Durante los últimos 15 años en la Argentina funcionaron distintas fórmulas de movilidad jubilatoria, mediante las siguientes leyes 26417/2008; 27426/2017 y la 27609/2021, esta última sigue vigente, que se aplica en paralelo con el decreto 274/2024. Es evidente que los ingresos de la jubilación mínima en la actualidad no cubren 1/3 de la canasta básica.
La Canasta Básica Alimentaria, en tanto, aumentó 1,4% en el último mes, con una variación interanual de 170,6% y una suba acumulada en 2024 de 80,6%. En septiembre, una familia había necesitado $ 964.620 para no ser pobre y $ 428.720 para no caer por debajo de la línea de la indigencia (INDEC). En esa condición se encuentran casi el 70% de los jubilados y pensionados, cada modificación de la formula movilidad jubilatoria generó altas expectativas en los beneficiarios, pero en la realidad los resultados no fueron satisfactorios.
Se deben tener en cuenta que en un contexto de inflación actualizar el monto de las jubilaciones mediante el IPC es mejor, para no perder frente al aumento de precios. Ahora bien en una economía estabilizada lo más beneficioso para sostener el nivel de ingreso es una fórmula de movilidad jubilatoria sea la resultante de los ingresos por recaudación más el promedio de incrementos salariales de los trabajadores, como lo tienen los países con economías estables, que a diferencia de nuestro país, tienen las dos fórmulas y aplican la más conveniente para sus beneficiarios en forma anual.
La reciente aprobación de diputados impulsando una nueva fórmula, contiene algo de esto, pero no en forma alternada mensual sino dos veces al año y propone una reparación solo por el primer cuatrimestre 2024, además agregan que ningún beneficiario puede percibir una suma menor a una supuesta canasta básica alimentaria de $ 250000, que no se sabe bajo que parámetros se calcula, esto ha sido vetado por el Presidente Milei, mecanismo que utiliza en forma exagerada, vulnerando la voluntad popular expresada en la representación en el Congreso de la Nación.
Todo esto debe ser por ley, que contenga una cláusula que permita que en cualquiera de las circunstancias económicas de la Argentina se aplique siempre la fórmula más beneficiosa para los adultos mayores. También se debe tener en cuenta todo lo que han perdido los jubilados frente a la inflación con las distintas fórmulas, entre los años 2018 y diciembre de 2023, fue superior al 75% de pérdida frente al alza de precios se debe generar un mecanismo de reparación para recuperar todo lo perdido.
Los trabajadores no registrados que no realizan aportes y contribuciones, no son sólo trabajadores autónomos, sino la mayoría están en distintos rubros productivos; el Estado ha regularizado la falta de aportes con distintas moratorias por medio de las siguientes leyes 24476/95 (sigue vigente), 26970/2014, y la 27705/2023 que vence el 23 de marzo de 2025; la cámara diputados dio media sanción para su derogación, que de aprobarse en el senado, 9 de cada 10 mujeres deberán jubilarse a los 65 años, aumentándoles de hecho 5 años la edad para obtener la pensión universal adulto mayor, por la cual percibirán el 80% de la prestación mínima. El senado ha tomado una medida sensata y elimino el capitulo previsional de la Ley Bases, considerando lo señalado más arriba.
Si observamos el porcentaje que se invierte del PBI para el pago de jubilaciones, vemos que en 2015 fue del 8,9%, en 2017 alcanzó el 9,5 % del PBI y en 2023 alcanzó tan solo al 7,7%; ahí queda demostrado cómo fue cayendo el nivel de ingreso de los adultos mayores.
En el primer trimestre de 2024, la reducción interanual real del gasto primario para el pago de jubilaciones y pensiones contributivas fue del 35% y para pensiones no contributivas del 3% (fuente IARAF en base a ministerio de economía e INDEC), estos datos nos muestran la reducción que tuvieron los adultos mayores y en definitiva cargan con el ajuste de las cuentas públicas.
No hay soluciones mágicas sino se aborda de manera integral, esta problemática que cada resulta más difícil corregir y sostener en el tiempo en términos sociales, financieros y económicos.