La mediatización del crimen de Braian envalentona al Gobierno Nacional a instalar en el sumario de verano su intención de reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el de Seguridad, marcan la cancha de cara a las elecciones legislativas de este año aunque cosechan mas repudio que acompañamiento en las sociedad civil. En esta nota la palabra de Alejandra Perinetti, Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS.
En la reforma constitucional de 1994, Argentina incorporó tratados de Derechos Humanos en el artículo 75 inciso 22, que le dan jerarquía constitucional. Según el «Principio de proporcionalidad» de los Derechos Humanos, se sostiene que cuando un derecho ha sido adquirido, no se puede volver atrás ni restringirlo. Bajar la edad de imputabilidad en los jóvenes es contradecir principios constitucionales.
Alejandra Perinetti, Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS, sostiene que bajar la edad de imputabilidad penal de adolescentes y jóvenes de 16 a 14 «seria un gran retroceso, en relación a documentos internacionales que propician la no baja de la edad de imputabilidad. No así que se forme un grupo de expertos en materia de responsabilidad penal juvenil para elaborar una Ley que venga a cumplir con esto, que es una deuda y que la marca la Convención de los Derechos del Niño».
Más allá de las inconsistencias legales, varias organizaciones sociales se manifestaron en contra de la propuesta del Ejecutivo Nacional, ya que la baja en la edad de imputabilidad no sería la solución al pedido que puso en el centro de atención este tema: seguridad. «No estamos en contra del proyecto en sí mismo, porque creemos absolutamente que es necesario establecer en nuestro país un sistema de responsabilidad penal juvenil. Hay que institucionalizar una nueva Ley pero no así la baja. Una Ley que apele a una justicia restaurativa, donde se ponga énfasis en la prevención, en mejorar los mecanismos de integración social, para evitar que los jóvenes sean captados por redes de delincuencia», afirma Perinetti. «El foco de la Ley debería apuntar a garantizar derechos de adolescentes y jóvenes. Mas allá de que deba ser juzgado y sancionado si cometió un delito, deben darse las posibilidades de desarrollo para reintegrarse en la sociedad».
«La estadística indica que la participación de lo jóvenes menores de edad en delitos es de 3,59% (desde el 2009 al 2015)» comentaba en una de sus ultimas exposiciones el Dr. Marcelo Giacoia quien ademas afirmó que «plantear que los jóvenes son un peligro para la seguridad es una gran y absoluta mentira” y atribuyó a los medios de comunicación un rol importante en la construcción del discurso sobre la “peligrosidad de los jóvenes”.
Un amplio abanico de organizaciones políticas y sociales anticiparon la oposición al proyecto que permitiría encarcelar a niños de 14 años y los tratados internacionales con jerarquía institucional entran en contradicción con el posible proyecto del oficialismo. Pese a esto, funcionarios y algunos legisladores de Cambiemos se animan a incluir propuestas para bajar la edad de imputabilidad en Argentina por ahora, en soledad.
