El Deliberativo y la Subdirección de Género trabajan junto a las organizaciones de mujeres para prevenir acoso en el transporte público. Se necesitarán alrededor de 3 meses de reuniones para presentar un proyecto que se implemente sin demoras. Frente a esto aparece una norma constante en las políticas de género: chocar contra el nulo presupuesto que les destina la gestión de Oscar Luciani.
La denuncia de varias adolescentes por acoso en el transporte público generó el repudio y accionar de los colectivos feministas y el Concejo Deliberante. Tras ocho reuniones de trabajo, se continúa avanzando en el armado de legislación que prevenga dichas situaciones. Se esperan al menos otras seis para buscar aprobar un proyecto que se ponga en funcionamiento de inmediato.
Sin embargo no tan lejos se asoma el problema que atraviesa todas las temáticas de género a nivel municipal: la falta de presupuesto. ¿Qué recursos se van a utilizar? ¿quién lo va a financiar? ¿cómo lo va a hacer? son algunas de las preguntas que resuenan en el recinto cada vez que las organizaciones de mujeres se reúnen con el legislativo y la subdirectora de Género, para conocer y trabajar en capacitaciones en género para choferes del transporte público.
En un contexto donde el feminismo avanza, el Estado necesita hacerlo al mismo ritmo. El viento de cola que deja este movimiento se lleva puesto hasta a los más conservadores, quienes tanto en on como en off admiten que el género debe ocupar la agenda legislativa. Las manos arriba para aprobar legislación que van en ese sentido, dan cuenta de esta realidad.
Ese camino sigue el proyecto que llevará al menos 3 meses de armado, según prevén las ediles, quienes estiman presentarlo en el Concejo Deliberante los primeros días de septiembre y que sea aprobado por unanimidad. El extenso período se debe a la intención de armar un dispositivo que el Ejecutivo apruebe e implemente sin dificultades ni trabas.
Las organizaciones de mujeres que participan del armado de la legislación coinciden en que el tiempo destinado es mucho pero comprenden la necesidad de trabajar a este ritmo, contemplando lo más importante que es que la violencia no se termina con este proyecto, sino con la decisión política de implementar políticas públicas e integrales de género.
Esto choca con el presupuesto 2018, que sólo contempla un 2% para recursos y financiación para el área de género, y el 98% restante se destina al pago de sueldos. Es por eso que este proyecto trabajado detalladamente podría correr el riesgo de caer en el destino del resto de las políticas impulsadas por el deliberativo, así como es el caso del Observatorio de Género, creado hace más de un año mediante la Ordenanza 6793, que al día de hoy no funciona.
Mientras el Ejecutivo no tenga la decisión de destinar una partida presupuestaria acorde a las necesidades, la alternativa propuesta por las comisiones que trabajan en la prevención del acoso en el transporte público es utilizar dinero del Fondo de Seguridad Ciudadana, por eso en los próximos días las ediles comprometidas en el armado de la ordenanza reguladora se juntarán con la Comisión de Economía para evaluar las posibilidades de financiamiento.
Será el turno de los concejales, cuando se vote, de volver a levantar la mano no sólo para que el proyecto sea una realidad, sino también para que ese financiamiento se efectivice. Por su parte el Ejecutivo tendrá la tarea de diseñar una política de gobierno más comprometida con la agenda de las mujeres. De no ser así, la flamante Comisión de Género y el trabajo de las organizaciones será en vano.
