Gobernar es crear trabajo, les decía Perón desde su exilio madrileño a unos jóvenes Pino Solanas y Octavio Getino, recordando su llegada a la primera magistratura en 1946, cuando el país atravesaba una desocupación pavorosa que solo pudo ser revertida gracias al fuerte impulso industrializador del Primer Plan Quinquenal.
Y es que sin industria ni mercado interno no había entonces ni hay actualmente ningún esquema económico que pueda garantizar el derecho al trabajo para el conjunto de los argentinos, condición necesaria para construir cualquier proyecto de vida.
El miércoles pasado conmemoramos el Día del Trabajador en un contexto de profunda preocupación e incertidumbre. Al vasto universo de compatriotas que ya tenían problemas para encontrar una salida laboral digna y apenas lograban solventar sus necesidades básicas gracias a la acción del Estado, se sumaron en los últimos meses otros tantos cuyo medio de sustento cayó bajo el peso de las políticas económicas de Javier Milei.
No nos referimos exclusivamente a los miles de empleados públicos despedidos por el achicamiento o cierre de distintos organismos del Estado, sino también, y de forma creciente, de los cientos de miles que se desempeñan en las actividades del sector privado más golpeadas por las medidas de ajuste que acentúan una recesión que promete agravarse: trabajadores de la construcción, obreros de las industrias siderúrgica, metalmecánica, maderera, automotriz y textil, por citar solo los rubros más salientes; comerciantes, cuentapropistas, changarines.
Promediando el pasado mes de enero, en este mismo espacio editorial, reconocíamos que el Presidente Javier Milei había heredado la peor crisis económica desde el retorno de la democracia, pero también afirmábamos que sus primeras medidas, lejos de propender a resolverla, tendían a profundizarla. Transcurridos cien días desde entonces, los hechos parecen confirmarlo.
Por el lado fiscal, el alabado superávit no es más que un dibujo grosero que no cierra ni desde la perspectiva de las buenas prácticas de negocios -porque no considera las millonarias cuentas impagas en materia de importaciones, y producción y distribución de energía eléctrica y gas natural, entre otras-, ni desde el deber constitucional que tiene todo gobierno democrático con su pueblo -al aplicar recortes sustanciales del gasto público en áreas tan sensibles como jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, programas sociales, obras públicas, transporte, y recortar transferencias de recursos vitales para el sostenimiento de las provincias, municipios y universidades-.
Por el lado de la balanza comercial, los resultados positivos también tienen su contracara fatal para las trabajadoras y trabajadores argentinos. Porque el repunte exportador se sustenta exclusivamente en actividades del sector primario -agro, energía y minería-, mientras se registra un desplome de las ventas al exterior de las manufacturas de origen industrial -que son las que incorporan más y mejor mano de obra y tienen mayor valor agregado-. Del otro lado de la balanza, la brusca caída de las importaciones no tiene relación directa con una política de sustitución, sino con la merma generalizada del consumo.
Esto explica que, a pesar de la euforia presidencial por exhibir cifras auspiciosas que garantizarían el bienestar futuro, la realidad que vemos a diario en las calles expresa lo que de hecho está sucediendo: caída del nivel de actividad, caída del salario real, derrumbe estrepitoso del gasto privado, desempleo en aumento. Es este cuadro, y no el otro, el que ha llevado a economistas neoliberales del calibre de Domingo Cavallo o Carlos Rodríguez a abrevar en el mismo pronóstico que en diciembre pasado lanzó Guillermo Moreno: si la tendencia no se revierte, el país se encamina a una depresión -hecho inédito en los últimos cien años-.
Este escenario es mucho más grave que cualquier otro que hayamos atravesado en la historia reciente, ya que supone la destrucción a gran escala del patrimonio de los argentinos -un fenómeno que ya se viene configurando con el famoso efecto licuadora y la absorción del ahorro genuino de miles de familias que no llegan a cubrir sus gastos corrientes, y la desvalorización y cierre de comercios y empresas-.
Sin inversiones ni consumo, el gobierno va encaminado a estabilizar la economía en una paz de cementerio donde no va a haber inflación pero tampoco trabajo para millones de compatriotas. Si a eso le sumamos un Estado en retirada que ya no tendrá ni la vocación ni las herramientas para contrapesar el colapso, el futuro a corto y mediano plazo se estrecha como un camino insondable.
Mientras vamos transitando esta coyuntura, confiando en que el pueblo y sus instituciones encontrarán una salida que evite ese horizonte sombrío, debemos reafirmar como única alternativa posible el regreso a un modelo de producción y trabajo que nos permita retomar la senda del crecimiento con inclusión social.
El Plan Económico Justicialista presentado la semana pasada en la Feria del Libro tiene como ejes estructurantes al pueblo argentino, entendido como personas libres que se realizan en su comunidad y en su trascendencia, y el trabajo, como gran organizador de la sociedad que nos dignifica como personas y posibilita la construcción una patria grande y un pueblo feliz. La producción y el trabajo como fuentes de riqueza, la comunidad como principio y su realización como valor deben ser el continente y el destino de la práctica social, erigiéndose en la clave de la consolidación de un modelo de desarrollo permanente y sustentable que exprese un verdadero Modelo Argentino.
Porque si pudimos hacerlo, podemos volver a hacerlo. Porque tenemos memoria industrial. Porque el nuevo contexto internacional nos brinda una ventana de oportunidad. Porque tenemos los recursos y las capacidades necesarias. Porque tenemos la vocación irrenunciable de hacer grande a esta patria. Porque, como dice el poeta, país que fue será.