La motosierra no para y las personas con discapacidad sufren un nuevo guadañazo del gobierno nacional, frente al recorte de pensiones y programas de asistencia. Frente al ajuste libertario, las organizaciones que trabajan en la inclusión, ONG, partidos políticos y organizaciones sociales impulsaron la declaración de la Ley de Emergencia, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Frente a la posibilidad de que se concrete la aprobación en el Senado y se imponga la necesidad de invertir recursos del Estado en la inclusión, ya circula la posibilidad del veto presidencial y de ahí que se refuerza la campaña en todo el territorio. Por eso, también desde el Concejo Deliberante de Luján se pidió por la declaración y se problematizó en el recinto la difícil situación.
Algunas de las instituciones presentes fueron el Taller Protegido Juan XXIII, Sinergia, Solcito Ecológico, El Centro de Día “Queca Galán” y el Hospital Cabred.
El director del Hospital Cabred en Open Door, Jorge Rossetto, y la directora asociada Cecilia Keena, explicaron el impacto del ajuste en la institución, sobre todo en los 180 pacientes externados que dependen de programas estatales para desarrollar la autonomía en los y las pacientes. «Hoy la están pasando mal. Llegaron más de 500 cartas documentos suspendiendo sus ingresos, que hace posible su vida en la comunidad. Esto es muy grave», explicaron y pidieron al cuerpo legislativo que no fueran indiferentes.
Del mismo modo, el resto de las instituciones dieron cuenta de que los y las pacientes están disminuyendo la cantidad de días a la semana que asisten a los espacios, por la falta de asistencia económica en el transporte y las crecientes dificultades para sostener tratamientos, alimentos y asistencia médica.
«Son personas con derechos, tenemos que cortarla con el maltrato», planteó otra trabajadora del sector y pidió trabajar por la inclusión. Entre los bajos salarios, el aumento del costo de servicios y los recortes generalizados, el trabajo en instituciones se vuelve cada vez más difícil. «Nuestros espacios ya no son sostenibles. Necesitamos que el Estado se haga cargo», plantearon.
Desde su banca libertaria, Micaela Varela pidió leer e intentó sostener el tono, pero la emoción le fue ganando. Si bien su padre sufre una discapacidad y se mostró conmovida con la situación, aclaró que la problemática no se resuelve con una ley de emergencia ni con declaraciones desde el Concejo Deliberante.
La oficialista Eva Rey le tendió una mano: «yo la entiendo, porque si realmente está preocupada en el tema, se encuentra en una encrucijada», le planteó, aunque la libertaria no cambió su voto negativo. Desde la Unión Vecinal y el PRO se abstuvieron de votar, sin justificar su voto.
El proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.
