El frío de la ruta no se parece en nada al de la ciudad. Sin cemento que lo detenga se extiende por el campo a sus anchas y se te pega en todo el cuerpo. Lo conocen muy bien los trabajadores del peaje en el kilómetro 86 de la Ruta 5 entre Luján y Mercedes, en la localidad de Olivera. Lo conocen mejor desde este año, cuando les cortaron el gas de las oficinas y las cabinas. Los turnos sin calefacción se hicieron cada vez más largos.
Pero la desidia y el abandono empezaron antes. Hace ya dos años que el Gobierno nacional decidió congelar los sueldos de todos los trabajadores estatales. Corredores Viales, el organismo encargado de la gestión, operación y explotación de más de 6000 kilómetros de rutas nacionales, no fue la excepción. “Desde que asumió Milei Corredores Viales acató la orden del Estado nacional de no incrementar salarios. Esa fue la primera piña”.
Como una piña. Así lo describe Facundo Coria el referente del SUTPA (Sindicato Único de Trabajadores de Peaje y Afines) en la CGT regional. Que haya sido la primera quiere decir que llegaron más.
“Cuando arrancó el gobierno de Milei, no tenían la gente para los distintos sectores, por eso en Corredores Viales hicieron un vacío. Y a fines del año pasado directamente cortaron el diálogo con el sindicato. Lo retomaron recién este año, más o menos a fines de mayo. Fue para avisar que iban a despedir a todos, haciendo uso de la figura del despido de común acuerdo incluida en la ley de modernización laboral”.
“El sindicato no acata, pero contra la voluntad de despedir de una patronal no hay mucho para hacer”, aclara resignado. “Es despedir y que lo paguen todo. Ellos ofrecen más, el 110%, pero a pagar en cuotas. Hasta 12 o más a los compañeros de mayor antigüedad”.
El mecanismo al que se refiere se apoya en las modificaciones de la reforma laboral, que busca habilitar el pago de las indemnizaciones en cuotas mensuales, alterando el espíritu tradicional del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
La idea, explica, es que la indemnización funcione como una especie de sueldo mientras el trabajador despedido consigue otro empleo. A un mercado laboral de por sí cada vez más saturado y precarizado se le suman más dificultades.
“Por su edad, la persona que lleva 20 años trabajando no va a tener muchas chances en el mercado para conseguir otro trabajo. Y con esa modalidad de pago le quitan incluso la posibilidad de ponerse un microemprendimiento para subsistir, cosa que podría si cobrara toda la plata junta”.
El 1 de julio el frío invernal se asentaba en el cuerpo. Mientras las familias de los trabajadores de Olivera esperaban respuestas, el traspaso ya era un hecho consumado en un despacho. El Estado dejó de operar el tramo de la Ruta 5 entre Luján y Santa Rosa —546 kilómetros— y se lo entregó a CEOSA, la mega constructora mendocina con obras en diferentes puntos del país. Una de las tantas privatizaciones en marcha.
El impacto de esta transacción alcanza a más de 400 familias a lo largo de todo el tramo, 80 de ellas las de los trabajadores de Olivera. Tal y como explica el referente gremial, el Estado se hará cargo de sus indemnizaciones en cómodas cuotas y de hacer el trabajo sucio. La empresa solo tendrá que levantar las persianas y explotar las rutas con una nueva tecnología: el free flow. Este sistema elimina las cabinas tradicionales e identifica a los vehículos mediante la lectura de sus patentes.
En cuanto a las obligaciones de la concesión, las exigencias no son muchas. Ceosa solo deberá bachear, señalizar, iluminar y conservar las banquinas. Lo mínimo indispensable para mantenerlas transitables. La obra real, lo que convierte una ruta fría en autopista, solo está prevista para apenas 70 de los casi 1900 kilómetros que abarca la concesión completa. Todo el esquema se financiará con lo que la empresa
recaude de los mismos autos y camiones que circulan a diario. En otras palabras, la empresa se paga sola con la plata de los usuarios de la ruta.
“El gremio de peajes decidió no negociar ni firmar nada con el Estado porque es avalar una imposición. Fue directamente a la negociación con los privados que entran a explotar la actividad, para charlar con ellos tanto la reconversión como la reincorporación de los compañeros”, cierra Coria.
Mientras el sindicato negocia los puestos, en Mercedes hay quien ya sabe que la batalla estaba perdida hace mucho tiempo. Marcelo Suárez, referente de la Comisión de Vecinos contra el Peaje, llevaba años reclamando por descuentos para vecinos, rutas alternativas y el cumplimiento de sus obligaciones por parte del Estado. El año pasado, cuando el gobierno disolvió Vialidad Nacional, escribió sobre las rutas cada vez más abandonadas y lo calificó como una derrota. Su perspectiva de la situación en declaraciones a medios mercedinos fue contundente: “Vamos a seguir pagando peaje, mucho más caro que antes y sin trabajadores”.
