«Dar de baja las pensiones es mi trabajo», dice Spagnuolo en uno de los audios que dio a conocer el periodista Mauro Federico. El material involucra a diversos funcionarios del círculo íntimo del presidente, incluido él y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en una nueva causa de corrupción.
Los recortes de pensiones por goteo comenzaron antes de que se pensara en declarar la situación de emergencia, motivo de la elaboración de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que Milei vetó. Puntualmente, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) inició auditorías para detectar irregularidades en la concesión de las ayudas en septiembre del 2024.
A la fecha, se suspendieron 110.000 pensiones, y se estima que el número podría ascender a más de 400.000 para fin de año. En Luján ya son más de 110 las bajas confirmadas.
La pensión por discapacidad es un derecho reconocido en convenios internacionales (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la ONU, ratificada por la Argentina en 2008). Esto se traduce en un piso $374.744, pero con una tasa de retención del 20 % que se queda la ANSES, hoy el monto real está en $299.795, que da el Estado para que las personas puedan desarrollar su vida de la manera más independiente posible.
Hay 1.300.000 de pensiones no contributivas, pero existen más de 5 millones de personas con discapacidad en el país (se calcula que aproximadamente el 50 o el 60 % reside en la provincia, según oficializó Axel Kicillof en su reciente visita al Taller Protegido Municipal).
«No puedo trabajar, porque no me dejan, no porque lo elija. Yo me muevo para todos lados, ando en bici, pero no me dan trabajo. Si no pago el alquiler, nos echan», expresó Romina Carreño, madre de dos hijos, vecina discapacitada a quien recientemente le quitaron su pensión.
Entre los motivos oficializados para la quita de pensiones figuran la falsificación de discapacidades y la posesión de bienes significativos (vehículos de lujo, grandes propiedades e incluso aviones y embarcaciones) o tener un empleo formal. Cabe añadir que las pensiones por discapacidad son incompatibles con otros beneficios del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (hoy sábado 30 se conoció que esta dejará de estar disponible para un grupo importante de personas).
A Juan Marcelo Rodríguez le sacaron la pensión hace quince días. «En veinticinco años, esta es la primera vez que me pasa esto: fui a cobrar y me dijeron que me habían dado de baja. Me enviaron una carta de un domicilio en el que hace treinta años que no resido», explicó. Juan recibía la pensión por invalidez, condición producida por la polio: «Trabajo no me da nadie».
El ajuste de Spagnuolo no se limitó a las pensiones. La Agencia también despidió a 340 trabajadores, incluyendo personas con discapacidad y empleados con más de veinte años de antigüedad.
Ese recorte de personal dejó a la ANDIS sin operatividad para atender a sus beneficiarios, lo cual afecta áreas clave como las de accesibilidad a la información y de la recepción de llamadas. Así se produce un círculo vicioso que impide que miles y miles de personas accedan a sus derechos.
Paralelamente, el programa Incluir Salud, la obra social para personas con discapacidad, también sufrió una reducción de sus partidas. Esto generó una «emergencia» para los prestadores de salud y de educación, quienes han visto sus honorarios congelados desde diciembre del año pasado, lo que ha llevado los salarios a niveles por debajo de la línea de indigencia.
Perla Mascheroni, docente jubilada lujanense, mamá de Claudio, quien tiene hemiparesia tras contraer meningitis en el Hospital de Moreno, contó que su hijo dejó de recibir Incluir Salud: «Nadie nace discapacitado porque quiere. Y nadie puede estar seguro de que en un momento de su vida no va a ser un discapacitado más».
