Las personas migrantes son víctimas de diversos mecanismos de exclusión. El respeto y el reconocimiento por la diversidad cultural sigue siendo deudas pendientes. Haciendo hincapié en la necesidad de visibilizar su organización, dialogamos con Lila, integrante de la campaña «Migrar no es delito»
La campaña nacional migrar no es delito es un espacio multisectorial donde se aglutinan diversas organizaciones de carácter nacional, y también organizaciones migrantes, que nos conformamos en el 2018 al cumplirse un año del decreto de necesidad y urgencia 70/2017 que intenta modificar la ley de migraciones actual que es la 25781.
-¿Por qué surge la necesidad de una campaña de este tipo?
-Surge de la necesidad de demostrar una fuerza migrante frente al Gobierno de Cambiemos que lo único que ha hecho es sacar políticas anti migratorias sobre las personas que decidimos a Argentina como lugar para vivir. En ese sentido, la primera muestra es el DNU 70/2017, un decreto que modifica una ley que es reconocida a nivel mundial como modelo, que reconoce ampliamente los derechos de las personas migrantes. Tuvimos la necesidad de aglutinarnos y decir con fuerza que las y los migrantes somos sujetos políticos, que aportamos con nuestro trabajo, aportamos al fisco, y necesitamos ese reconocimiento. Estamos acá por la no criminalización y estigmatización de las personas migrantes.
-¿Cuáles son los principales derechos vulnerados por este gobierno?
-El eje central de todas las vulneraciones es que el decreto posibilita que las expulsiones se realicen de manera express, posibilita que administrativamente las personas migrantes no tengan más que tres días para defenderse si las están acusando algún delito, ya sea delitos menores o graves. Es una herramienta que facilita al Estado, al Gobierno actuar de manera arbitraria, que hasta puede terminar en separación de familias.
-¿Son comunes casos de esa gravedad?
-Son casos recurrentes con los que nos encontramos en la campaña. Personas que nacieron en otro país, pero que desarrollaron toda su vida acá, tienen sus raíces acá, cometieron algún delito mínimo, inclusive en muchos casos ya cumplieron la condena, pero al Gobierno no le importa.
-¿Cuál crees que es la acción política por parte del gobierno?
-Dicen que igual tienen que ser expulsados, porque ningún migrante puede delinquir. Independientemente de si ya cumplieron o inclusive caducado la causa. Nosotros creemos que el derecho fundamental de la unidad familiar, poder decidir donde uno quiere vivir, y donde uno quiere estar con sus hijos e hijas, es el mayor de los derechos vulnerados, por lo menos en este año y con más fuerza es lo que estamos peleando. ¿Por qué? Porque es lo que posibilita las expulsiones arbitrarias e ilegales.
El trasfondo de la discriminación
Desde el nacionalismo extremo se incorporó al migrante como nuevo enemigo interno de las últimas décadas. En este sentido, la xenofobia se instala para buscar culpables en el discurso de políticos radicalmente influyentes en la esfera política del poder internacional. Por ejemplo Donald Trump en EE.UU, y Jair Bolsonaro en Brasil encarnan los ideales más retrógrados de gran parte de la sociedad.
La estigmatización de las personas migrantes es una realidad social que se estructura fundamentalmente en el accionar político y sistemático. Ni que decir de la realidad argentina, con una fórmula presidencial por parte del oficialismo que tiene a Miguel Pichetto, escrachado innumerables veces por sus dichos xenófobos, ocupando la candidatura a vicepresidente de la nación.
Para esta misma mirada del odio existen intencionalmente migrantes y «migrantes». El europeo, respetable dueño de gran parte de la Patagonia, y el laburante mal intencionado de algún país limítrofe, de origen afro o asiático. Inclusive los originarios, desterrados de su propia historia por el etnocentrismo de la historia oficial, todas personas que parecen quedar fuera de la tan distorsionada concepción de patria.
Como en cada proceso de exclusión y pérdida de derechos, las vivencias de las mujeres son doblemente vulnerables, y el caso de las migrantes no es la excepción. Blanca forma parte del laburo territorial en el barrio Ameghino de Luján. Ella nos narra su propia experiencia de vida como migrante paraguaya.
-¿Cuándo y por qué decidiste migrar?
-Yo vine en el año 1999 por que me trajo mi mamá para estudiar.
-¿Por qué crees que las personas de tu país deciden venir a vivir en Argentina?
-Las personas de mi país vienen buscando trabajo y una vida mejor.
-¿Cómo notás el tema de la migración en tu barrio?
-Eso depende, muchos van y vienen ya sea porque tienen hijos o no se adaptan pero la migración es constante.
-¿Por qué crees que no se da esa adaptación?
-Yo creo que es por la discriminación. La sociedad todavía no aprende a no discriminar, es triste pero real.
-¿En tu espacio de militancia tenés compañeras migrantes?
-Si, somos muchas.
-¿Recordás alguna situación de discriminación?
-Si, cuando era chica. Se burlaban de mis costumbres y forma de hablar. Pero yo me adapté.
La población migrante es numerosa, porque nos hemos conformado a partir de la riqueza de la multiculturalidad. Son a su vez las mujeres migrantes de los barrios, las que deben poner la olla en tiempos de crisis. Enmarcadas en esa cruel paradoja, rechazamos la xenofobia y sostenemos a viva voz que migrar no es delito, es derecho humano.