso a la tierra y la vivienda.
La ley que redactó e impulsó es conocida como «Acceso Justo al Hábitat» y viene a romper, al mismo tiempo que rescata algunos aportes, con el anticuado instrumento de la dictadura militar. La Ley N°14.449 fue sancionada en 2012 y pone en relevancia el derecho a la ciudad, la función social de la propiedad, la prioridad de los derechos colectivos por sobre los individuales, la obligatoriedad de gestionar democráticamente las ciudades, y la distribución equitativa de los costos y beneficios en el proceso de urbanización.
«El territorio es un tablero de fuerzas donde permanentemente se expresan y nunca se dirimen los conflictos», planteó Reese. El Consejo Urbanístico Ambiental también podría pensarse en el sentido en el que allí se expresan intereses diversos, miradas políticas encontradas y una agenda de temas amplios que atañen al desarrollo de las ciudades. Desde su puesta en marcha, el Consejo Urbanístico Ambiental de Luján se pronunció sobre la reconversión del basural y la relocalización de una antena de telefonía, mientras analizan cambios de zonificación y expedientes del ProCreAr. Además, la ley establece que es obligatorio que existan instancias de participación popular.
«Hay municipios donde hay dos Consejos, uno para los countries y otros para los pobres. En uno están los del Colegio de Arquitectos y en otro las organizaciones sociales», bromearon los impulsores de la Ley N°14.449 al tiempo que celebraron que en Luján se ponga en marcha un Consejo con multiplicidad de actores e intereses y abierto a la participación.
Luján, como otros tantos municipios de la provincia, es una suerte de manchas en el mapa. Por momentos los grises de las construcciones se extienden sin mucha lógica hasta encontrarse con rectángulos perfectos y verdes. Esos espacios vacíos son las tierras vacantes producto de la falta de planificación y la especulación inmobiliaria. «Al retirar tierras del mercado, ese producto se vuelve escaso y todos saben lo que pasa con esto: se vuelve carísimo», explicó Reese.
El diagnóstico es abrumador. Para el autor de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, la falta de normativas que tiendan a regular la práctica del mercado y garantizar el acceso de las mayorías a la tierra y la vivienda genera ciudades ambientalmente insostenibles, socialmente excluyentes y económicamente ineficientes.
De la política de «hacer casitas» a una política de planificación urbana
Frente a la exclusión social que producen nuestras ciudades, quienes impulsan la aplicación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat señalaron como insuficiente o incompleta la mirada de construcción de nuevas unidades habitacionales.
Además del factor «ingresos», Reese destacó que las normativas urbanísticas son «absolutamente elitistas, muy costosas y un sistema financiero inaccesible». Esto quiere decir que hasta que no se modifiquen las condiciones integrales que aborden la complejidad del problema no se resolverá el déficit habitacional. «Hemos hecho muchas casitas y el déficit sigue aumentando porque lo que no se corta con los planes de viviendas es el círculo de desigualdad en el territorio», expresó.
Otros elementos que Reese remarcó con énfasis para repensar la planificación del territorio pasaron por la capacidad estatal para intervenir en el desarrollo urbano, la ampliación de derechos y la necesidad de revertir los círculos de desigualdad y el apoyo a los autoproductores de la ciudad.
Las ciudades son generalmente autoconstruidas por las propias familias. Se estima que participan en 2/3 del desarrollo de las ciudades sin instrumentos que apoyen la actividad.
«Toda la política publica y la actividad privada tiene sus normas, sus leyes y reglamentos, pero tengamos en cuenta que construyen solo 1/3 de la ciudad, la parte mayoritaria es autogestionada por las familias y antes de la ley no tenían ningún instrumento para continuar autoproduciendo ciudad», afirmó Reese.
Por último, a la hora de cambiar el chip, Reese pidió romper con la lógica administrativista heredada de la Ley N°8912 que contribuyó a crear organismos hiperburocratizados, «convirtiendo a los directores de planificación en señores que están sentados en los escritorios esperando los expedientes que el mercado les trae». Señaló, además, que «esta actitud pasiva favorece la reproducción desigual de la ciudad. Tenemos que abandonar esa marca en el cemento fresco que nos dejó la 8912».
Respecto a los planes de viviendas, Gabriel Nosetto, integrante de Madre Tierra, exhibió varios mapas de distintos municipios donde se ve claramente que la distribución de los planes de viviendas se dan en las periferias de las ciudades: «Esto encarece el costo de los servicios, de la infraestructura y del suelo. Y esto, no es culpa del instrumento sino de su mala utilización. Esto no es lo que impulsamos o lo que queríamos generar», aclaró Nosetto.
«Seguir militando la ley»
La Ley de Acceso Justo al Hábitat supone una mirada integral del territorio y no esquiva a la especulación, uno de los principales factores que explican la desigualdad. Por ello establece penalidades para la vacancia dentro de la ciudad, pero «para eso no la usan» reniegan sus impulsores.
«Los municipios utilizan mucho la ley en todos aquellos dispositivos que se pueden inaugurar», agregaron en referencia a la utilización electoral. «Donde hay conflicto con desarrolladores no la usan», refirieron.
Frente a este punto por ejemplo, la ley deja margen para que los municipios generen mecanismos para crear instrumentos y apropiarse de esa renta extraordinaria que se produce en las tierras vacantes, y redistribuirla.
Todavía queda mucho camino por recorrer en la planificación y el uso del territorio. Las deudas, para quienes impulsan la implementación de la 14.499 nos llama a «seguir militando la ley».
