“Si no tienen una orden de desalojo no me voy”, dijo una mujer con su bebé en brazos. Enfrente tenía varios efectivos de la policía que le exigían abandonar el predio. Detrás, su casilla con maderas y chapas que había levantado durante la madrugada.
Entonces, hace exactamente un año, tenía 21 y un bebé de un año y medio. Antes de tomar coraje y decidir que se instalaría en un predio abandonado hacía el final del barrio Ameghino había pasado la noche en la calle.
Donde termina la calle Libertad y cruza Del Pilar, el empresario Chediack reclamó la posesión de unos sobrantes de tierras. “Me dijeron que si yo no me iba por las buenas, me sacaban por las malas”, contaban las mujeres que habían tomado el predio hace un año.
Iban a pasar varios días, algunas noches largas y frías alrededor de un fogón, compartiendo la olla y en estado de alerta permanente. Durante una semana, el grupo de WhatsApp se mantuvo activo cada noche dando aviso a abogados, periodistas y referentes políticos y sociales cuando la seguridad privada de la empresa Chediack se acercaba o cuando se envalentonaba la policía.
Fueron cerca de 30 familias, en su mayoría madres como jefas de hogar las que resistieron aquellas jornadas. La orden de desalojo nunca llegó, ni siquiera cuando se presentó el ayudante de la Fiscalía, tampoco los títulos de propiedad del empresario. Sin embargo, todos repetían que las tierras le pertenecían.
Malvina, vecina del barrio Ameghino había dejado la casa de su madre para instalarse hacía el final del predio, donde el terreno empezaba a formarse como un triangulo de no más de 10 metros de ancho. Tiene 5 hijos a su cargo, y la más grande estaba a punto de parir en ese entonces.
Micaela pudo terminar la secundaria en medio de aquellos días complicados. «Me llevé algunas materias pero las pude rendir a todas». Vive con su hijo de 5 años y su pareja. Su sobrina, Rocio tiene una hija de 12 años y también vivió aquella travesía.
Las horas largas, de vigilias interminables, terminaron en una negociación con funcionarios locales de la gestión de Juntos por el Cambio. Habían ofrecido el pago de alquileres para las personas que no tuvieran donde ir y la cesión de terrenos en Olivera y Los Laureles.
En el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio, a pocas cuadras del acampe, se firmó el acuerdo, y ese mismo día las familias desalojaron el predio. Un año después, el municipio sostiene algunos alquileres, otros no, y la cesión de tierras nunca se produjo. “Nos bolacearon”, resume Malvina.
El grupo de mujeres se mantiene activo, con reuniones presenciales en la Sociedad de Fomento del barrio aunque “muchas no pueden venir por la pandemia”. Sostienen la negociación con la nueva administración.
“El comandante nuevo ya nos dijo que no tenían una solución”, se anticipa una vecina ante la consulta de la situación un año después. «Teníamos la ilusión de salir adelante, pero ahora nos dijeron que aquello que firmamos no tiene valor. Solo fue para sacarnos», agrega Micaela.
Los terrenos que ofrecieron de la gestión Luciani, según la actual gestión, fueron ocupados en algunos casos y en otros tenían propietarios privados, no eran de dominio municipal. De todos modos, volvieron a hacer un relevamiento y ofrecieron una relocalización sin plazos ni espacio determinado. Las vecinas desconfían pero mantienen las reuniones y siguen todos los pasos burocráticos que les proponen. Necesitan un pedazo de tierra donde realizarse y no hay plan B.
Malvina volvió a casa de su madre con sus hijos, había pegado un laburito en un puesto en la zona histórico basilical pero la pandemia interrumpió el trabajo. Micaela, tras terminar el secundario, sigue tirando curriculum sin suerte, «pagan poco por muchas horas» dice, mientras su pareja volvió hacer algunas changas. Lograron que el municipio les sostenga el alquiler a falta de alternativas mientras Rocío se pudo ubicar en la casa de su abuelo. Todas conservan «la ilusión de tener un lugar donde criar a nuestros hijos».
