“No cometamos el error de pedir salud y no pedir justicia porque así nos enfermaremos todos”.
Fabián Amaranto Tomasi.
La Asamblea Eco Ambiental de Luján trabaja en la búsqueda de conciencia y defender el derecho a un ambiente sano, construyendo un espacio que equivale al cuidado y respaldo colectivo de la vida y la salud, tanto de nuestros cuerpos como la salud de nuestro hábitat. Es una especie de alerta que intenta despertar a una comunidad amenazada desde hace décadas por proyectos industriales de gran escala que ponen en peligro la calidad de nuestro suelo, agua y aire.
Durante el viernes 2 de junio por la tarde en el Hotel La Paz, se llevó a cabo la primera reunión abierta e interdisciplinaria para abordar el tema «Uso de Agrotóxicos en nuestra ciudad» bajo el lema “Hacia un territorio libre de venenos”. Más de cincuenta personas de diversos espacios conformaron un debate que refuerza el compromiso social que exclama “no queremos más veneno”.
En medio del debate, hubo testimonios en primera persona de vecinos y vecinas fumigadas y que realizaron reiteradas denuncias de las malas prácticas agropecuarias en el uso de agrotóxicos. Por ejemplo, ver el llamado “mosquito” trasladando sustancias peligrosas en medio de calles urbanas, sin respetar la distancia estipulada en la Ordenanza.
Dichas experiencias ponen en evidencia la fragilidad del aparato regulador de prácticas agropecuarias que según las (insoportables) experiencias de otros pueblos fumigados, son veneno liberado a nuestro alrededor y esta realidad merece una reformulación de carátula jurídica. “Es un veneno invisible, no lo vemos, no tiene olor. Es muy difícil concientizar a la sociedad de que el peligro está acá si no pueden verlo”, reflexionan integrantes de la Asamblea Eco Ambiental.
«Desde el Grupo de Estudio y Trabajo Agroeco-UNLu del Departamento de Tecnología estamos llevando adelante una línea de investigación aplicada dentro del campo. La idea es generar agricultura a gran escala, que sea replicable en la zona», explica la ingeniera agrónoma (UNLu) Romina Iodice sobre la Ordenanza N° 5953/11 (que regula la utilización de agrotóxicos).
Al mismo tiempo, considera necesario modificaciones en la reglamentación para facilitar el camino a un modelo agroecológico: «En el momento que se escribió la ordenanza no se tenía en cuenta el desarrollo agroecológico con el que contamos hoy y en lo particular, para pensar una transición agroecológica eficiente, efectiva, que la necesitamos. Hay que pensar una lógica de reposición de nutrientes que generan que el cultivo se revitalice, sea un cultivo sano y quien se alimente de ese cultivo también esté saludable. El punto es que para que esa agricultura sea posible a gran escala, no se puede aplicar con mochila, y los aplicadores tipo mosquito o máquinas autopropulsadas que pulvericen, son muy eficientes. Lo que pasa es que la ordenanza limita el uso de la tecnología de aplicación y no permite que se utilice para otro tipo de sustancias».
Nos merecemos la vida
En el año 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que declara y protege los derechos humanos, los cuales son inherentes a cualquier persona en cualquier parte del mundo como el derecho a la vida, a la salud, a una vivienda digna, el derecho a un ambiente sano.
Cualquier ley, acuerdo o tratado que se dicte en nuestro país, provincia o ciudad, deben garantizarlos o de lo contrario se considera una violación a los derechos esenciales de la humanidad.
Un pueblo confundido es un pueblo dominado
Yendo de lo macro a lo micro, en nuestro suelo argentino, rige una línea de leyes que parecen encontrar siempre una manera de entremezclarse y confundir la importancia tácita de proteger nuestros derechos, y jerarquizarlos, poniendo por encima de nuestros cuerpos, nuestro suelo, agua y aire a la productividad, el dinero y el trabajo.
La sociedad avanza y nuestra alimentación es una batalla entre objetos comestibles no identificados y la lucha por defender la soberanía alimentaria. Daniela Velázquez, vecina y aboga ambiental expone la evolución de las carátulas legales de las prácticas industriales peligrosas: “Son varios puntos de un mismo conflicto. En este caso tenemos quienes entienden que son agroquímicos y quienes entienden que son agrotóxicos. Entonces ya desde la terminología que utilizamos, estamos tomando una postura u otra».
Además define: «Cuando la controversia jurídica versa la incerteza científica, no podemos estar con una duda jurídica, entonces lo que se aplica es un principio de derecho ambiental que es el principio precautorio. Y ante la duda, se prohíbe el ejercicio de determinada industria, en este caso por aplicación de agroquímicos, en pos de que se investigue, el daño a la salud o no. Esto sucede en medidas de amparo, en donde los jueces presentan medidas cautelares en pos de preservar la vida humana hasta tanto se investigue la real afectación del bien vida humana, frente al ejercicio de esta industria».
Por tanto, para Velázquez hay dos derechos constitucionales que están en pugna: el derecho de una industria lícita, y el derecho de proteger el ambiente, identificado en el artículo N°41 de la constitución nacional.
Pero entonces, ¿por qué no se prohíbe el uso de agrotóxicos en nuestra ciudad? ¿Cuál es la distancia que debemos tomar de un presunto peligro que se impregna en el aire, en el suelo y en el agua? ¿Qué futuro estamos sembrando?
En agradecimiento por la jornada vivida, la Asamblea Eco Ambiental expresó a través de sus redes sociales: “Hoy quedó claro que no estamos solxs en este camino, que este fue el primer gran paso hacia la construcción de una salida colectiva esa que necesitamos y deseamos para seguir resistiendo al modelo agrícola hegemónico imperante, que arrasa la vida.”
