Desde el gobierno local acordaron la realización de relevamientos de terrenos baldíos en cada barrio para conocer la situación de cada uno. Junto a fomentistas llevan más de 20 predios identificados e iniciaron expedientes para avanzar en la limpieza y la custodia.
Aunque entre fomentistas se escuchó y difundió la palabra “expropiación” el trabajo parece orientado al relevamiento y limpieza de terrenos por demanda de vecinos y vecinas. La tarea se dificulta cuando no puede darse con los propietarios de terrenos baldíos y en ese caso el gobierno busca aplicar la Ordenanza N°38 que data de 1969 y permite a los municipios bonaerenses reclamar la custodia de terrenos baldíos de propiedad privada que se encuentren en estado de abandono y cuyos titulares (o sucesores) no se encuentren.
En Luján, barajan la posibilidad de acceder a la custodia como última opción y la posibilidad de entregar a las Sociedades de Fomento el permiso, siempre que los lotes privados no sean reclamados por sus propietarios. El procedimiento legal no es sencillo y requiere un decreto del Intendente con información detallada.
Muchas veces, parcelas en esta situación de abandono se encuentran perdidas en cada barrio y no es raro que quienes heredaron propiedades ni siquiera sepan su existencia. En ese marco, también hay quienes sacan provecho haciendo negocios ilegales y venden la propiedad – sin título – con simples papeles de compra-venta. Una práctica tan habitual como compleja para quienes compran de buena fe en la necesidad de acceder a la tierra y la vivienda y resultan estafados.
En este caso, desde el municipio de Luján recurrieron a esta vieja normativa que data de la época de Onganía en la que los intendentes disponen de la ocupación de terrenos baldíos y en los casos en los que no se pueda notificar a los propietarios. El primer paso es la notificación, la intimación y finalmente la aplicación de esta vieja ordenanza.
La Ordenanza N°38, sancionada por la Provincia de Buenos Aires, faculta a las municipalidades a construir en cada lote baldío un cerco de verde y una vereda, disponer el saneamiento de los lotes y la ocupación de manera precaria hasta tanto los propietarios regularicen su situación respecto a los inmuebles.
En concreto, el municipio podría hacerse de la custodia de terrenos, no tendría derecho de propiedad ni no podría construir aunque si disponer del espacio verde, colocar señalización, bancos o contenedores donde arrojar basura.
A las problemáticas ligadas al acceso de la tierra y la vivienda se le suman las denuncias relacionadas a la inseguridad. Vecinos y vecinas advierten el problema de los lotes baldíos asociados a que favorece la delincuencia y la usurpación. Por eso la demanda fue recibida por la Secretaría de Protección Ciudadana que participa del relevamiento de terrenos.
En la Dirección de Tierras y Vivienda, reconocen que la aplicación de la vieja ordenanza podría contribuir a limitar otro problema histórico: la puja vecinal por el acceso a los lotes baldíos, siendo que no pocas veces existen dos o más compradores de buena fe del mismo predio. Además en el trabajo de relevamiento de lotes baldíos dieron con la existencia no solo de predios privados abandonados sino también de parcelas fiscales.
Otro de los problemas generados a partir de los terrenos baldíos abandonados se asocian a la aparición de focos infecciosos a partir de que se convierten en micro basurales y depósitos de chatarras.
La iniciativa de relevar, limpiar y acceder a la custodia de terrenos baldíos no es una originalidad lujanense ni mucho menos, en varios municipios de diversa orientación política se aplican medidas similares, generalmente a partir de la demanda vecinal.
En San Nicolás, por ejemplo, el Intendente dispuso el cobro de multas, avanzó con la limpieza, y recientemente con la recuperación de predios para uso publico hasta tanto los propietarios regularicen la situación con el municipio. En este caso, habían dispuesto una línea telefónica en donde vecinos y vecinas denunciaron más de 220 lotes abandonados.
Relevamientos, multas, demandas legales y custodia por parte del municipio aparecen como procedimientos posibles y articulados entre Estado e instituciones.
