Desde la Federación de Inquilinos Nacional señalaron que en varios puntos del país las inmobiliarias no cumplen con la entrega del CBU a sus inquilinos.
El Gobierno Nacional emitió nuevos permisos y excepciones a diferentes rubros para funcionar durante el aislamiento social preventivo obligatorio. Las once nuevas actividades exceptuadas no incluye a las inmobiliarias, aunque en Luján ya funcionan para la administración del pago y cobro de alquileres.
La situación se repite en varios rincones del país. Es por ello que la Federación de Inquilinos a Nivel Nacional presentó una carta a la Ministra de Hábitat señalando que «las inmobiliarias no se apegan a la ley ni siquiera en estos tiempos de crisis y emergencias, y en donde la población en su conjunto comienza a atravesar una terrible situación económica, consecuencia de esta particular pandemia».
Denunciaron que «miles de inquilinos reciben la presión para que no adhieran a la prórroga del contrato, y son conminados a firmar contratos nuevos con aumentos abusivos y comisiones inmobiliarias que no corresponden y ningún organismo público controla».
En Luján, el Intendente decidió, tras una reunión con el Colegio de Martilleros de Luján, habilitar el funcionamiento únicamente para el pago de alquileres. A pesar de esto la legalidad de la medida queda en duda ya que los jefes comunales no poseen la facultad de otorgar excepciones a una norma de carácter nacional.
El mecanismo definido por el Gobierno Nacional para liberar sectores de la cuarentena es que los municipios lleven propuestas a los Gobiernos Provinciales y estos al gobierno central para su análisis y decisión.
El intendente Leonardo Boto, en una entrevista con El Civismo argumentó sobre la medida tomada: «Solo hay una labor de cobro de alquileres, pago al propietario, hay mucha gente mayor, unas cuantas miles de familias de Luján que viven del cobro de un departamento o una casa. Se armó un esquema de tener los locales cerrados pero que haya una persona por inmobiliaria que este cobrando y pagando a los propietarios».
A lo que agregó que «el proceso de bancarización no está regulado por el Gobierno Nacional, no lo puede hacer un municipio. Hay mucha gente que paga bancariamente y otra que no. Lo que hicimos es darle la posibilidad a un sector para que pueda administrar los pagos y cobros. Esto es darle un servicio al vecino y vecina».
Por su parte, Roberto Díaz, secretario de organización de la Federación de Inquilinos Nacional, expresó: «Estamos realizando denuncias en la justicia en todos los lugares en donde las inmobiliarias intentan abrir sus puertas porque hay dos decretos, principalmente el de aislamiento, que impiden que la gente se desplace de sus casas y regula las actividades que son esenciales y las que no. En función de ese decreto, hay un delito contra la salud público, y nosotros vamos a denunciar a las inmobiliarias que no lo cumplan».
Además agregó que «hay un decreto que obliga a las inmobiliarias a pasar el CBU, con lo cual la carga pública esta sobre la inmobiliaria y no sobre el inquilino. El inquilino que no reciba el CBU puede retener el dinero hasta que le entreguen los datos bancarios, sin intereses ni punitorios. Los inquilinos que no reciban estos datos deben hacer la denuncia correspondiente en la polícia o en la fiscalía de turno».
