Conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejo firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner en los medios de comunicación circuló que la Corte habría tan solo demorado 46 días en resolver la cuestión.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el más alto tribunal de la República Argentina. Órgano máximo del Poder Judicial. Su misión es asegurar la supremacía de la Constitución, ser su intérprete final, custodiar los derechos y garantías enunciados en ella y cualquier estudiante de derecho incorpora con facilidad que la Corte es la “guardiana de la Constitución” por eso de “custodiar”.-
Cristina Fernández de Kirchner antes y después de soportar su condena firme la describió como “la guardia pretoriana del poder económico».-
De ahí nace la parte final del título. Ahora veamos la primera.
Nos sorprendió extremadamente este escaso período de tiempo en que tamaña resolución se habría tomado. Se le podrá objetar a nuestra sorpresa que la causa en todas sus instancias lleva varios años, pero esa primera reacción frente a los 46 días despertó una serie de interrogantes y reflexiones dado que los justiciables en nuestro país no estamos acostumbrados a que los recursos, revisiones, quejas, etc., presentados ante superiores jerárquicos –Cámaras de Apelaciones y Cortes- contra resoluciones de jueces inferiores se resuelvan con esa celeridad, con tanta prontitud no exenta de desbordante sagacidad.
Carlos Pagni en su editorial predictiva del lunes pasado expresaba sobre el particular un concepto al cual hemos hecho mención en esta columna la “ocasión” en términos de Maquiavelo, para quien la ocasión es contigua y se corresponde con los conceptos que la distinguen de: fortuna y virtud. La virtud como habilidad perceptiva y capacidad de acción para aprovechar ciertas circunstancias.
Nuestros interrogantes y reflexiones apuntan en el mismo sentido de lo deslizado en esa televisada editorial; no nos referimos a si al fallo le asisten razones (los méritos de su contenido) o su justicia, si es bueno o malo, si compartimos esa decisión más allá del deber de aceptarla con independencia de sus méritos. A nada de ello nos referimos.
No nos referimos tampoco al “qué y porque” se dice en el fallo, al “cómo” o el estilo del fallo. A nada de ello nos referimos, entonces dejamos claro que solo hablamos y nos posicionamos en el “cuando” se decide dictar este fallo y no otro.
Es en ese “cuando” que, en nuestra opinión, nos hace saber que su efecto en el presente -previsto o no- implicó una decisión política que profundiza divisiones en un contexto muy particular de crisis de la representatividad democrática.
Para informar esta irrupción, del “cuando” se dice institucionalmente que cosa, necesariamente debemos acercarnos a una cuestión técnica que nos va a ayudar para comprender la afirmación que hacemos seguidamente: la Corte no tiene plazos para dictar sus fallos, entonces porque lo hizo “cuando”.
Veamos brevemente el asunto.
El constitucionalista Néstor Pedro Sagüés en un artículo de asequible lectura se refiere al tema titulando «La Corte no tiene plazos, una leyenda urbana” en realidad se refiere a que es “el derecho internacional de los derechos humanos” el que impone la premura en dictar las resoluciones para casos específicos como puede ser un “hábeas corpus” y que todo ello es derecho incorporado al derecho patrio, por lo tanto vigente y obligatorio. Reconociendo al final de su artículo que “si los códigos procesales omiten indicar en qué plazo debe pronunciarse la Corte, esa laguna no puede autorizar términos que afecten la efectividad y rapidez correspondientes al proceso en cuestión”. Ergo los códigos no imponen un plazo a la Corte.
Esto último es ampliamente compartido por todo operador jurídico aunque en la práctica es tradicional y hasta redundante escuchar que “los plazos solo corren para las partes y que los Jueces no tienen plazos”; de ahí que existen dos tipos de plazos: los “perentorios” y los “ordenatorios”. Los primeros van dirigidos a las partes litigantes, quienes al ejercitar un derecho tienen la carga de hacerlo en cierto tiempo sino lo pierden y los segundos van dirigidos a los órganos jurisdiccionales, que no sufren esa consecuencia. Y la diferencia no es un privilegio, sino que hay razones muy válidas para que ello funcione de dicho modo, como ser los intereses públicos en juego (el servicio de justicia), donde no sería admisible que un derecho caduque o pierda validez por la decisión tardía de los jueces.
