Unos 50 trabajadores de la Educación se convocaron de forma virtual el martes a la tarde para comenzar a organizarse en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/23 y la Ley Ómnibus que recortan derechos del sector.
La idea inicial apuntaba a reunir a laburantes de Mercedes, General Rodríguez, Luján, Moreno, pero dada las características de la virtualidad, también se sumaron de zona sur y otros puntos del Gran Buenos Aires.
Con la presencia de Gabriela Magistri, abogada (UBA) y Magíster en Derechos Humanos y Políticas Sociales (UNSAM); y Laura Marrone, ex legisladora porteña del Frente de Izquierda, discutieron sobre las implicancias y perjuicios de las normativas que anunció el presidente Javier Milei.
La primera en tomar la palabra fue la ex legisladora porteña, quien caracterizó a Carlos Torrendell, el secretario de Educación de la Nación. «No es un hombre de voucher. Como representante de la Iglesia Católica sabe que eso puede desfinanciar a las escuelas católicas y que se impulsen escuelas pentecostales, de ONG, entre otras iniciativas privadas», sostuvo Marrone.
La dirigenta del FIT criticó las evaluaciones a docentes «porque elimina la carrera docente». Asimismo, sostuvo que «habría que rendir un examen de ingreso, lo cual invalida a las universidades y profesorados como entes habilitantes. Serían entidades privadas las que permitan el ingreso a la docencia».
Otro punto que tocó la legisladora porteña es el artículo 550 de la llamada «Ley Ómnibus» que Milei mandó al Congreso, donde se plantea que los niños desde los 9 años puedan llevar adelante la escolaridad de manera virtual, quitando así la obligatoriedad de la presencialidad tal como lo establece la Ley de Educación.
«Esto es muy peligroso, nosotros ya lo hemos vivido en la pandemia, sabemos que la virtualidad fue una necesidad, pero también sabemos que puso de manifiesto, en forma evidente, sus limitaciones e incluso sus aspectos negativos, por cuanto tenemos hoy todavía consecuencias. Sobre todo una generación de estudiantes, tanto del nivel primario, medio, incluso de los niveles iniciales, con grandes dificultades para socializar, con grandes problemas de salud mental», añadió Marrone.
En cuanto a la educación universitaria, el proyecto estipula una competencia de corte netamente mercantil entre las instituciones para distribuir los montos, ya no de forma equitativa, sino «en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación y también el número de egresados y otros criterios que se definan».
Por su parte, Magistri expuso sobre la quita de derechos a las niñeces y adolescencias. «Al DNU hay que atacarlo por su inconstitucionalidad, porque cuestiona severamente el principio de división de poderes, porque pretende una concesión de las facultades del Poder Legislativo al Poder del Ejecutivo», comenzó su intervención.
La abogada puntualizó en la modificación de la Ley de los Mil Días, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación. «Implica la protección de las personas gestantes, desde el embarazo, desde la gestación, hasta los tres primeros años de los niños y las niñas», sostuvo. Con respecto a los cambios, manifestó que se pretende considerar «a las personas gestantes y los niños y las niñas como objetos de tutela y no como sujetos de derechos».
Luego de las exposiciones, el grupo de trabajadores de la educación autoconvocados expresó sus preocupaciones, donde resaltó la incertidumbre por el recorte que podría darse con las maestras de grado a partir del ajuste presupuestario y la pérdida de la paritaria nacional docente.
Asimismo, remarcó la importancia de organizar actividades para sumar a la comunidad a defender los derechos de docentes y estudiantes; construir materiales con información clara sobre la implicancia de las reformas en educación y niñez y convocar al paro general del 24 de enero.
