Al Concejo Deliberante llegaron las casi 1000 fojas que componen el expediente de la termoeléctrica entregado por el Ejecutivo. De los primeros visados surge la falsedad en las posturas de los funcionarios respecto a las continuidades de las obras. El decreto de paralización duró entre 15 días y un mes según las contradicciones municipales. En el Boletín Oficial se escondió el levantamiento de la medida mientras la gestión aseguraba inspecciones y controles.
Desprolijidades, expedientes con trayectos sinuosos, irregularidades. Los eufemismos de la gestión de Oscar Luciani fueron variados y rebuscados para contener el escándalo político que desató la llegada ilegal de la termoeléctrica de Araucaria Energy. Tras una historia que suma capítulos a cada día, el momento de analizar la documentación inicia su recorrido.
A posteriori de insistentes pedidos del sector vecinal, político y periodístico, el gobierno municipal entregó las carpetas al Cuerpo Deliberativo con una demora que contradice a las ansiedades desmesuradas con que se intenta aprobar el proyecto. Lejos de las excusas burocráticas, todo retardo al acceso de la información es político, máxime cuando en el mientras tanto una central térmica de categoría III hace y deshace lo que le conviene en nuestra ciudad.
Ante la modalidad de oscurecer el estado de situación, complicar el trabajo de búsqueda y poner trabas para la obtención de información, los datos para este análisis periodístico surgen de un trabajo en conjunto entre los trabajadores de prensa de los medios que solicitaron ver los expedientes, por caso Ladran Sancho -que todavía espera respuestas por la información solicitada vía Gobierno Abierto y por trámite presencial a través de un expediente- y El Civismo, quien ya había accedido a tres expedientes, de modo previo a este trabajo e hizo una publicación tiempo atrás.
Reconstruyendo un acting: inspecciones, enojos y afirmaciones para la tribuna
El 31 de enero, el intendente municipal contestó a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires que «en cuanto al estado actual de las obras, las mismas se hallan paralizadas por decisión de este Municipio, adoptado a través del decreto 2224/17». Y el mismo día, ante las cámaras, Luciani también aseveró que «el tema está paralizado porque hay un decreto que así lo dispone».
Sin embargo, a la vista de los expedientes, esta respuesta entra en colisión directa con la llamativa explicación que dio el municipio a una de las notas que entregó Araucaria Energy en noviembre de 2017. La empresa, notoriamente molesta por la paralización y el decreto de Luciani, le envió además una serie de planteos, entre los cuales se encuentran: El origen de la central; La Participación de la municipalidad y el intendente en los trámites; y por último La derogación de la ordenanza 6923, un acto ilegítimo y lesivo, donde amenazó con las acciones legales a tomar contra la municipalidad y sus funcionarios.
La devolución fue casi seis meses después, según consta en el expediente 4069-9035/2017, cuando el director de Asuntos Legales Ubertino Rosso respondió a la queja empresarial haciendo eje en el decreto de paralización, recién el 23 de abril de este año, y afirmando que «el mismo fue dejado sin efecto, por el decreto 2391, emitido con fecha 5 de diciembre de 2017», es decir con la promulgación de la ordenanza que volvió atrás con la rezonificación. De esta nota, entonces, se desprende que la paralización duró 15 días. Pero el enredo es mayor.
Porque desde febrero -como se publicó en Miente miente, que la termoeléctrica avanzará –hasta mayo, la comunicación oficial quedó cerrada incluso en la consulta al Boletín Oficial, herramienta donde deberían figurar los decretos del jefe Comunal. Dicho instrumento de acceso a la información pública fue escondido por el intendente y luego sí actualizado ante insistentes pedidos y reiterados reclamos. Justamente, en una de las últimas publicaciones, la orden fue dar a conocer decretos pero prohibir el acceso a uno de los que iba a traer ruido: el número 217 que emitió en febrero y con el que levantó la paralización de la obra.
