El cuerpo de delegados y delegadas de Suteba Luján rechazó la media sanción que dio la Cámara de Diputados de la Nación a la Ley Finocchiaro el miércoles. Desde el gremio, sostuvieron que el proyecto del exministro de Educación de la Nación avanza en la mercantilización de la educación.
«¿Por qué es importante pensar a la educación como un derecho social? ¿Qué está en riesgo si la educación es un “servicio esencial”? En primer lugar, es importante destacar que los derechos se ejercen, en cambio, los servicios se “prestan”«, sostiene el comunicado del gremio.
Desde el cuerpo de delegados expresaron que como docentes trabajan para que la Educación sea considerada y respetada como un derecho social y humano, que sea inclusiva y de calidad, que cuente con los recursos suficientes provenientes del Estado y «no sea un negocio más para las ONGs, empresas privadas y fundaciones que hoy pretenden tener mayor injerencia en las definiciones de política educativa y lucrar».
Al mismo tiempo, agregaron que «la educación como derecho social hace referencia y reafirma los derechos de la ciudadanía, en este caso, estudiantes y docentes, a construir, elaborar, acceder a herramientas éticas, morales, conceptuales para formar o proyectar un (su) expectativa a futuro».
Con respecto a la obligación de mantener una guardia mínima de personal durante los días de paro, desde Suteba Luján expresaron que «el gobierno nacional insiste con limitar al extremo de impedir, lisa y llanamente, el derecho de huelga a los docentes, consagrado en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional».
Además, resaltaron que el cambio de derecho a servicio esencial plantea como consecuencia que se dejaría de demandarle al Estado el respaldo y mantenimiento de las instituciones educativas.
Por último, el cuerpo de delegados y delegadas, alertó «la gravedad institucional, democrática y el espíritu anticonstitucional que dichas medidas neoliberales pretenden realizar a través de derogaciones de leyes esenciales».
Y concluyeron que lejos de buscar un avance pedagógico o mejorar la educación, lo que el gobierno impulsa una política para restringir el derecho de huelga.
