Claudio Bonadío confirmó el procesamiento de la referente de la Defensoría de Género. Fue acusada de intimidación pública y resistencia a la autoridad durante la represión policial desatada en la desconcentración de la marcha contra la OMC a fines de 2017. La resolución ya fue repudiada por distintas organizaciones.
En el fallo de 21 páginas el magistrado confirma el procesamiento de la lujanense Natalia Pérez. Allí recorre los hechos a través de los testimonios de los acusados -además de Natalia, Hernán Centeno del SUTEBA Escobar- y de miembros del cuerpo policial, que oficiaron de testigos.
Es por eso que desde varias agrupaciones de Luján repudiaron la decisión de Bonadío y manifestaron su apoyo a Natalia Pérez de la Defensoría de Género. Por su parte se espera que la Asamblea de Mujeres Luján se exprese en el mismo sentido, de cara a un nuevo encuentro este viernes 6.
Con la notificación en mano, Pérez confirmó a este medio que apelará la resolución judicial y buscará «la absolución y cierre de la causa». Además desde la CORREPI adelantaraon que «convocaremos a movilizar cuando esa apelación se discuta en la Cámara Federal, y reclamaremos tanto el cierre de esta causa, como de todas las iniciadas contra luchadores y luchadoras».
Los argumentos presentan algunas contradicciones y elementos probatorios confusos, por lo que desde la red de Defensorías de Género señalaron que se trata de una «causa armada».
Allí transcribe la declaración del oficial Flavio César Fumagalli quien afirmó que Natalia Pérez «vestía una remera blanca, que llevaba una bandera en sus manos y que con el asta golpeó a un efectivo policial, para luego intentar ingresar a un local comercial». Agrega Bonadío que «además, se incautaron cañas y caños plásticos que estaban junto a ella, con los que presumiblemente habría golpeado al personal policial».
Además de no ser certero respecto a los actos de la vecina de Luján, cabe destacar que la misma negó los hechos de los que se la acusa y declaró estar usando una remera negra al momento de ser detenida, algo que se puede observar en la siguiente fotografía.
Por otra parte, el relato de Natalia no coincide con el de los uniformados. Es importante recordar las declaraciones a Ladran Sancho luego de ser liberada donde explicó que «me dispararon de atrás y caí al piso. Sentí mucho dolor pero sobre todo miedo a que me maten a palazos. Estás desprotegida, no sabés qué va a pasar, eso es lo peor. Más allá de la barrera de policías que me rodeaban, mi imagen son tres o cuatro armas apuntándome. Recuerdo que me dijeron ‘quedate quieta y no te pasa lo de Maldonado'».
Por si no bastara, el juez relata que Pérez «portaba un cartel sostenido por un asta, aunque no pudo determinarse si fue con ese elemento con el que habría golpeado al efectivo, toda vez que el preventor no brindó detalles del mismo y no se cuenta en autos con registros fílmicos nítidos y cercanos sobre el preciso momento del enfrentamiento».
A pesar de las inconsistencias y las potencialidades, Claudio Bonadío utilizó las declaraciones policiales como elementos probatorios y sustento judicial, argumentando que «la acusación que le profiriera el oficial Fumagalli encontró sustento en elementos objetivos independientes. Éstos, la colocan (a Pérez) en el lugar indicado por el preventor, portando los objetos por él señalados y sin indicios que permitan dudar de sus dichos juramentados«.
Y agrega «corresponde decir que al igual que en el caso de Pérez, no puede verse en las filmaciones a Centeno dañando mobiliario, ni tampoco el momento en el que se enfrentó con la policía, pues como ya dije, no existen vistas nítidas y cercanas de la incidencia».
Tras la confirmación del procesamiento y en base a los argumentos presentados por Bonadío, desde la CORREPI denunciaron que «como en la causa del 14, admitió en el fallo que «no se cuenta en autos con registros fílmicos nítidos y cercanos sobre el preciso momento del enfrentamiento» y reconoció que las declaraciones de los policías tienen «falencias y deficiencias» (sic), pero a pesar de la negativa rotunda de haber participado de los hechos imputados, usó como único sustento para el procesamiento la palabra policial».
