El bloque de barrios compuesto por Santa Marta, San Jorge, San Fermín y San Pedro se ha convertido en el escenario donde más cabalmente se expresa la crisis que atravesamos. A las acciones vecinales que denuncian choreos a toda hora del día se le sumó el reclamo por la venta de drogas que no encuentra respuestas en ninguno de los canales de denuncias. La postal de comedores y merenderos con largas filas termina de describir el panorama.
Desde el gobierno local no enviaron emisarios a las protestas que se realizaron a la vera de la ruta 192 y en su lugar acudió la policía para intentar mediar con la comunidad. En una de las jornadas el jefe de calle ofreció una reunión con funcionarios y desde Protección Ciudadana iniciaron diálogos con referentes barriales sin un plan de acción concreto.
Al traslado de garitas de seguridad y emplazamiento de nuevas postas se anunció la llegada de más efectivos y patrulleros que financiará directamente el municipio con el Fondo de Seguridad Ciudadana y finalmente este jueves se realizó un operativo de saturación que terminó con dos pibes detenidos en el barrio Santa Marta: uno de 18 años y otro de 16. Según el parte policial, incautaron dos cuchillos Tramontina y otra cuchilla de cocina. También se identificaron a más de 50 vecinos, 18 autos y otras tantas motos.
«Lo que vamos a fortalecer es la saturación. Que la gente vea a la policía y agregar puestos de seguridad en los barrios. Sabemos que es una batalla sin cuartel» había anticipado el intendente Boto en una entrevista en Radio Ciudad de Luján horas antes de que el operativo en Santa Marta tuviera lugar.
La estadística que sigue el jefe comunal le muestra que la cosa no está tan mal como en los partidos vecinos del conurbano aunque reconoce que no alcanza ni sirve de explicación para el vecino que sufre un robo. Su propuesta es «blindar a Luján» entendiendo que buena parte del delito viene de afuera. Un diagnóstico que vienen realizando mucho antes del agravamiento de la crisis y sobre el cual tomaron la decisión de reforzar los ingresos y egresos a la ciudad con operativos, cámaras y lectoras de pantetes.
El aumento de los recursos de seguridad que anuncian desde la intendencia no termina de cuajar en el planteo que expresaron organizaciones políticas, sindicales y sociedades de fomento recientemente. Si bien ese documento estuvo dirigido al carancheo de la oposición local compuesta por la Libertad Avanza, la Unión Vecinal y el PRO, tambien se aseguró que «en las principales tramas delictivas, hay mucha más responsabilidad de ‘ricos ladrones de guante blanco’, que de personas en situación de pobreza que actúan ilegalmente».
Del dicho al hecho: los pibes de visera siguen siendo el saldo de la respuesta policial como sucedió este jueves, mientras los puntos de venta de falopa ya denunciados no son alcanzados por las patrullas. Así lo comentan quienes mantienen la protesta vecinal desde la semana pasada.
El intendente no desconoce la dimensión social que debe trabajar desde el municipio y en ese sentido también habló de reforzar un abordaje integral que incluya al deporte y la cultura. Sin embargo, y en medio de la crisis que se profundiza con rapidez de la mano del ajuste impuesto por le gobierno Nacional, aún no se ha buscado con claridad conducir una repuesta desde y para el territorio. La inversión en playones deportivos, talleres culturales o asistencia alimentaria, entre otros, está desarticulada o con incipientes intentos que ensayan organizaciones sociales, iglesias de distintos credos y sociedades de fomento o centros barriales sin que la gestión asuma la conducción.
El contexto de crisis en el que se da el incremento de la violencia se completa con el debate por la baja de edad de imputabilidad que volvió al Congreso de la Nación empujado por los aires libertarios. Sobre el punto también se expresó el intendente asegurando que «tenemos una parte importante del delito asociada a la minoridad y muy ligada al consumo problemático -y muy temprano- de algún tipo de droga».
La disyuntiva para Boto se expresa en la necesidad de proteger «mis bienes y mi familia» y por el otro lado «abrazar» y tener «una mirada humana». Los pibes que delinquen son para el intendente victimarios y al mismo tiempo víctimas. Aun así, aseguró que «la legislación actual, lamentablemente, puede ser muy laxa». Tras hacer mención de 4 menores que siguen desde el municipio por su prontuario delictivo, remarcó que «espero que el Congreso lo discuta, pero creo que hay que endurecer algunas cuestiones».
Entre las organizaciones que conforman Unidad por Luján -incluso las que combaten la propuesta de encanar a los pibes desde los 14 años- no parece haber eco de las declaraciones del jefe político.
Por los pasillos de la municipalidad, las declaraciones terminaron alimentando un rumor que empezó a correr incluso antes del hartazgo en el bloque de Los Santos respecto a un posible cambio en la Secretaría de Protección Ciudadana. En San Martín 550 nadie lo confirma, aunque un exconcejal del Frente Renovador recibió consultas de varios periodistas para conocer si asumiría un eventual reemplazo de Daniel Domínguez. «Me preparé toda la vida para este momento» fue la respuesta.
