El lunes por la tarde se realizó un debate alrededor de la despenalización del aborto, impulsado por la agrupación Mala Junta. La misma tuvo como eje la problemática entendida como un tema de salud pública y las estrategias legales que se utilizan para contrarrestar la ineficiencia estatal y jurídica.
Más de 40 mujeres y hombres participaron de la charla que se realizó en la Universidad Nacional de Luján y que estuvo encabezada por Fernanda Fernandez, articuladora de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito; y dos trabajadoras de atención primaria de la salud, quienes expusieron la situación histórica del aborto en Luján.
«Generar en Luján espacios para debatir sobre el aborto es clave. Además nos viene bien el espacio para juntarnos y discutir la problemática» señaló Carolina Francia de Mala Junta, al darle apertura al encuentro en el que además de vecinas, familias y autoconvocadas, participaron varias militantes de organizaciones de género de nuestra ciudad.
Fernández destacó varios puntos sobre el Proyecto de ley para legalizar y despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. En ese sentido rescató las estrategias legales de la campaña nacional para argumentarlo. Entre ellas, la importancia de trabajar sobre la objeción de conciencia de los médicos, entendiendo que si se prioriza la objeción de conciencia, no se aseguran los derechos de las personas gestantes.
«Despenalizar y legalizar: necesitamos las dos cosas» refirió la referente; «la despenalización para que no nos metan presas por abortar y la legalización porque el Estado debe hacerse cargo, esta es una demanda sobre el sistema de salud pública».
La clave para llegar al debate institucional y legislativo fue la discusión que se dió y está dando en la sociedad a nivel organizaciones, medios de comunicación, y la difusión del trabajo de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Es por eso que desde la Campaña destacan la importancia de la presión social. «La presión se siente en el recinto, en la legislatura, pero la fuerza de la gente marca la diferencia. La calle suma».
Por otro lado, dos trabajadoras de atención primaria de la salud expusieron las dificultades de acceso al aborto en Luján, aún en los casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal, los cuales deberían facilitar el derecho al acceso a una ILE (interrupción voluntaria del embarazo).
En ese sentido hicieron un recorrido histórico de los últimos 10 años sobre las políticas de salud implementadas por las gestiones municipales y las restricciones y accesos a los derechos de los cuerpos gestantes.
«Desde hace un par de años las políticas de salud respecto al aborto en Luján han sido regresivas. El sistema de salud, es de penalización total», advirtieron las trabajadoras al exponer las deficiencias del aparato estatal en relación a la salud pública, al tiempo que lo ejemplificaron con tres casos resonantes que se dieron durante el 2017, donde en uno se pusieron trabas burocráticas para negar la ILE, otro se realizó de manera clandestina ya que no se efectuaron registros de la misma y el otro directamente le fue negado a una paciente.
Finalmente denunciaron que tras este último caso en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud, circuló un memorandum interno firmado por el Director de Atención Primaria de la Salud, Dr. Poleschi en donde se ordenó que «todo caso detectado que se encuadre dentro del marco del protocolo ILE deberá ser derivado al Hospital», medida que fue negada por el secretario de Salud Ricardo Curone y que va en contra del protocolo ILE.
El encuentro fue abierto a preguntas donde las y los asistentes aprovecharon para conocer más sobre un tema que dejó de ser un tabú, para ocupar todos los espacios de la agenda pública, política y mediática, entendiendo que el derecho al acceso al aborto legal, seguro y gratuito debe ser entendido como una política de Estado en favor de la vida de las mujeres y demás cuerpos gestantes.
