El acoso callejero es un tipo de violencia que toma la forma de piropos, comentarios y gestos obscenos, arrinconamientos y persecuciones, que generan situaciones de incomodidad y temor, y que afecta sistemáticamente a niñas y adolescentes. Se da principalmente en la calle, pero también en colectivos, en boliches y en la escuela.
Este tipo de violencia está contemplado por la Ley de Protección Integral de las Mujeres, pero no está tipificado como un delito en el Código Penal. Es por eso que muchas municipalidades, y ahora también Luján, avanza en legislación para convertirla en una Falta Contravencional, posible de ser denunciada y sancionada ante un Juzgado de Faltas, en el ámbito municipal.
Así lo votaron las concejalas y los concejales en la sesión ordinaria del martes 18 de octubre, sobre un proyecto que lleva dos años de trabajo, que nació del reclamo de gran cantidad de adolescentes movilizadas y que las referencias feministas de diversas áreas e instituciones escucharon y tomaron. Ahora, en nuestra ciudad, el acoso callejero es una falta que puede ser sancionada con multas desde $80.000.
Un punto interesante en el articulado de esta ordenanza, es que el dinero recaudado de la cobranza de las multas tiene como destino el financiamiento de capacitaciones y formaciones en género, y otras acciones de prevención que contribuyan a un cambio cultural respecto al derecho a habitar el espacio público sin violencias. Además, las multas podrán reducirse a un tercio a través de la realización de capacitaciones.
Desde el recinto, militantes que formaron parte de la construcción de la norma tomaron la palabra para resaltar la importancia de que el Estado intervenga, «que se termine la impunidad con la que en la calle nos violentan y nos violentaron históricamente todos los días» expresaron. Una encuesta de 2021 arrojó que el 85% de las mujeres y población LGTBIQ+ sufrió acoso callejero alguna vez en su vida.
La nueva ordenanza fue celebrada por concejalas y concejales del oficialismo y la oposición, y se llevó el voto afirmativo de todos los presentes, a excepción de Susana Busso, que se abstuvo.
Resta, después de aprobada la norma, que el Poder Ejecutivo reglamente y determine cuál será la forma de denuncia, que no será un sistema de emergencia, ya que si la persona está en una situación de riesgo o amenaza debe llamar, como en la actualidad, al 911.
