Fue presentada por el bloque de Unidad Ciudadana conformado por Pereyra, Krauth, Siror y Prince. Piden que se investigue la comisión de los delitos «abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos» en el caso de la termoeléctrica ilegal, más clausura y allanamiento. Gutiérrez de Obras Públicas y Patetta de la Dirección de Planeamiento los dos denunciados junto a Luciani.
«Solicitamos investigación de ilícitos y oportunamente se reciba declaración indagatoria. Ofrecemos prueba y acompañamos documentación. Formulamos reservas y solicitamos se remitan antecedentes de la presente al departamento deliberativo de luján», encabeza el pedido que contiene 40 fojas de desarrollo de denuncia y 38 anexos documentales en 87 fojas, entregado en el día de la fecha por ediles del Bloque Unidad Ciudadana en el Juzgado de Garantías Nro. 2 de Mercedes, a cargo del Juez Facundo G. Oliva.
El caso de la central termoeléctrica que montó Araucaria Energy, pero que pertence a empresas difusas y otras no tanto como StoneWay Capital y Siemens, colmó la paciencia de un sector de la oposición.
Luego de intentar, vía herramientas deliberativas como pedidos de comunicación al intendente municipal y tras haber solicitando información completa de la termoeléctrica, como también de la función que cumplió Ejecutivo en los expedientes abiertos por Araucaria Energy que corrieron con diversa suerte, el cuarteto de concejales Pereyra, Krauth, Siror y Prince elaboró la presentación judicial. «En el marco del compromiso con la lucha contra la corrupción, la búsqueda de la verdad, y la confianza en la justicia, es que tuvimos esta iniciativa», expusieron.
Los denunciados
Oscar Luciani: como cuestión originaria, de fondo y elemental, el Intendente, como funcionario público, incumplió con los deberes a su cargo al no aplicar la Ordenanza N° 6.224 del año 2013 que prohíbe la instalación de industrias de tercera categoría en el Partido de Luján; b) si expresamente habilitó y/o autorizó obras violando la citada ordenanza y/o no exigiendo requisitos legales, también cometió delito por acción y omisión respectivamente; y, c) tampoco cumplimentó con el Decreto N° 2.224 de paralización de obras por él mismo dictado.
Luciani, Gutiérrez y Patetta: el Artículo 248 del C.P.N. define como bien jurídico protegido el regular funcionamiento de la administración pública y la legalidad de los actos. No quedan dudas que las conductas de Luciani, Gutiérrez y Patetta contienen una contradicción con las normas referidas en el citado artículo. Es decir, tanto han dictado como ejecutado, y no ejecutado, resoluciones o leyes en sentido material cuyo cumplimiento les incumbiere. Estos funcionarios están incursos en la ilicitud que caracteriza a este tipo penal: uso abusivo o arbitrario de la función pública. Han usado, justamente, a la función pública como instrumento para violar la Constitución Nacional, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas, etc.
Asimismo, sobre los tres funcionarios se aclara que además «han obrado a sabiendas, omitiendo, retardando o rehusándose a hacer actos de su oficio; y el tipo subjetivo, a esta altura de los hechos, se encuentra acreditado en la ceguera con la que obraron frente a la evidencia de los hechos que en forma palmaria surgen de las pruebas que se acompañan. Por lo que el obrar debe ser considerado a título de dolo».
Para los denunciantes «humildemente, pero con sinceridad y realismo, las acciones omisivas de Luciani, Gutiérrez y Patetta revisten también los caracteres de malicia señalados como más propios de la figura general del artículo 248 C.P.N.»
«Luciani, Gutiérrez y Patetta también han sido sujetos activos del delito previsto en el Artículo 249 del Código Penal de la Nación, donde el bien jurídico es la tutela de la eficiencia de la función pública para que efectivamente sea desempeñada de modo normal y diligente», agregan.
Hechos (repasando algunos)
En un apartado con dicho nombre, la presentación retoma de modo detallado lo sucedido años atrás cuando «el 13 de junio del año 2013 se sancionó y promulgó la Ordenanza N° 6.224, que expresamente prohíbe en todo el Partido de Luján la instalación de industrias denominadas de tercera categoría, por su condición de peligrosas y altamente contaminantes». Allí se rememoran las posturas y posicionamientos políticos del entonces concejal Oscar Luciani, Pablo Tonini y Carlos Pedro Pérez, entre otros.
