Integrantes de la Maestría en Política y Gestión de la Educación de la Universidad Nacional de Luján publicaron un análisis preliminar sobre el documento titulado “Ley de Libertad Educativa”, difundido el 17 de noviembre y mencionado como posible insumo para un proyecto legislativo del Poder Ejecutivo Nacional.
En el texto expresan preocupación por los lineamientos que, aseguran, “fracturan la idea de sistema público” y retroceden en derechos conquistados en materia educativa.
Desde su creación, la Maestría ha impulsado debates críticos sobre las políticas educativas desde una perspectiva democratizadora y plural. En ese marco, las y los especialistas señalan que el documento propone una noción de “libertad” que contradice el derecho a la educación y minimiza el papel del Estado como garante, retomando demandas históricas del sector privado, especialmente religioso, y consolidando un enfoque conservador y dogmático.
El análisis destaca que la propuesta instala al sector privado como estructurante del sistema, reforzando el principio de subsidiariedad del Estado y transfiriendo responsabilidades a las familias bajo la idea de “libertad de elección”.
Además, apunta que la “libertad de enseñanza” se coloca por encima del derecho a la educación, lo que se evidencia en varios aspectos: el rol preferencial de la familia como “agente natural y primario de la educación”, la centralidad del ideario institucional, capaz de condicionar la permanencia de docentes y estudiantes, y el impulso a la enseñanza religiosa en escuelas públicas, junto con la omisión total de la Educación Sexual Integral.
Los especialistas también advierten que el proyecto habilita múltiples formas de aprendizaje desreguladas, desde educación en el hogar hasta una amplia autonomía institucional, sin considerar las desigualdades sociales que afectan el acceso al derecho educativo. A esto se suma la promoción de financiamiento a la demanda y la publicación de rankings escolares, mecanismos que, según sostienen, profundizaron la fragmentación en otros países.
El documento analiza, además, el impacto que tendría el proyecto en el financiamiento educativo, al facilitar una mayor transferencia de recursos públicos al sector privado y consolidar esquemas asociados a lógicas competitivas e individualistas. En paralelo, cuestiona que la propuesta recorta derechos laborales docentes, como la estabilidad, el acceso transparente a cargos y el pleno ejercicio del derecho de huelga.
En el nivel universitario, el análisis alerta sobre la vulneración del ingreso irrestricto y la introducción de modelos de financiamiento diferenciados que desconocen las condiciones desiguales de la población estudiantil.