Mentiras urgentes y necesarias
En criollo, desde el área de Legal y Técnica se expone que el decreto resultó abstracto desde el 5 de diciembre de 2017 y por lo tanto no corresponde darle tratamiento a la protesta de la empresa. Pero el 9 de febrero de 2018, Luciani deroga el decreto 2224 de paralización de obra, a partir de la llegada de las opiniones universitarias sobre el estudio de impacto ambiental.
Entre idas y vueltas de papeles, Araucaria Energy no dudó y avanzó día y noche en connivencia del Ejecutivo. Sucede que, así y todo, utilizando la última fecha, se vuelve extraña la estrategia Cambiemos primero escondiendo y luego sosteniendo ante la opinión pública medidas ya abortadas.
“Fijense una cuestión, hay un decreto que paraliza las obras y después una ordenanza que deroga la anterior rezonificación. En las inspecciones que hemos realizado, y fueron varias inspecciones por la denuncia de los vecinos, en todos los casos no hubo comprobación de que la obra continuara». El 24 de abril Oscar Luciani seguía aseverando ante los micrófonos que todo estaba frenado, cuando hacía casi tres meses que el propio intendente había firmado el fin de la paralización.
«Mis inspectores van a ver las obras, hacen las actas y no es así. Nosotros la última vez que fuimos fue a mediados del 15 ó 20 de abril, ahí data la última inspección y estaba parada, solo hay mantenimiento», de esta manera el 4 de mayo el ingeniero Marcelo Gutiérrez no quiso ser menos, actuó un cansancio y armó una historia innecesaria en la cara de las vecinas y la prensa: no había decreto, menos inspecciones.
Con cuatro meses de atraso y una versión fogoneada por Cambiemos, la comunidad finalmente se entera por estas horas que la paralización está suspendida -al menos- desde el 9 de febrero y que fue «abstracta» desde el año pasado por lo que Araucaria Energy tuvo el visto bueno desde hace tiempo: todo a contramano de lo explicado públicamente por Luciani y Gutiérrez quienes juraban paralizaciones e inspecciones, ayer nomás. Luego de quedar sin vigencia la paralización, el gobierno local prefirió mentir, mantener y decir que hacían inspecciones cuando no había ninguna orden. El costo de levantar la paralización con falsos estudios era evidentemente más grave que mantener la idea de una planta parada.
Informes, evaluaciones, opiniones
Una vez firmado el decreto de paralización, los apuros fueron extraordinarios y en el camino el pedido original pasó a convertirse en lo necesario para la empresa. El intendente firmó un decreto de paralización hasta que se concluya el «estudio de impacto ambiental». Sin embargo, en las actuaciones de la Secretaría de Producción, las denominaciones cambiaron de modo que la confusión juegue a favor de la termoeléctrica.
En pleno receso veraniego las universidades no demoraron más de algunas semanas, en una diferencia fundamental si se toma en cuenta que los Estudios de Impacto Ambiental se trabajan en tiempos mucho más superiores, demandando aproximadamente un año de investigación.
«Informe técnico», «opinión», «evaluación» y diversas consideraciones por el estilo fueron los rótulos de los textos que fueron llegando y anexándose al expediente, pero ninguno se refiere a la concreción de un Estudio de Impacto Ambiental, cual fuera el verdadero compromiso para levantar la paralización de la obra. El premio a la desesperación se lo llevó la UTN Regional Delta, quien en seis días devolvió un texto «analítico» que consta de dos páginas.
Nuevas páginas quedarán por escribirse en las próximas horas. Sin embargo, ante este panorama, nuevamente los expedientes le dan la espalda al intendente como a sus funcionarios. Y el recorrido que siguieron los trámites exhiben más dudas que certezas. Con una crisis política abierta a partir del Araucariagate, la salida no parece estar cerca por lo que la insistencia para el tratamiento, en un compendio de errores sin explicación, solo puede entenderse a partir de la asimilación de un relato que se cae a cada vuelta de página.