La Cámara Nacional Electoral confirmó recientemente la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla que había desaprobado los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) que desarrolló en territorio bonaerense para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2017, cuando María Eugenia Vidal gobernaba el distrito.
La causa comenzó a ventilarse a mediados de 2018 a partir de una investigación periodística que realizó Juan Amorín. De la olla destapada se evidenciaba que la alianza hoy llamada Juntos, tenía irregularidades en el financiamiento de las campañas electorales de candidatos a diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña, y el binomio de postulantes a Senadores que integraban Esteban Bullrich y Gladys González.
Como la ley de financiamiento de partidos prohíbe donaciones anónimas, quienes se presentan a elecciones deben rendir ante la Cámara Nacional Electoral los aportes partidarios que reciben. En concreto, desde Juntos presentaron como aportantes a personas que no habían puesto un peso, usurpando su identidad. Las sumas iban desde los 300 pesos para personas que ni siquiera estaban ligadas al partido y ascendían hasta los 2500 y 3000 pesos para quienes sí formaban parte de la estructura del entonces gobierno, aunque tampoco fueron informados de aportes monetarios.
Ladran Sancho colaboró con la investigación periodística y detectó 16 aportantes que no tenían información sobre las maniobras de aportes truchos y cuyos nombres figuraban en la nómina que presentaron desde Juntos a la Cámara Nacional Electoral.
En montos menores, la mayoría son beneficiarios de programas sociales, integran cooperativas de trabajo o están inscritos en AFIP como monotributistas sociales y al ser consultados por este medio negaron conocer de qué se trataba o de haber realizado tales donaciones. Profesionales, personal jerárquico o vecinos con ingresos medios y altos también aparecieron en el registro con montos de 10 o 12 mil pesos de aportes.
La práctica tenía tal grado de sistematicidad que hasta concejales amarillos desconocían que sus nombres formaban parte del blanqueo. Siguiendo los registros públicos de la Cámara Nacional Electoral, Ladran Sancho consultó a los entonces concejales y funcionarios de Cambiemos que figuran con aportes de 38 mil pesos que no habían realizado voluntariamente. La maniobra, extendida en toda la provincia, permitió el blanqueo de millones de pesos ante la Justicia.
Otro dato que llamó la atención de este medio y disparó las consultas fue que, según los registros oficiales, todos los aportes de lujanenses se realizaron en efectivo y el mismo día, un 23 de septiembre de 2015.
Al menos 10 casos de lujanenes que figuraban como aportantes se incluyeron en los expedientes judiciales.
Además de estar al frente de la gobernación, Maria Eugenia Vidal era presidenta del PRO, partido al que fueron inscriptos, sin consulta algunas, miles de afiliados para luego hacerlos pasar como aportantes. Cuando ya no pudo desmentir lo que había ocurrido, Vidal desplazó a la secretaria de Legal y Técnica de su gobierno, María Fernanda Inza, encargada de manejar las cuentas del partido.
Hoy, nuevamente, queda expuesta en la maniobra que podría sumar nuevas consecuencias, ya que, una vez confirmada la ilegalidad del financiamiento, la causa avanza por otros carriles ante la posibilidad que existan delitos como usurpación de identidad y lavado de dinero, denunciados por la entonces senadora provincial Teresa García.
