El fracaso de políticas aisladas que no abordan de manera sistémica y eficiente la violencia demuestra que, al decir de Fernando Carrión: “Se ha seguido operando una concepción de seguridad pública en la que se asigna la prioridad a una fase del ciclo de la violencia: el control; y un objetivo central: el mantenimiento del orden público”. Esta concepción Estado-céntrica de la seguridad comenzó a ser desplazada por otros modelos inclusivos de las instituciones democráticas de la sociedad que tienen como eje al ciudadano.
Por esta razón, y teniendo en cuenta la relación de proximidad de los gobiernos locales, es que los ciudadanos se convierten en actores fundamentales a la hora de diseñar políticas públicas en materia de seguridad. Y seguramente considerarán modelos “preventivos” de actuación que tengan en cuenta distintos indicadores que impactan sobre la seguridad ciudadana, como lo pueden ser programas de recuperación de los espacios públicos y/o urbanización, inclusión social, salud y educación, primer empleo para jóvenes en situación de riesgo, prevención de las adicciones.
Las herramientas disponibles para el control y prevención son variadas, abarcando un amplio abanico desde recursos informáticos hasta acciones culturales. Así podremos salir de la disyuntiva de “hierro”, que ante el aumento de los índices del delito, unívocamente se responde con más represión, con más policías, con más patrulleros; saliendo de esta lógica con un modelo de acción preventivo que pone énfasis y recursos de los ciudadanos en las causas que originan el fenómeno de la inseguridad.
Si bien los municipios no tienen injerencia sobre el tema, en los últimos 20 años comenzaron a sentir una gran demanda para dar respuesta a los hechos de inseguridad. Tal demanda es dirigida a ellos porque son la primera puerta del Estado, la que está más cerca del ciudadano y -en consecuencia- a donde el vecino puede acceder con mayor facilidad. Es, en definitiva, el que recibe el primer y más acalorado reclamo.
Ahora cabe preguntarse… ¿Los gobiernos locales pueden dar respuesta a esta demanda insatisfecha de nuestra sociedad?, y allí aparece el primer escollo, pues jurisdiccionalmente esta cuestión corresponde a los niveles tanto Provincial, como Nacional de acuerdo al tipo de delito que trate, pero la ley nada dice de todo aquello que un Municipio puede hacer en materia prevencional, y en todas sus dimensiones.
En este sentido, la descentralización debe ser uno de los primeros cometidos de un sistema de seguridad ciudadana con perspectiva local, colisionando seguramente con el sector burocrático, nacional y provincial, acostumbrado a diseñar estrategias y políticas unilaterales que aparentemente tendrían que surtir efecto en los más diversos escenarios y variados destinatarios. Este sector puede naturalmente resistirse a ceder su cuota parte de poder en beneficio de la localía. Ello se debe a que las agencias de control penal (justicia, policía, servicio penitenciario) parecieran sentirse más cómodas con la centralidad que con la descentralización, dado que un poder como el local no les garantiza la provisión de recursos (materiales o burocráticos) y los presiona con un control muy específico y cercano.
En este marco de descentralización necesario, a partir de diversas mediciones realizadas en los últimos años, se verifica que la seguridad es la principal demanda espontánea de los ciudadanos. De las encuestas realizadas a vecinos, si bien la mayoría reconoce que la seguridad es competencia de los niveles de gobierno superiores, aproximadamente la mitad sostiene que el gobierno local también debe ocuparse del tema.
Cuando los municipios deciden asumir la responsabilidad de brindar el nuevo servicio de seguridad, deberían encarar un proceso de reconocimiento, diagnóstico y planificación estratégica que permitirá construir indicadores a corto, mediano y largo plazo, que se constituirán en directrices de una gestión por resultados. En cuanto al reconocimiento, debe ser mensurado, delimitado en su objeto y cuyo beneficiario directo sea el vecino.