Durante la última sesión del Concejo Deliberante se aprobó un convenio entre el municipio de Luján y UBATEC para retomar la discusión sobre el Código de Ordenamiento Urbano (COU), la norma que rige el uso del suelo en el distrito y que particularmente en Luján tiene una larga y enredada historia.
Si en una zona determinada puede cultivarse la tierra, desarrollar urbanizaciones cerradas o abiertas, si pueden construirse viviendas multifamiliares, departamentos y hasta qué altura, instalar industrias, o comercializar productos, depende estrictamente de lo que se defina en el COU. La definición de esos usos y criterios genera valor en determinados espacios y proyecta la ciudad. De ahí que su debate es de los más importante a nivel local.
Según anunciaron desde el Municipio el convenio con UBATEC contemplará como instancia principal un proceso de participación pública que permitirá “generar las propuestas de mejora con los acuerdos necesarios para generar un resultado que responda a las necesidades y aspiraciones de Luján”.
«Este trabajo tiene entre sus fundamentos la necesidad de avanzar en acciones que permitan mejorar y ordenar el territorio», amplían, y mencionan «la regularización de la situación de los barrios populares, la regulación del territorio asignado a barrios cerrados y urbanizaciones especiales, los incentivos a la producción de una oferta de vivienda adecuada, incentivos a la radicación de inversiones privadas, promoción de energías limpias y la integración de las localidades en el desarrollo integral del Partido entre otros aspectos».
El COU que rige en la actualidad fue votado en febrero de 2017 y entró en vigencia el primer día de noviembre de 2019 precedido de una larguísima polémica. Desde 2014 se expresó en la localidad el lobby de los desarrolladores inmobiliarios para que el uso del suelo en Luján fuera acorde a las expectativas de sus ganancias y debido a la falta de criterios claros -con un Código demasiado viejo que venía de la década del 70- el crecimiento urbano no fue ordenado.
Las negociaciones políticas completaron el escenario caótico. Hubo acusaciones cruzadas por sobornos, intentos de sesionar de manera sorpresiva para gambetear al público y en el clímax del bolonqui se denunció el robo del expediente. Un mamotreto de cientos de páginas que misteriosamente desapareció y volvió a aparecer en la puerta de la Presidencia del HCD.
Las protestas, con la toma del recinto del Concejo Deliberante incluida, por parte de organizaciones y vecinos fue un punto de inflexión que obligó a transparentar el debate sobre la actualización del COU y encontrar una salida: una nueva norma que incluyó un proceso participativo a cargo del mismo equipo que hoy integra UBATEC sumado a una actualización cada 5 años.
Evitar «el festival de excepciones» que piden los grandes desarrolladores y quienes especulan con la tierra como sucedió en la última década, aparece en los discursos de la política local como enseñanza de la historia reciente y la participación popular, un método seguro para garantizarla.
La escucha, el relevamiento de opiniones y necesidades en el territorio y la confección de una propuesta para ir -progresivamente- reformando o actualizando el Código fue encargada originalmente al equipo técnico de la FADU-UBA llamado «La Brújula». Hoy, el mismo equipo, ahora como parte de UBATEC, retoma junto al ejecutivo local la tarea de habilitar la participación y proponer un plan de reformas.
Este equipo a cargo de garantizar la participación llegó por primera vez a la ciudad durante el año 2014, en pleno conflicto, y fue propuesto por el entonces concejal del Frente para la Victoria, Leonardo Boto. En concreto, esta semana se oficializó un nuevo convenio con los mismos actores para cumplir con la actualización que la norma ya establece que debe plasmarse luego de transcurrido un lustro.
UBATEC S.A. es una organización conformada por Universidad de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina y la Confederación General de la Industria. Allí coinciden arquitectos como Gabriel Artese, Fernando Murillo y Andrés Mage que tuvieron participación en los debates que antecedieron a este momento de «reformas».
A su vez, Artese fue el primer presidente que tuvo el Consejo Urbano Ambiental (CUA) que nació en parte para organizar estos debates y asesorar al Concejo Deliberante a la hora de tomar decisiones que hacen a la planificación de la ciudad. Se definió como un «convencido de que la planificación de la ciudad se tiene que hacer de manera participativa» en una entrevista realizada por El Civismo y aseguró que «el mercado, cuando planifica, hace desastres».
Por su parte, el arquitecto Fernando Murillo explicitó durante esos años de debate que Luján está a tiempo de evitar repetir el crecimiento desordenado que tuvo por caso Pilar, con parques industriales y urbanizaciones cerradas, sin planificación estratégica. Un aspecto que promete volver al debate.
En el CUA discutieron esta semana sobre el convenio aprobado y se perfilaron para el debate que se viene. Nacido como propuesta de diversos sectores del peronismo y la izquierda popular, el Consejo tiene la función de asesorar antes de la toma de decisiones al Concejo Deliberante.
Ahora, la ordenanza que convalida el convenio entre UBATEC y la Municipalidad incluye explícitamente la vinculación con el CUA. Un aspecto que fue valorado durante la última asamblea del organismo.
En el mismo sentido de repensar la ciudad, el CUA ya había encarado propuestas con impronta participativa. Las jornadas «¿Que Luján queremos?», contaron con buena participación y aportes que se sistematizaron y se darán a conocer en los próximos días. Según adelantaron hay claridad respecto a algunos temas que hacen a las zonificaciones, por ejemplo.
La actualización del COU supone no solo un espacio para repensar la ciudad y proyectarla, también es una ventana abierta para la especulación inmobiliaria sino se ejercita el contralor.
Por caso, algunos desarrollos inmobiliarios consiguieron excepciones durante los últimos años, mientras otros aguardan que la reformulación del COU incluya cambios de zonificación que los beneficie.
Las organizaciones sociales, partidos políticos, grupos vecinales y hasta el periodismo cumplieron un rol importante, siguiendo de cerca los debates entre 2014 y 2019. Pasados los 5 años que exige la ordenanza un nuevo tiempo de repesar, la ciudad se abre, esta vez ¿Quiénes se anotarán en la conversación?.