Como vamos advirtiendo somos de opinión que la Corte no tenía el deber de respetar ningún plazo para el dictado del fallo y que dado el contexto su dictado implicó o provocó una decisión política que impacta en la prohibición a la candidatura Cristina Fernández de Kirchner y al ostracismo de su imagen política que con cierta virulencia estamos viendo por estos días.
De haberse dictado el fallo con posterioridad a los actos electorales previamente programados y sin entrar en las razones de la decisión y suponiendo una confirmación, como se hizo, no hubiera frenado la condena sino tan solo la ejecución de la pena, por un tiempo o por un cuándo; entonces en términos políticos la decisión del “cuando” fue tendenciosa, inoportuna e inconveniente, dado que empuja a un sector considerable de la sociedad a chocar con viejos recuerdos de profanaciones y persecuciones.
En un artículo del año 2022 el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni se preguntaba si “¿Es realmente republicana nuestra magistratura?” en el cual expresaba que la persecución política ahora llamada lawfare es consecuencia de “fallas institucionales que habilitan el espacio de arbitrariedad en que se despliega esa patología republicana” causada por un vetusto diseño institucional que facilita la concentración de poder en las instancias superiores y observa que la magistratura no funciona aun peor dado al “alto nivel de nuestra cultura jurídica académica, que hace que en las instancias inferiores no funcione tan mal como sería de prever si la mirada se limitase a las instancias más altas”.
Subraya Zaffaroni un dato no menor: “Nuestra Corte Suprema se compone de cinco jueces, cuando la Constitución originaria de 1853 preveía nueve, en tiempos en que nuestro país contaba con dos millones de habitantes. Este número fue suprimido en la reforma impuesta por el porteñismo centralizador en 1860, en violación del propio texto de 1853, que prohibía su reforma durante un mínimo de diez años. Lo tribunales supremos de todo el mundo son más numerosos que nuestra Corte, incluso en países con mucha menor población y conflictividad que el nuestro (en los Estados Unidos tiene nueve jueces, en Brasil once, en Colombia y Ecuador nueve, en Costa Rica veintidós, etcétera)”.
Esta concentración de poder en manos de tres personas es contraria a elementales principios republicanos, y para ello nuestro autor citado da claros ejemplos: “De este modo, tres personas deciden si les interesa revocar cualquier sentencia y, además, declarar en última instancia no aplicar una ley que consideren inconstitucional, sentenciando en decenas de miles de causas por año (lo que no pasa de una ficción) y en materias que sus jueces no conocen, porque nadie puede conocer todo el derecho como para ser la última y máxima instancia ordinaria ataviada de extraordinaria. La ficción es doble, pues presupone en tres personas una capacidad de trabajo y un conocimiento del derecho inconcebibles en ningún ser humano. A estos poderes concentrados se agrega en el último tiempo una maniobra que permitiría a la Corte intervenir decididamente en el Consejo de la Magistratura, o sea, en la selección de los futuros jueces. Además, fija los sueldos de todos los magistrados y el personal judicial federal y nacional y nunca ha renunciado del todo al manejo del presupuesto”.
Sin duda este “cuando” del dictado del fallo que intentamos someramente analizar no signifique una “ocasión” virtuosa para establecer un derecho democrático con autoridad de ser obedecido incluso cuando estamos en desacuerdo. Un derecho como describía el ex Juez de la Suprema Corte de la Provincia de Bs. As. Dr. Héctor Negri: como proyecto de armonía y paz social.
Y en ese movimiento del momento entre recuerdos trágicos, balcones y afectos, se termine determinando un sujeto que comprenda inexorable y ostensiblemente que es el momento de la unidad del campo nacional y popular.