Avanza la declaración de Estado de Emergencia alimentaria, tarifaría, laboral y farmacéutica en el Partido de Luján

A raíz del aumento de comedores, de los nuevos aumentos tarifarios propuestos por la Provincia de Buenos Aires y el incremento en los precios de los medicamentos, los concejales del Bloque Peronista FPV presentaron una ordenanza para declarar la Emergencia alimentaria, tarifaría, laboral y farmacéutica. 
El Concejo Deliberante aprobó el ingreso a comisiones el proyecto de ordenanza que declara el Estado de Emergencia alimentaria, tarifaría, laboral y farmacéutica en todo el Partido de Luján por el término de 12 meses. Dicha ordenanza, fue presentada por los concejales Leonardo Boto y Nicolás Capelli.
En la misma, se manifiesta que el Concejo Deliberante trató la declaración de la Emergencia Textil en el comienzo del año.Y que empresarios y trabajadores se dirigieron durante estos meses al Gobierno Nacional pidiendo un urgente cambio en la política comercial con el objetivo de frenar las importaciones que afectan a la industria nacional. Esta crítica situación, que atraviesa a este sector, tiene efectos similares en otras industrias, como así también en pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, argumentaron que durante el 2017 se han incrementado las actividades de los merenderos y comedores del distrito. Siendo responsabilidad del Estado que todos los lujanenses tengan acceso al derecho a la alimentación.
Por otro lado, en cuanto a la emergencia tarifaría y farmacéutica expresaron que los nuevos aumentos dispuestos por la Gobernadora María Eugenia Vidal traen un grave perjurio a las industrias del partido, a los vecinos y también generan un grave impacto en el precio de los medicamentos. A lo que le suma los recortes en la entrega de los mismos como ocurre con PAMI. Boto y Capelli recordaron que por esta situación se encuentra en debate legislativo un proyecto para la creación de un Fondo Solidario de Medicamentos.
Por último, además de la declaración del Estado de Emergencia, el proyecto encomienda al Departamento Ejecutivo la adopción de todas las acciones que resulten de su competencia a efectos de obtener, en el menor tiempo posible, soluciones a los graves problemas en materia alimentaria, tarifaría, laboral y farmacéutica.