El Taller Protegido “San Juan XXIII” funciona desde 1973 en Luján. Fue fundado por María Generosa Galán y un grupo de personas ligadas a la parroquia Sagrado Corazón, con la intención de generar un espacio de formación y contención para personas con discapacidad intelectual luego de su paso por la escuela especial. Actualmente, 63 operarios asisten al Taller en dos turnos diarios.
Durante la jornada, los operarios trabajan en la producción de bolsas, trapos de piso, rejillas, alfombras, cepillos y distintas manualidades. El espacio no solo se organiza como lugar de trabajo, sino también como ámbito de acompañamiento integral.
“El Taller es mucho más que un lugar de trabajo, o por lo menos, pretende serlo. Trabajamos en formar hábitos que les permitan desempeñarse con autonomía, que generen conductas positivas en el mantenimiento de la salud y de las relaciones interpersonales”, explicó Adriana Orlando, presidenta de la Comisión Directiva del Taller y agregó que dentro de sus tareas también “los acompañamos y asesoramos en trámites, mantenemos una comunicación fluida con las familias en pos de prevenir conflictos o favorecer su resolución, generamos espacios de comunicación y reflexión”.
El funcionamiento cotidiano del Taller está a cargo de una coordinadora, tres supervisoras, una encargada de ventas y una auxiliar de limpieza. La Comisión Directiva, compuesta por nueve personas y la Comisión Revisora de Cuentas cumplen funciones ad honorem y junto a un grupo de voluntarios que colabora en distintas tareas.
Desde hace siete años, también funciona un Centro de Día en Parque Esperanza, que recibe a operarios que han perdido su capacidad productiva. Allí, un equipo de profesionales trabaja con nueve personas que asisten de lunes a viernes. «Los asistentes desayunan, almuerzan y meriendan, donde se utiliza material didáctico y lúdico, además de un protocolo de seguridad y normas reguladas por Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad y las obras sociales y prepagas”, detalló Adriana.
La mayoría de los operarios provienen de hogares con carencias estructurales. Esto ha llevado al Taller a asumir funciones que exceden lo productivo. “Desde hace dos años aproximadamente permitimos que se bañen y laven su ropa proveyéndoles los insumos, al detectar que muchos hogares no cuentan con agua caliente y poseen baños precarios”.
Los recursos estatales no alcanzan. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires transfiere $37.000 mensuales por operario, lo que apenas cubre cargas sociales y electricidad. A su vez, tanto esa cartera como el Ministerio de Trabajo de Nación depositan $28.000 a cada operario. Sin embargo, la institución no recibe un aporte directo del ministerio nacional.
“Estamos siempre al borde del precipicio. Gracias a Dios existen muchas personas generosas y de buen corazón que nos ayudan”, reconoció. Entre los aportes mencionó las donaciones diarias de panaderías Lucca y El Trébol, el trabajo tercerizado y los insumos donados por la empresa Cordero, y el equipamiento que recibió del banco Credicoop.
“La comunidad nos ayuda un montón. Es una institución que tiene 52 años de antigüedad y asisten 63 personas con discapacidad intelectual no solo de Luján sino además de localidades vecinas. Somos conocidos, la gente nos ayuda, las familias, los comerciantes, el municipio, empresas, amigos, socios, vecinos… y eso nos reconforta y enorgullece”.
Más allá de los aportes y el acompañamiento social, desde el Taller consideran que no hay un abordaje estructural de la discapacidad. Cuestionan los largos plazos de espera para acceder a tratamientos y señalan que algunas obras sociales, como IOMA, no llegan a cubrir el 50% de los costos que sí cubre, por ejemplo, PAMI. “¿Sabían que IOMA tarda años en aprobar y efectivizar el aporte de las prestaciones de los Centros de Día? En realidad, nunca lo logramos”.
Adriana advierte que “la discapacidad es un caballito de batalla político lleno de palabras y pocas acciones”. Y agrega: “Hablar de inclusión no es solo ‘permitirles’ participar de actividades públicas, o convocarlos para reuniones, festejos o desfiles”.
“Nos esforzamos por mantenerlo en un rango de confort y tranquilidad que no afecte directamente a operarios ni a empleados, dándoles la seguridad de cobrar sus sueldos y hacer los aportes correspondientes, sosteniendo la producción y un espacio donde puedan desarrollarse con confianza y tranquilidad. Esto no quita que hemos tenido situaciones acuciantes, ni momentos de angustia por tener que priorizar algunas necesidades por sobre otras” aclara la presidenta.
Desde la institución proponen algunas alternativas: mayor inversión del Estado, reducción de cargas sociales, estímulo a la colaboración privada mediante beneficios fiscales, o subsidios parciales para afrontar el pago de sueldos. “No soy experta en política social, pero la experiencia me indica que, con mayores recursos económicos bien distribuidos en proyectos claros, medibles u observables se lograría alcanzar mayores resultados positivos y acercarnos al ideal de inclusión social y laboral que deseamos para nuestros operarios”.
Sobre el rol del Estado, Adriana comenta: “Sí, diálogo tenemos pero nos quedamos en pequeñeces. Las cuestiones de fondo siguen sin resolverse”.
Como mensaje final, remarcó: “La situación de las personas con discapacidad es diversa y frágil, cualquier detonante puede acarrear consecuencias difíciles de revertir. Necesitan estabilidad y seguridad para que sientan que sus derechos existen y son respetados. Desde el Taller estamos comprometidos en ello, pero son muchos los factores que nos exceden. Por lo tanto, aquellos que tienen las herramientas y el poder para mejorar las condiciones que conlleven a lograr mejorar la calidad de vida de estas personas, de manera duradera y definitiva es ahora”.
Quienes quieran visitar sus redes pueden hacerlo a través de su Instagram, y conocer su trabajo presencialmente en Lavalle 674, Luján.
