«Venimos a realizar formal oposición al otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental». Lo expresan vecinos y vecinas en la exigencia que será entregada en el OPDS. El oficialismo no lo quiere en agenda pública pero la comunidad víctima de la instalación de la termoeléctrica ilegal retomó la defensa de sus derechos.
Todos los movimientos y artilugios por parte de las empresas que intentan instalar centrales termoeléctricas de modo conflictivo están desarrollándose en silencio y en puntas de pie. Pero las presiones para la comunidad de Pilar y los emisarios que llegan a Luján están siendo moneda corriente que poco a poco comenzarán a salir a la luz.
Como contracara, vecinos y vecinas de Luján afectados por el negocio de la energía eléctrica no se detienen en la defensa de sus derechos y ahora presentarán en la jornada de hoy una oposición formal a que el Organismo para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos (OPDS) le otorgue el Certificado de Aptitud Ambiental a Araucaria Energy. Dicho certificado es el trámite legal que necesita la empresa para operar, e incluso era condición previa que debía haber respetado antes del iniciar la obra.
En la presentación que realizaron vecinas y vecinos los argumentos resultan más que elocuentes. «En primer lugar, y claramente, la empresa Araucaria Energy SA ha comenzado las obras de construcción de una central termoeléctrica, para generar 124 mw, en clara infracción a las leyes ambientales y las que regulan el uso del suelo en la Provincia de Buenos Aires», exponen inicialmente.
A continuación la nota hace hincapié en los permisos administrativos para el comienzo de la construcción que corresponden al municipio, como así también la definitiva aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental que se tramita ante el OPDS. Allí señalan que deben ser previos al inicio de las obras, y eso no se ha verificado en el caso de la termoeléctrica de Luján.
Acomodar la reglamentación a medida de los negocios privados y prescindir de la participación de la ciudadanía son otros de los señalamientos. «Expresamente nos oponemos al otorgamiento de permisos condicionales. En efecto, nuestra CSJN ha dictaminado que los estudios de evaluación de impacto ambiental y su aprobación deben ser previos a la ejecución de la obra o actividad, al tiempo que no se admite que la autorización estatal se expida en forma condicionada, y menos sin la debida participación ciudadana», argumentan.
La primera parte de la presentación patrocinada por Dr. Gustavo Alejandro Madeira menciona asimismo la categorización de dicho emprendimiento que resulta ser de III categoría, conforme lo ordenado por la ley provincia de radicación industrial 11.459 y su decreto reglamentario 1741; con la debida zonificación legalmente válida y vigente de zona industrial exclusiva, que no se corresponde con el lugar elegido por Araucaria Energy para la instalación de semejante emprendimiento.
Como si fuera poco, la confesión de parte que realizó el intendente Luciani ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires también es parte de la presentación ya que el ejecutivo «deja constancia de que la empresa Araucaria Energy sa no ha contado, ni cuenta a la fecha con la documentación técnica aprobada por la Comuna, que se constituye en requisito previo e ineludible, para la ejecución de la obra”.
Principio de Legalidad y el Principio de Razonabilidad
«El principio de legalidad es un principio fundamental del Derecho Público conforme al cual todo ejercicio del poder público debe estar sometido a la voluntad de la ley y no a la voluntad de las personas», explica el escrito.
Y en la parte final de la presentación sentencian que la instalación es absolutamente regresiva en materia ambiental, convalida situaciones especulativas en el uso del suelo, privilegia situaciones de expansión industrial por sobre el ambiente y la salud pública, convalida y propicia situaciones de degradación ambiental, pone en riesgo la salud de la población por la ampliación de zonas industriales. Para ello mencionan algunos puntos importantes que se pueden resumir en:
-«No respeta lo dispuesto en el art. 41 de la Constitución Nacional». A su vez citan a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que en su artículo 28 establece: «Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras».
-La instalación de Araucaria Energy desconoce el imperativo formulado en el art. 44 de la Constitución de la Provincia de Bs. As.: «La Provincia preserva, enriquece y difunde su patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico y urbanístico, y protege sus instituciones…». En el Derecho Constitucional se conoce este imperativo como «Protección del acervo cultural».
-En nuestro ordenamiento el derecho humano al medio ambiente sano y equilibrado quedó definitivamente consagrado con la suscripción hecha en 1988 al Protocolo de San Salvador,
-Lo referido a la 25.675 «Ley General del Ambiente»
-La gravedad de explotar para uso industrial el agua potable acumulada en el acuífero Puelche. La explotación proyectada es exorbitante, poniendo así en serio riesgo el derecho humano de acceso al agua potable para consumo humano, dado que el acuífero Puelche es una importante fuente de abastecimiento de agua para consumo en la Provincia.
-El hecho de que Luján es una zona restringida para el uso del acuífero puelche, esta calificación legal implica que «el uso actual se encuentra por encima del caudal máximo de aprovechamiento sustentable».
-Que se ha vulnerado el Derecho de la comunidad a la información pública, oportuna y veraz, y a la participación ciudadana obligatoria conforme lo prescribe la Ley Gral. Del Ambiente
Finalmente, para destacar el principio de razonabilidad, se esgrime que existen diversas conductas que despojan de razón al obrar estatal, transformándolo en ilegítimo y arbitrario y en entre ellas en el caso en particular podemos mencionar las siguientes: a) Cuando las normas y/o medidas administrativas, no guarden una adecuada proporción con los fines que persigue el ordenamiento. b) Ausencia de Motivación, sin brindar fundamentos de hecho o de derecho. c) Cuando no se tengan en cuenta hechos acreditados, o de público y notorio, o se funde en hechos o pruebas inexistentes.
