Vecinos estafados por la desarrolladora retomarán sus demandas. Desde las primeras ventas de los lotes de San Ignacio a esta parte han pasado 7 años y la inmobiliaria aún no entrega las escrituras. Se sienta un precedente peligroso para las familia que buscan acceder a un lote.
En San Ignacio, en los fondos del barrio San Pedro, los desarrolladores subdividieron y vendieron de forma ilegal prometiendo servicios y rapidez en la construcción. Luego presionaron para lograr las normas que encuadraría su proyecto. Pero tras 7 años hay quienes pagaron y aún no tienen los papeles.
Agotados por intentar encontrar alguna solución final y útil, vecinos y vecinas que adquirieron lotes vía la inmobiliaria Badino comenzarán a reunirse para armarse de mínimas herramientas colectivas y legales que destraben la imposibilidad de hacer uso de la tierra que compraron.
Para peor desde las primeras ventas a esta parte cambiaron rotundamente las condiciones y facilidades de acceso para los compradores. La mayoría pensaba aplicar el plan ProCreAr en 2007 lo que hoy les hubiera implicado cuotas en el orden de los 4 mil pesos. Por estas operatorias es que el cumplimiento de los plazos en este tipo de emprendimientos se vuelve central y cuando se incumple, se convierte en estafa.
Con plazos vencidos y precios inflados los compradores deben encarar alternativas judiciales para intentar saldar la inversión que realizaron y que comenzó bajo la especulación del desarrollador y la irresponsabilidad del municipio.
En el discurso oficial, en pleno debate por el Código de Ordenamiento Urbano, los responsables políticos ponían como excusa a los vecinos. Tanto el director de planeamiento, Carlos Patetta como el propio intendente Oscar Luciani aseguraban que si no adaptaban la legislación a los loteos realizados (y sin autorización, vendidos) por Badino, a quien realmente perjudicaban eran a los vecinos “que compraron de buena fe”.
La trampa del fideicomiso en el sector inmobiliario es un cuento viejo, conocido y repetido por quienes negocian con la tierra. El triángulo se compone por un comprador, un desarrollador inmobiliario y una constructora. El comprador comienza a pagar bajo promesas de servicio que el Estado no puede garantizar ni obliga al privado a realizar, y lo que es peor, el desconocimiento de las normas que rigen la compra por parte de los «beneficiarios». En estas idas y vueltas, el comprador no puede reclamar más que la propiedad una vez finalizada la construcción.
En este caso el desarrollador recibió el dominio de los terrenos pero no puede transmitirlos a los compradores hasta tanto el Código de Ordenamiento Urbano se convalide en La Plata. Puesto que cuando realizaron la venta de los lotes, las subdivisiones no estaban permitidas constituyendo un delito.
Antes de la votación de esta última versión del Código, Patetta adelantó que “había gente que había vendido en forma irregular y gente que había comprado en forma irregular” y la nueva norma resolverá sin más el problema en “San Ignacio”.
Desde la gestión municipal apostaron a modificar las normas, en lugar de buscar la penalización a la inmobiliaria y la bola de nieve comenzó a rodar, desde 2007 a esta parte sin respuesta favorable para los vecinos.
Más allá de las regulaciones sobre la tierra, la otra pata de las estafas se constituye con promesas de servicios para los lotes que no pueden ser garantizados. Publicidad engañosa a la orden del día en el negocio inmobiliario.
Ya en 2015 desde La Plata señalaban a la gestión municipal que «los barrios abiertos San Sebastián, Nuevo Loreto y San Ignacio, -en trámite de aprobación- , deberán instalar red de agua potable, y tratamiento de líquidos cloacales (biodigestor y pozo absorbente) para su habilitación definitiva».
La realización de los servicios constituyen una posta más para acceder a los créditos. En ese caso fue un obstáculo más para los estafados.
Pasados 7 años son más las deudas que los cumplimientos de los desarrolladores y el municipio a los vecinos que pagaron sus lotes. Badino Propiedades, agrega esta mancha en su curriculum a otras tantas. Entre ellas, la del emprendimiento Arroyo Dulce en donde más de funcionario ha constituido su morada.
Este es un precedente de una de las estafas más conocidas y replicadas en el mundo de los negocios inmobiliarios. Fideicomiso oculto o con poca información para los vecinos, publicidad engañosa y una gestión de gobierno temerosa de penar como se debe a quien infringe la ley siguen siendo el terreno fértil para realizar operetas que benefician a quienes más tierras tienen, elevan el piso del mercado inmobiliario y perjudican a las mayorías.