En dicha presentación, Carlos Pedro Pérez se lleva un pasaje ineludible, expresado en aquella sesión: «…¿Nosotros vamos a confiar en Luján… en los controles que puedan hacer los organismos nacionales y provinciales para que las industrias que se instalen en Luján no contaminen?», citan los concejales peronistas.
Luego de refrescar los inicios de la empresa Araucaria Energy y sus conocidas vinculaciones con funcionarios del gobierno nacional, se centra en lo que pasó en Luján. «El 28 de septiembre de 2016 comienza un sinuoso y confuso recorrido de presentaciones y gestiones administrativas, inicio de expedientes y trámites cuya característica dominante es la opacidad, el ocultamiento, el desorden, que más que torpezas o casualidades, parecieran finalmente llevarnos a una estrategia deliberada».
El escrito describe desde los inicios de expedientes durante el 2017, hasta los pedidos realizados por la concejal Pereyra, pasando por documentación oficial sin firma y la generación de nuevos expedientes donde se deja leer datos como el siguiente: «…en un apartado llamado «La participación de la Municipalidad de Luján, y del Sr. Intendente, en los trámites de construcción y habilitación de la Central”, donde en su tercer párrafo dice: «Luego de las reuniones iniciales –en las que Ud. (en alusión al Intendente) manifestó su voluntad de cooperar con la concreción del proyecto-, el Municipio a su cargo expidió una nota formal (con su firma) en la que reconoció la existencia del citado Decreto PEN 134/15, mencionó la ubicación estratégica de la central, y valoró que la misma aseguraría la provisión de un servicio eléctrico adecuado para la población (del) partido».
Otro de los puntos mencionados fue lo sucedido con el tratamiento legislativo durante los meses de noviembre y diciembre de 2017, desde la llegada a la Comisión de Urbanismo hasta lo que se desarrolló en las siguientes sesiones donde inicialmente se le aprobó la rezonificación pero que luego fue derogada.
«En nuestro análisis, el Departamento Ejecutivo indujo a error al Concejo Deliberante. Un dato concluyente y categórico: los concejales que confundidos, inducidos o ‘apurados’ votaron a favor de la norma, a los 15 días, contrarium-sensu o contra-imperium, votaron su derogación. A posteriori de la sesión del 6 de noviembre, se generaron inquietudes en la comunidad y en los medios de comunicación. Empiezan a revelarse varios de los datos ocultos que ya mencionamos y que hasta ese momento no habían tomado notoriedad o estado público», analizan.
Resumiendo
Desde que el escándalo de Araucaria Energy se instaló en el municipio de Luján, la posibilidad de acceder a información y de analizar datos en pos de encontrar claridad en el tratamiento del caso fue nula, con apenas alguna grietas que los propios medios de comunicación supieron generarse. Por ello el «inmediato allanamiento de la Municipalidad de Luján con el objetivo de secuestrar los expedientes originales, es otro de los pedidos. Como también el de la clausura de la planta termoeléctrica.
«Como corolario, sostenemos que esta aparente comedia de enredos, en realidad, se trata de un verdadero despliegue de artilugios, artimañas, que montaron intencionalmente una maquinaria de confusiones y mentiras a designio. Está claro que los sujetos denunciados han obrado con dolo, o sea, que sabían y querían cometer estos ilícitos. Entendemos que en todas estas circunstancias hay reprochabilidad personal y disvalor objetivo en sus acciones. Todo esto refuerza la convicción de que hay una actitud deliberada y continua en el tiempo de parte de estos funcionarios de violar los deberes a su cargo», añaden.
Ahora la presentación deberá seguir su curso en un contexto donde se acerca la inauguración del periodo deliberativo en la cual se espera que el intendente municipal exprese un posición clara ante la situación que viven las vecinas afectadas y el resto de la comunidad de Luján, que poco y nada sabe sobre este conflicto de proporciones.
