El Gobierno nacional presentó en el Consejo de Mayo el proyecto de Ley de Libertad Educativa, una propuesta que busca reconfigurar el sistema educativo argentino poniendo el foco en la autonomía de las familias y reduciendo el papel del Estado como garante central.
La iniciativa, que comenzó a circular mediante un borrador en diferentes espacios, promueve modalidades como la educación domiciliaria, la enseñanza virtual y la posibilidad de que los estudiantes elijan cómo y dónde aprender. La transformación plantea interrogantes sobre la equidad en el acceso al aprendizaje y sobre el rol de la escuela pública como espacio común de formación.
En ese contexto, docentes del sistema público de Luján advierten que el proyecto podría profundizar desigualdades ya existentes y alterar el sentido histórico de la escuela como espacio colectivo. Desde la gestión escolar, el aula y la formación universitaria, coinciden en señalar que la idea desplaza al Estado de su rol central y redefine la educación como una elección individual con impactos directos en el financiamiento, la organización institucional y los derechos de estudiantes y trabajadores de la educación.
Débora Miranda, profesora de Historia con trayectoria en escuelas públicas, ex integrante de un bachillerato popular y actual directiva de la Escuela Secundaria N°1 «Florentino Ameghino», sostiene que la educación cumple una función social que excede la transmisión de contenidos. “La escuela ha sido históricamente una experiencia que nos acerca a otros y una selección de la cultura que se transmite a la siguiente generación”, explica. Desde su mirada, equiparar el financiamiento entre el sector público y el privado no garantiza igualdad, sino que consolida diferencias de origen con privilegios para algunos.
“Cuando hablan de libertad, hablan de libertad de mercado”, afirma, y advierte que modalidades como el homeschooling responden a propuestas estandarizadas que no contemplan dimensiones centrales del proceso educativo, como la resolución de conflictos, la socialización ni el acompañamiento afectivo.
Desde una perspectiva similar, Florencia Rojas, profesora de Historia y estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Luján, plantea que la reforma se inscribe en un escenario de desgaste docente y restricciones presupuestarias. “La educación es un derecho y el Estado es garante indelegable de su planificación, financiamiento y supervisión”, señala, y advierte que reemplazar esa responsabilidad por una lógica de elección individual amplía las brechas entre estudiantes.
Rojas también pone el foco en la autonomía escolar. Si bien reconoce márgenes de decisión pedagógica en la práctica cotidiana, sostiene que una mayor “autonomía” sin acompañamiento estatal puede generar nuevas desigualdades entre instituciones. “No todas las escuelas tienen los mismos recursos ni las mismas condiciones para sostener proyectos”, explica, y agrega que la participación de las familias en la toma de decisiones, tal como plantea el proyecto, podría incidir en los contenidos y en la libertad de cátedra.
Ambas docentes coinciden en que las transformaciones propuestas impactan de manera directa en las condiciones de enseñanza y aprendizaje. En ese marco, señalan que el corrimiento del Estado del sistema educativo no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un proceso más amplio de desfinanciamiento, que se expresa con fuerza en el sistema universitario público, donde la quita de recursos es un impulso desde el inicio del gobierno.
En ese sentido, el proyecto educativo se articula con la insistencia del oficialismo en derogar la Ley de Financiamiento Universitario -ratificada por el congreso- cuya eliminación volvió a plantearse dentro del Presupuesto 2026. La iniciativa contó con media sanción en la Cámara de Diputados, pero no logró los votos necesarios para avanzar en ese capítulo.
Sin embargo, el viernes 26 de diciembre el Senado aprobó el presupuesto que contempla menos recursos económicos para el área de educación: deroga el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo -que exige que el gasto en el área sea como mínimo del 6% del PBI-, reduce un 34,3% con respecto a 2023 la asignación a las universidades nacionales y recorta dinero para los vouchers educativos, aunque incrementa un 39,3%, en relación al 2025, la partida para el Plan Nacional de Alfabetización.
Desde Luján, las docentes advierten que este entramado de políticas refuerza una misma lógica: quitarle responsabilidad al Estado del proceso educativo y trasladar esa carga a instituciones, docentes, estudiantes y familias. También alertan sobre un esquema de evaluación centrado en resultados finales, que invisibiliza las condiciones materiales y sociales en las que se enseña y se aprende.
Mientras el debate social y político continúa, el proyecto de Ley de Libertad Educativa interroga el sentido de la educación pública, el financiamiento del sistema y el rol de la escuela como espacio común en un contexto de creciente fragmentación social. Los sectores críticos advierten que las nuevas reglas podrían ampliar las brechas existentes y debilitar el acceso a la educación pública en todos sus niveles.
