El primer concejal de Cambiemos e intendente interino del gobierno de Oscar Luciani presenció los alegatos que emitieron fiscal acusador y defensa, en el proceso que juzga sus «incompatibilidades en la función pública». Landini pidió inhabilitación perpetua y Arguelles absolución. En el comentario final cedido por la jueza, Artero habló de «intencionalidad política». El próximo viernes, el veredicto.
El momento de los alegatos llegó este viernes por la mañana y dejaron el escenario preparado para el próximo 29 de junio cuando la jueza Bomaggio dicte la sentencia. La cita se dio nuevamente en el Juzgado Correccional N°2 de Mercedes, donde Héctor Artero estuvo el lunes pasado cuando se dio inicio al juicio que afronta, debido a la denuncia efectuada por Silvio Klein en 2014, quien pidió que se investigue la incompatibilidad en el rol de Héctor Artero, quien era vicepresidente de Fidegroup y secretario de Economía cuando el municipio compraba alimentos a dicha firma.
«Considero atenuantes que no tiene antecedentes. Pero los agravantes son el entero conocimiento que el señor tenía sobre lo que establece la ley cuando habla que, desde empleados hasta funcionarios, no pueden desempeñar el doble rol. Por lo tanto siendo Artero el número uno de Economía, solicito que se condene a dos años de prisión en suspenso, dos años de regla de conducta y la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos».
«No se agotaron las instancias administrativas y políticas previas del caso, por ejemplo haberse dado una intervención concreta del Concejo Deliberante capaz de avanzar en una destitución. En cambio, se recurrió directamente a la Justicia. Por otro lado el acusado carece de sanciones y antecedentes del Tribunal de Cuentas y la Justicia Penal. Y por último no veo dónde está el interés de Artero. De esta manera pido la absolución”.
Fiscal acusador y defensa del acusado cerraron sus exposiciones y todos a casa. Al final, Héctor Artero tuvo la posibilidad de dar una última frase y tras algunos intentos fallidos sobre qué decir, encontró la frase que consideró más precisa: “Hay una intencionalidad política en todo esto”.
Al salir, se tomó unos minutos para explicar a la prensa -una y otra vez- con números y datos, los argumentos para probar la «intrascendencia» del caso y su «tranquilidad». Artero señaló que lo político viene de una vieja deuda que intentan cobrarse desde gestiones anteriores y esferas provinciales.
Pero con más finura, otras voces -conocedoras del momento que atraviesan los fiscales en Mercedes- encuentra la explicación en la línea que «bajan desde la jefatura de los fiscales». Tanto en los delitos sexuales como en los vinculados a la defraudación pública, por menores que sea, cuentan con la aprobación de usar la máxima inflexibilidad a la hora de los procesamientos y acusaciones. Así quedó demostrado en la tarea de Adrián Landini, fiscal acusador quien comenzó hablando en el turno de los alegatos.
Yo acuso: Landini abrió la mañana
“Queda probada de modo clara la materialidad y autoría. No hay duda: era secretario de Economía y responsable de la incompatibilidad en el hecho del doble rol, es decir, cabeza del área de Economía y con un rol nada despreciable en Fidegroup”, inició el fiscal Landini sosteniendo la firmeza expuesta durante la etapa de debate.
“No solamente en este juicio se comprobó. En el debate se incrementó la prueba para asegurar que el delito se cometió. Se intentó, se achacó con los montos, con pericia de parte y todo, pero que no hace más que confirmar las negociaciones y relaciones con el área a cargo del señor Artero, quien era el número 1. Sin su firma no se podía llevar a cabo el hecho, remarcando que no importa el monto de la transacción. No importa el monto, reitero. Como también es mentira que no sabía quién era el proveedor. Por lo tanto considero que está plenamente probado”, afirmó la parte acusatoria.
Para sostener algunos de los puntos exhibidos, Landini hizo mención al delito penal respecto al artículo 265 y sumó “lo aportado por Andrés Dalessio cuando hace referencia a la naturaleza del delito. En la jurisprudencia establece que el ánimo de lucro no es indispensable, más bien establece lo moral”; allí complementó que “sabemos que Artero sabía a quién se le compraba y a quién no. Y respecto a los testigos, no le creo al intendente Luciani quien dijo no conocer en qué se desempeñaba Artero. No me voy a dejar mentir por Luciani”.
El fiscal acusó de mentiroso al intendente como a la gestión y expresó: “Como consta en la causa, en los autos, se le mintió al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, diciendo que Artero solo estuvo un mes compartiendo cargo, cuando en las pruebas se establece que se encuentra desde 2009 y su desempeño llega hasta 2014, pero luego siguió en otros cargos de firmas con relación a Fidegroup.
Otra de las exposiciones de la parte acusatoria mencionaron que “en su área se hacía lo que Artero decía, reconocido por él mismo en la etapa de instrucción cuando reconoció su firma en las ordenes de compras. Todos los testigos, Cabrera, Peduran, Luciani, sabían el doble rol que Artero cumplia. Por eso Pedurán no quiso responder, porque sabe que estaba cometiendo un ilícito. Por lo tanto fue amoral, igual que el intendente. De todo lo expuesto surge evidente que Artero se interesó en la negociación entre la parte pública y la empresa. Tiene autoría y responsabilidad, no existen eximentes”.
Defensa artera
“En este mundo traidor, nada es verdad o mentira, depende del color con que lo se mire”. Arguelles aplicó la poesía para dar comienzo a su intervención. para luego sí señalar que no desconocen las dos funciones simultáneas que cumplía Artero: funcionario y miembro del Directorio de la empresa. Allí hizo referencia a «entre 44 y más de 50 compras durante las cuales Artero intervino en la doble función».
E inmediatamente soltó: “Estamos lejos de que pueda ser castigado el señor Artero. Debido a una falta de conducta típica, ya que en todo su desempeño no tuvo competencia funcional para comprar ni un fósforo.» En sentido contrario, dijo Argüelles, «Artero tenía funciones más elevadas, en tanto auxiliar del intendente y controlaba que los montos de las compras no superaran los recursos de la Municipalidad”.
Nuevamente existió la insistencia sobre el trámite interno de compra: «Al secretario de Economía le llegaban dos formularios que justificaban quién pedía y para qué, por lo que Artero controlaba la burocracia de cualquier organismo público. El jefe de Compras buscaba presupuestos y así lo elevaba al secretario. Después iba a Contaduría, el contador verificaba que hubiera partidas y eso volvía al jefe de Compras. Recién se hacía efectiva la adjudicación con la orden de compras y se compraba en función de tres presupuestos”.
Con los últimos párrafos el énfasis derivó en que “toda la prueba no indica un comportamiento proactivo, no hay indicios del interés de Artero, no hubo jamás la menor intervención del acusado”. En función, como el artículo habla de “interés” en cuanto al tipo penal que describe, el abogado planteó que “ese elemento típico no está probado como tampoco la figura del dolo. “El secretario no es un director de Compras, él solo autorizaba montos como parte de la cadena de firmas”.
