Durante los últimos días de enero, un automovilista embistió a un carrero sobre la calle Colón en el cruce de Carlos Pellegrini. El resultado de la colisión dejó herido e internado al carrero y quebrada a la yegua que tiraba del carro.
Del animal se supo por la amplia cobertura de prensa y las publicaciones en redes sociales que lleva por nombre «Paloma», que la fractura se dio en una de sus manos, que se requerían más de cien mil pesos para operarla, que en 48 horas se pudieron recaudar gracias a la masiva difusión y que finalmente se recupera tras la intervención exitosa una Clínica Veterinaria de San Isidro.
El reality de Paloma fue seguido minuto a minuto en todos los foros lujanenses. Su dueño, Sergio Vera, apenas fue consignado en las noticias el día del accidente. Tampoco las consideraciones que realizaron veterinarios y animalistas sobre el buen estado y el cuidado del animal antes del accidente.
En cabeza de las organizaciones protectoras de animales y una rápida y abundante repercusión en el público se disparó un viejo debate que suele crear posiciones divididas en torno a la tracción a sangre.
Por un lado, quienes salen a ganarse el mango arriba del carro, muchas veces tirado por caballos y dedicados a reciclar lo que otros desechan. El derrotero histórico de carreros, cartoneros y recicladores se remonta a tiempos inmemorables, las primeras experiencias organizadas en el país se consolidaron durante varias oleadas: durante la década del 70 en Córdoba y algunas villas de capital federal como Bajada San José, Villa Inés y Villa Urquiza y a partir de la crisis del 2001 en distintos puntos del territorio nacional, especialmente las grandes urbes. La cantidad de carreros varía al tempo de la economía pero mantiene una lógica, a mayor desigualdad económica mayor incremento de la actividad. Antes de la pandemia se registraron cerca de 40 familias en Luján, se estima que el número podría ser mayor.
A la tracción animal, se le suma, cuando el hambre campea, la tracción humana. Miles de personas tirando del carro con su propios brazos para juntar cartones, metales, vidrios y plásticos. En nuestra ciudad, todavía no surgieron planteos concretos respecto a cómo articular respuestas para el sector pero hay una multiplicidad de experiencias a nivel municipal. No todas fueron beneficiosas para el sector de la economía que viaja en carro y en casi todas se polariza fuerte entre proteccionistas y cartoneros. ¿Otra grieta?
Por pedido de proteccionistas, desde el municipio de Luján organizaron un mitin amplio. Off the record, algunos sectores dentro del Frente de Todos reconocen que la demanda es legítima pero que la prohibición de la tracción a sangre de buenas a primeras podría traer más problemas que soluciones. También hay quienes postulan que existe un sujeto social y político que necesita reconocimiento y una transformación de su actividad desde la órbita del Estado.
Por lo pronto, desde el municipio adelantaron que están trabajando en un protocolo de actuación frente a situaciones que puedan ser catalogadas como maltrato animal y a su vez, en distintas alternativas para avanzar de forma progresiva en la prohibición de la tracción a sangre. Para ello, analizan las experiencias en otros municipios.
Algunos antecedentes en municipios
En Quilmes, el debate por la prohibición de la tracción a sangre animal se dio a lo largo de varios años y al menos tres gestiones de gobierno. Recientemente, desde el municipio comandado por Maira Mendoza reglamentaron una vieja ordenanza que establece pasos claros un camino que finalizaría con la prohibición de la tracción a sangre pero reconociendo el trabajo de carreros y ofreciendo alternativas a la actividad.
En primer lugar, establecieron la necesidad de generar un proceso de censado y de registro de trabajadores de la economía popular que utilicen tracción a sangre; la incorporación de veterinarios especializados en equinos que puedan certificar el estado del animal y el trato que recibe; y la entrega de libretas sanitarias.
De forma paralela, se proponen avanzar con la sustitución del animal por transportes a motor. La premisa es la progresividad hasta lograr implementar de forma definitiva la prohibición.
En Berazategui, implementaron un proceso similar pero la propuesta para la sustitución de la tracción a sangre es por bicicletas con motor eléctrico y establece costosas multas para quienes incumplan la normativa local.
Los procesos que llevan adelante municipios de la provincia permiten comprender las tensiones en diversos sectores de la sociedad, intereses, posiciones, y la necesidad creciente de un sector de la economía de ser reconocidos por el Estado. En ambos casos no resultaron sencillos los acuerdos para redactar la normativa local e incluyeron instancias judiciales y contramarchas políticas.
Por su reciente comienzo, todavía no arrojan resultados claros las experiencias de municipios de la provincia pero los cruces y conflictos anticipan un problema complejo y con raíces profundas en la desigualdad social que requieren creatividad política e inclusión de todas las partes.
