Las cuentas de Luciani no cierran para el Concejo

El Concejo Deliberante rechazó la rendición de cuentas que presentó el Ejecutivo Municipal. Desde la oposición marcaron una  grave subejecución de partidas, el aumento importante del endeudamiento y la ineficiencia política de recaudación.
La rendición de cuentas presentada por Cambiemos por el ejercicio fiscal 2016 fue rechazo con mayoría de la oposición. En una larga y detallada exposición la contadora y edil del Frente Renovador, Silvia Scarzo expuso sus argumentos criticando duramente la falta de iniciativa del municipio para recaudar los impuestos adeudados por particulares con capacidad de pago, la alta dependencia de provincia y nación, el crecimiento del endeudamiento y la sub ejecución de partidas para forzar la presentación de un balance positivo (que a decir de la oposición en realidad es deficitario).
Scarzo explicó que es falso que exista un superhabit fiscal de 81 millones pesos. Acompañando su desarrollo con cuadros y balances mostró cifras de la millonaria partida sin ejecución. «Si esas partidas se hubieran ejecutados en obras la rendición de cuentas hubiera sido deficitaria. Haber ahorrado para este municipio significa no ejecutar partidas» enfatizó.
El presidente de la bancada oficialista Héctor Artero fue quien esgrimió la defensa de la gestión de Oscar Luciani en materia de balances fiscales. Recuperó que en el presupuesto 2015 no se le permitió hacer gastos más allá de obras puntuales al intendente y en su defensa incluyó que «nos olvidamos que estamos trabajando con inflación de 40 por ciento y eso no reflejan los números nominales». Además remarcó que el departamento ejecutivo está disminuyendo la deuda desde hace 5 años. Artero reconoció que se sub ejecutaron partidas para garantizar pago de sueldos, deudas contraídas y costos en salud privilegiados. ¿Con qué querían que pagáramos esos gastos?” preguntó irónico.
Boto felicitó Scarzo y acusó a la gestión local de realizar la operatoria conocida como bicicleta financiera. “Con emergencias declaradas en salud, medio ambiente y producción el municipio deja la plata en plazos fijos para especular” polemizó y sumó al debate la piedra más pesada de la noche sugiriendo una sospechosa relación entre el municipio y la Fundación Más Argentina Más Sustentable. La fundación es presidida por Ezequiel Santiago Rodriguez (asesor de la cámara de diputados) y según Boto factura sus primeras boletas al municipio por obras de saneamiento del basural por un monto de $1.331.000.
Romero agregó a la exposición de sus pares la delicada situación de varias áreas afectadas por la sub ejecución de partidas en: niñez, genero, políticas sociales, etc.
«La ultima palabra la tendrá el tribunal»
El Radical Carlos Pedro Perez (Cambiemos) buscó molestar a Boto recordando que su procedencia no es local, además de señalar la denuncia que en algún momento impulsó el radicalismo sobre la fundación ExportAR donde trabajaba Leonardo Boto. Tras recorrer algunos argumentos señaló que «la ultima palabra la tendrá el tribunal». Lo cierto es que a partir de la llegada de Vidal al gobierno, los presupuestos provinciales (aprobados en las cámaras bonaerenses) destinan en sus articulados para los municipios la posibilidad de sancionar a los funcionarios responsables de los excesos y errores en el manejo de la economía. Para el año que viene, el alineamiento Provincia-Municipios será más favorable para Oscar Luciani y los intendentes de Cambiemos, ya que según la ley de Presupuesto actual se autoriza al «Tribunal de Cuentas a eximir de las sanciones previstas en su Ley Orgánica». La norma que regirá en la próxima rendición aclara:
a) A aquellos funcionarios municipales que hubieran autorizado recursos afectados, independientemente de su origen, para un destino distinto al asignado, siempre que tal circunstancia sea fundada en razones de carácter excepcional. Estos recursos deberán ser restituidos a las cuentas correspondientes en un plazo no mayor de veinticuatro (24) meses, desde el cierre de ejercicio en el que hubieran sido utilizados.
b) A aquellos funcionarios municipales que consoliden deudas acumuladas al 31 de diciembre de 2016 con Organismos Estatales y que por cuestiones financieras hayan devengado intereses por mora o resarcitorios.