Daniela Belén Velázquez, abogada del grupo de Voluntarios del Área Natural Protegida Cigordia, utilizó la banca abierta para explicar las causas del pedido de informe sobre la poda de árboles en la Plaza Colón. Remarcó una serie de contradicciones entre el equipo técnico de la UNLu y la dirección de espacios verdes.
Las podas realizadas en diferentes calles de nuestra ciudad, y particularmente las efectuadas en la Plaza Colón produjeron una serie de reclamos formales e informales por parte de los vecinos de Luján. Particularmente, el grupo de voluntarios de la ANP Reserva Cigordia realizó un reclamo formal frente a las autoridades municipales y solicitó la banca abierta para remarcar un conjunto de falencias e irregularidades en el manejo del arbolado urbano.
En el día de ayer, la abogada del grupo de voluntarios, Daniela Belén Velázquez, ocupó la banca abierta para referirse a la problemática. En primer lugar, la abogada señaló que son un grupo de jóvenes ciudadanos de Luján que se movilizan con el fin común de cuidar el ambiente, y que actualmente trabajan en la ANP Cigordia. Además agregó que «cada uno desde su arte u oficio aporta su grano de arena a la causa, en lo que a mí respecta, soy abogada y aporto las herramientas jurídicas a la agrupación, hoy estoy aquí en representación de los voluntarios».
Movilizados por el cuidado del medio ambiente, estos jóvenes se organizaron para presentar un pedido de informes y queja formal por lo sucedido en la Plaza Colón. En este sentido, «el 29 de agosto, siendo el día de árbol presentamos una nota a la autoridad de aplicación solicitando unas determinadas series de informes, también solicitamos la banca abierta para poder exponer frente a los diferentes bloques que conforman el HCD nuestra preocupación por la poda de la plaza Colón» señaló Daniela.
La preocupación explicitada en el discurso de la abogada del grupo de voluntarios es que (los jóvenes) encuentran una serie de contradicciones entre el equipo técnico de la UNLu y a dirección de espacios verdes en referencia al informe del equipo que evaluó las extracciones. Aquí, Daniela Velázquez remarcó que «el informe de la Plaza Colón (realizado por el equipo técnico de la UNLu) se trata de un informe preliminar sin georreferenciar: es decir, no tiene identificado cada árbol con su recomendación de actuación en un plano, de manera que no se puede certificar que los árboles que se están extrayendo sean los que indicaron en aquel momento».
Al mismo tiempo, señaló que el equipo técnico de la UnLu públicamente expresó que «no están de acuerdo con el criterio técnico de la poda que se está realizando este año. Argumentan que las reducciones de altura y despuntes que se están realizando en general no se justifican desde el punto de vista del riesgo y resultan agresivas para el árbol. Generan puntos de cicatrización muy lenta y de acceso de plagas, terminan debilitando la planta y en el mediano y largo plazo disminuyendo su vida útil».
Por otro lado, mencionó que la dirección de espacios verdes declaró que se podo fuera de la época de poda por una cuestión de demora administrativa y por las numerosas lluvias durante el último invierno. Lo que a criterio del grupo de voluntarios «es el tiempo del hombre el que se impone a los tiempos de la naturaleza».
En la misma linea, Daniela Velasquez argumentó que justificar la poda por cuestiones de seguridad de los transeúntes es completamente erróneo. «Considerar que, ante estos casos, en los cuales colisionan intereses y derechos fundamentales, como lo es la seguridad de los transeúntes y la utilidad ambiental del arbolado es necesario solucionar el dilema aplicando un juicio de exclusión, decretando que un derecho es de superior jerarquía que otro, o pararnos en la disyuntiva de escoger entre seguridad o el ambiente, nosotros consideramos un método anacrónico que responde al siglo pasado. En sintonía con lo establecido por nuestra CN. Art, 41, como también el bloque de tratados internacionales ambientales y en lo local, la Ley 12.276 de arbolado público de la Provincia de Buenos Aires, lo que aquí hay que hacer no es un juicio de exclusión sino un juicio de ponderación. Lo que significa en palabras sencillas que, ante la colisión de derechos fundamentales, no podemos aventurarnos a definir cuál de los derechos contrastados sería jerárquicamente superior, cronológicamente anterior o gradualmente “especial” frente al otro u otros. Sino más, hay que armonizar intereses, cualidad característica de las sociedades plurales actuales.
Para finalizar, expresó que «nosotros recibimos un planeta mucho peor al que el que han heredado nuestros padres. Como ambientalistas estamos comprometidos en dejar a nuestros hijos un planeta mejor o al menos igual al que hemos recibido, porque no es una cuestión que se pueda seguir postergando, el tiempo para hacer es ahora, no hay plan B, cambiamos o desaparecemos».
