El Municipio de Luján vuelve a ubicarse entre los distritos con mayor nivel de transparencia fiscal de la provincia de Buenos Aires, al obtener el puntaje máximo —100 sobre 100— en el Índice de Transparencia Fiscal Municipal que elabora la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP).
Se trata de la quinta medición consecutiva en la que el distrito alcanza el nivel de “Cumplimiento Estricto”, según el relevamiento correspondiente a noviembre de 2025.
El índice evalúa la información fiscal y presupuestaria que los municipios publican en sus sitios web oficiales, tomando como referencia la Ley de Responsabilidad Fiscal Municipal, la Ley Orgánica de las Municipalidades y las resoluciones del Tribunal de Cuentas.
Entre los criterios considerados se encuentran la publicación del presupuesto vigente, la ejecución presupuestaria, la situación económico-financiera trimestral, el detalle de gastos por finalidad y función y el stock de deuda pública.
En ese marco, la llegada de Leonardo Boto a la intendencia registró una mejora sostenida en la publicación de datos fiscales, en contraste con el desempeño de la gestión anterior de Oscar Luciani. Hasta 2019, el Municipio de Luján había mostrado bajos niveles de cumplimiento que se arrastraron hasta el 2022, según los informes de ASAP que señalaban falencias significativas. La creación en 2021 de la plataforma de “Gobierno Abierto” marcó un punto de inflexión, al centralizar la información fiscal más relevante.
Afinar sobre los datos
Más allá de su publicación periódica, la información por sí sola no genera ningún valor agregado, aunque es el insumo esencial para crear valor público por medio de la innovación. Para ello es importante que los datos proporcionados deban darse a conocer en formatos que permitan su fácil reutilización para el público.
La difusión de información en formato PDF, tal como lo hace el municipio, es un limitante. Aunque se trata de un archivo de acceso público, el PDF es un formato diseñado para la lectura, no para el análisis. Esto implica una limitación concreta: los datos no pueden ser cruzados, comparados ni auditados de manera sencilla por la ciudadanía.
Los datos verdaderamente abiertos deben publicarse en formatos estructurados y reutilizables —como CSV, Excel o JSON—, permitir su descarga completa, contar con metadatos claros y estar disponibles para su procesamiento automático. Solo así pueden ser analizados por periodistas, investigadores, organizaciones sociales y ciudadanos interesados.
Más allá de la transparencia fiscal
El reconocimiento de ASAP no agota el debate sobre la transparencia municipal. El índice se limita a un conjunto específico de variables fiscales y presupuestarias, y deja fuera otros aspectos sensibles de la gestión pública que hoy presentan déficits de información.
Uno de ellos es la actualización del organigrama municipal: la última versión publicada data del 6 de agosto de 2024 y no refleja cambios relevantes en el gabinete que se dieron desde entonces.
También existen vacíos en materia de compras y contrataciones. Durante todo 2025 solo se publicaron tres licitaciones públicas —una en abril y dos en diciembre— y en el portal de Gobierno Abierto no figura información sobre los oferentes ni sobre las empresas adjudicatarias.
A esto se suma la publicación irregular del Boletín Oficial municipal. Los decretos y reglamentaciones del Departamento Ejecutivo suelen difundirse con varios meses de demora y la última actualización disponible corresponde a noviembre de 2025.
En cuanto a la participación ciudadana, el reciente debate sobre el Código de Ordenamiento Urbano dejó al descubierto un retroceso. Fue notoria la escasa —y en algunos casos nula— participación del Consejo Urbanístico Ambiental (CUA), órgano creado para asesorar al Concejo Deliberante y canalizar el debate sobre el uso del suelo.
Integrantes del CUA denunciaron pedidos reiterados de información y participación que no fueron atendidos, antes de que el propio espacio fuera disuelto sin explicaciones públicas ni balance de su funcionamiento. Desde el Concejo Deliberante, la decisión fue justificada como una “actualización de la metodología de participación ciudadana”.
Otro punto sensible es el acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios municipales. Si bien la normativa provincial establece la publicidad de esta información, en el portal de Gobierno Abierto de Luján no es posible consultar las declaraciones juradas de los funcionarios locales.
Algo similar ocurre con las Solicitudes de Acceso a la Información Pública: el sistema está disponible, pero los pedidos publicados solo abarcan el período comprendido entre noviembre de 2023 y julio de 2024, sin actualizaciones desde hace más de un año.
Finalmente, la pauta publicitaria municipal continúa siendo una de las áreas menos transparentes. El Municipio no publica datos sobre montos asignados, criterios de distribución, plazos de contratación ni medios contratados.
Si bien no existe una normativa local que obligue a hacerlo, desde 2020 permanece sin tratamiento en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza presentado por la Cooperativa Ladran Sancho para regular la pauta oficial.
