La primera denuncia penal que enfrenta Leonardo Boto como intendente de Luján avanza en el terreno judicial. El lunes el diputado de la Coalición Cívica ARI ratificó la denuncia por escrito en la Fiscalía Nº 10 de nuestra ciudad y con este requisito, comenzaron a citar a los testigos y analizar los expedientes.
Por lo pronto, el intendente, el Secretario de Economía Ignacio Pedotti y los proveedores Marcela Guadalupe Goldsztaud y Mariano David Rossi no están imputados sino solo denunciados por el diputado Bugallo.
¿Qué contiene la denuncia? Según ratificó el diputado Bugallo, los posibles delitos son: incumplimientos de los deberes de funcionario público; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; malversación de caudales públicos; asociación ilícita y estafas y otras defraudaciones.
Todas las acusaciones parten de 190 órdenes de compras a dos proveedores por un total de 32 millones de pesos facturados principalmente por alimentos en los últimos meses.
La denuncia combina una serie de elementos y protagonistas que deberán desfilar por la justicia para que la Fiscalía considere si los elementos recabados en testimonios y expedientes son suficientes o no para elevar la denuncia a una causa.
La primera piedra la tiró el periodista Gustavo Miano quien publicó un informe donde aseguraba que desde el gobierno se había favorecido a los proveedores denunciados fragmentando (o desdoblando) el proceso de compras para evitar la licitación. En paralelo, el interbloque de concejales de Juntos por el Cambio realizó un pedido de informe donde se formula la misma hipótesis.
El abogado Jeremías Rodríguez, referente local de la Coalición Cívica ARI combinó los elementos y avanzó en la denuncia penal que presentó su compañero de espacio político, el Diputado Bugallo. Por eso, los testigos en esta primera instancia serán los concejales de Juntos por el Cambio, Fernando Casset y Curci Castro; y el periodista Gustavo Miano.
Casset fue el primer testigo citado por Fiscalía y debió contar cual fue la motivación para iniciar el pedido de informe. Según testificó el concejal, surgió «desde adentro del municipio» y no a partir de la investigación del periodista Miano. Además señaló que cuando comenzaron a analizar los expedientes notaron que los proveedores no contaban con antecedes comerciales ni instalaciones comprobadas en el Partido de Luján lo cual despertó sospechas y por eso presentaron un pedido de informe.
Para mañana deberán prestar testimonio Miano y Curci Castro. En tanto transcendió que Boto ya presentó un asesor letrado que presenciará los testimonios aunque no es estrictamente necesario en esta instancia.
Desde el gobierno, contestaron la denuncia en el terreno de la arena pública, a través de un video, tanto el intendente como el jefe de gabinete y el secretario de Economía; aunque en el aspecto judicial, hasta el momento, prefirieron no aportar mayores detalles.
