Los trabajos de reconversión del basural a cielo abierto más grande del país aún no se retomó, pese a que el Juez de la causa resolvió dar continuidad a los trabajos en la vieja estación de Sucre, al argumentar que implica un grave daño ambiental y social que la obra quede en suspenso.
Pasaron largas semanas sin que el grupo vecinal que padece la contaminación y que organizó la lucha tenga novedades. Por eso acudieron a la Defensoría Pública para que el organismo presente un pedido de intimación dirigido al gobierno nacional, pero también alcanza a la provincia -supervisora de las obras- y al municipio de Luján.
En la misma semana, Guido Lorenzino, defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, visitó el basural y reprochó la “la desidia, la inoperancia y la mala voluntad del gobierno nacional», respecto a esta obra.
Sobre la figura de Daniel Scioli, Lorenzino hizo especial hincapié y adelantó que lo intimarán para que cumpla con sus funciones. En el mismo sentido avanzaron los y las vecinas.
Desde mediados de mayo el juez Portocarrero Tezanos Pinto volvió sobre sus pasos y, si bien fue quien en un primer momento ordenó la cautelar a pedido de los empresarios Carlos Reyes Terrabusi y Viviana Novelle, dio marcha atrás y permitió el avance de la obra que había quedado con un alto grado de avance.
El escrito presentado por la Defensoría pide conocer en qué estado de situación se encuentra el proyecto. Se sabe que los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) están bajo el control del gobierno nacional y suponen que el paso del tiempo hará necesaria una readecuación del proyecto para ajustarse al presupuesto. «A la fecha no hemos tenido conocimiento de ningún avance al respecto», recalcan los y las vecinas.
Entre otros aspectos, el juez Portocarrero Tezanos Pinto reconoció al momento de levantar la cautelar y permitir que la obra avance, la cuestión presupuestaria y lo que significaría perder la posibilidad de construir un centro ambiental moderno, que facilite el reciclado y la inclusión de laburantes a diferencia de lo que hoy sucede.
«Estando en juego los derechos oportunamente invocados, venimos a solicitar que se intime a la Secretaria de Turismo, Ambiente y Deportes de Nación y a la Municipalidad de Luján para que informe sobre el avance de la obra», concluye el petitorio presentado por la defensora Verónica Vieito a nombre de los y las vecinas del barrio San Pedro.
