Casi al cierre de la jornada la empresa dueña de la central termoeléctrica construida ilegalmente pasó por las oficinas del municipio para habilitar su industria de tercera categoría. Al no tener planos aprobados debió cambiar la ventanilla donde presentar la documentación. Como el Concejo no habilita el uso de suelo debido a las irregularidades administrativas, StoneWay Capital va por el sí del intendente.
Una nueva presentación de Araucaria Energy llegó a las oficinas municipales. No es una de las repetidas amenazas que dejó la firma dependiente de StoneWay Capital y por las que se ganó ser persona jurídica no grata en la ciudad de Luján. Tampoco son nuevos estudios de impacto ambiental realizados por una universidad nacional propuesta por los vecinos y vecinas afectados. Nada de eso: la firma extranjera con llegada aceitada a la Casa Rosada presentó el pedido de habilitación.
«Solo resta la zonificación por parte de esta Municipalidad, lo cual no depende de Araucaria sino de ese municipio que debe tratar la cuestión a través del Honorable Concejo Deliberante, cuerpo colegiado en el que una parte de sus integrantes viene sistemáticamente haciendo fracasar todas las sesiones en las que se incluye esta cuestión desde que comenzó el año deliberativo. Y lo hacen de una forma muy particular como es abandonar el recinto de forma tal que la sesión quede sin quórum y no pueda seguirse con el tratamiento de la zonificación», redactó Araucaria Energy con piel de cordero y sin mencionar las tres sesiones de patotas organizadas que, a la vez, fueron usadas como rehenes en las sesiones.
Como si fuera poco, en la presentación se señaló que «dicha práctica llevada a cabo por los ausentes violenta la democracia desde que impide el debate y el intercambio de ideas…». Tal como estipula su propio impacto de estudio ambiental (donde la firma borró un establecimiento educativo y mintió sobre las parcelas que rodean la termoeléctrica) el acceso a la información para los vecinos, las reuniones con la comunidad y la audiencia pública fueron herramientas que los empresarios se negaron a usar. La preferencia fue una construcción veloz, sin intercambio de ideas ni prácticas de escucha y atención a las familias afectadas.
De esta manera, y como no podía ser de otra manera, la reaparición de la firma dueña de la central térmica contiene ribetes bizarros que caracterizan el accionar de los directivos, ya que en el filo de la jornada laboral intentaron presentar la documentación en el sector de «Habilitaciones», pero al no tener lo planos aprobados debieron entregarlos en otro mostrador. Así, en las nuevas páginas que llenan el Araucariagate, los argumentos siguen acumulandose en la lista de los relatos armados a medida.
«El ENRE a otorgado el Acceso a la Capacidad de Transporte sin Observaciones», comienza mencionando una de las fojas presentadas dando paso a espejos de colores. En realidad el ENRE deja evidenciado la inexistencia del Certificado de Aptitud Ambiental para la planta que está en nuestra ciudad y cuando hace mención a Pilar sí remarca que contó con los permisos. Incluso las familias afectadas presentaron el pedido de audiencia pública correspondiente para la conexión. Araucaria y el gobierno municipal, por otro lado, debieron hacer audiencias por la llegada de la termoeléctrica y respecto al uso de suelo.
El caso del OPDS (Organismo para el Desarrollo Sostenible) es donde se tergiversa la información de modo claro. La empresa ofrece que se «ha aprobado la documentación técnica presentada» pero que resta el Uso de Suelo. No es algo menor o que salga por el peso de los otros avales. La termoeléctrica está construida en en un sitio no permitido y el Uso de Suelo es lo que le falta para su Certificado de Aptitud Ambiental, requisito previo e ineludible para comenzar a construir. Araucaria Energy primero construyó, luego pidió permiso.
También se menciona la calidad de Agente al Mercado Mayorista, aval que no deja de exponer la falta de uso de suelo correspondiente y la «Habilitación Comercial», donde llamativamente no hace referencia a los plazos vencidos que fueron condonados por sus vínculos con sectores del gobierno nacional. Tras 180 días, el contrato debió quedar concluido, pero siempre hay tiempos para los amigos.
Con una postura que logró coherencia y cohesión hacia adentro del peronismo que se sienta en las bancas opositoras, el Concejo Deliberante funcionó como una contención imposible -por ahora- de ser llevada por delante por el binomio Araucaria-Cambiemos, con un bloque oficialista que más allá de sus internas, se inmoló por el intendente y sigue sin retirar un proyecto por demás de irregular, sobre una empresa ilegal.
Amenazas a los patrimonios de los ediles, aviso de utilización de la policía, patotas destinadas al amedrentamiento, descuentos de las dietas, operaciones mediáticas de pacotilla y difamación a través de medios locales y redes sociales fueron la caja de herramientas que se vino utilizando pero que todavía no alcanza. Araucaria Energy, StoneWay Capital, Siemens volvieron ahora nuevamente a la carga. Aunque ahora el objetivo parece ser pedirle el gancho al dueño del joystick.
