Luego de una maratónica sesión, Diputados trató este jueves a la madrugada el proyecto y le dio media sanción con un total de 143 votos afirmativos, 71 en contra y 3 abstenciones. Presentado por la oposición, la iniciativa será enviada hacia el Senado, aunque desde Casa Rosada ya adelantaron que vetarán «cualquier iniciativa que altere el orden fiscal».
La Ley que fue presentada, apunta a garantizar derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad, en un contexto de recortes y demoras en los pagos. Se trata de un proyecto presentado por el diputado Daniel Arroyo y otros legisladores, que proponía declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.
El objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social. En la previa del tratamiento en Diputados, decenas de personas se volvieron a reunir en la Plaza Colón, para manifestar la necesidad de que se apruebe esta Ley.
De esta forma, lo que finalmente tuvo media sanción fue la iniciativa que recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC. La Emergencia en Discapacidad en todo el territorio, si el senado lo aprueba, será hasta el 31 de diciembre del 2026, pudiendo prorrogarse por un año más.
Desde la Asociación Autismo Luján, que participaron de la jornada de visibilización, remarcaron que «Se está tocando al sector más vulnerable, al que no se puede defender, en un contexto económicamente muy complicado. El reclamo de los prestadores es muy simple, que le paguen por lo que trabajaron. Que les paguen un sueldo digno. No cobran ni vacaciones, ni aguinaldo, nada, son monotributistas como cualquier otro», comentó Patricia Blomstrom, copresidenta de Autismo Luján.
El último aumento que recibieron los trabajadores y trabajadoras que prestan un servicio a personas con discapacidad fue en octubre de 2024, donde la actualización fue del 1%, a cobrar en enero de 2025. A esto, se le suma que la mayoría de estos prestadores no reciben su salario a tiempo: «Si los prestadores no cobran un salario digno, tarde o temprano se van al sistema privado. Eso es discriminativo, porque va a terminar pasando de que no va a haber más prestadores en el sistema público y para contar con un prestador del sistema privado tenés que tener un poder adquisitivo alto, como para tener una calidad de vida buena», aseguró Anabella Diegues, copresidenta de Autismo Luján.
Desde la asociación expusieron que parte de este recorte brutal que realiza el gobierno nacional, es para pagar al Fondo Monetario Internacional: «Para el gobierno nacional somos un gasto, nos ven como dinero que se va y no vuelve. El recorte que hacen es para mantener el déficit cero. Estamos volviendo al modelo de exclusión, de descarte», remarcó Blomstrom.
Quienes padecen estos recortes a diario, relatan que la situación es insostenible: «Acá no te van a meter en un gueto, no te van a matar, no te van a tirar por un acantilado, como hacían los griegos, pero te recortan todo y así la gente se va a empezar a quedar sin prestaciones, sin comida, sin forma de vida, los padres vamos a tener que dejar de trabajar para cuidar a nuestros hijos. Esto es fascismo. Tendrá otra forma, otro color, será más bonito, pero es querer asesinar a una parte de la población, a cuenta gotas, a los sectores más vulnerables: a los viejos, a las personas con discapacidad», expuso Ianina Ojeda, miembro de Autismo Luján.
