Vecinos y organizaciones llevaron la problemática al recinto deliberativo. La propuesta de cierre se disolvió y avanzó un plan de «transformación, parquización y puesta en valor de las tierras». Además el reciclado que incluya a los trabajadores informales. Luciani tendrá un año para aplicar el proyecto.
Finalmente la propuesta impulsada por el concejal de Unidad Ciudadana Nicolás Capelli sumó el acompañamiento de la oposición y varias organizaciones sociales y políticas que en el trascurso de los últimos días le imprimieron modificaciones. También el bloque princista aportó una resolución que aborda la problemática urgente de los incendios.
Antes del tratamiento César Siror recordó que la intención de su bloque era que la sesión se realice en el barrio San Pedro con presencia del intendente y los funcionarios. “Son maneras de entender el estado y la necesidad” sostuvo el edil de Unidad Ciudadana PJ y llamó a incentivar la participación vecinal aunque “sabemos que al intendente le cuesta venir y dialogar con los vecinos”.
La propuesta legislativa del edil Capelli compila ordenanzas, comunicaciones y resoluciones, sumado a los aportes de los ediles opositores, vecinos de barrios cercanos al basural y organizaciones sociales.
Carolina Francia, referente de Vamos – Patria Grande pidió la palabra para insistir en «garantizar el acceso a la salud de forma integral a través de una gestión con inclusión social» relacionado a las 50 familias involucradas en trabajos informales relacionados con el basural para las cuales se elaborará un registro para incluirlos en programa de inserción laboral.
Notablemente enojado Sergio Almada Presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio San Pedro y referente en la lucha por el cierre del basural comenzó su intervención pidiendo la presencia del intendente y sus funcionarios. «Queríamos verle la cara a Luciani hoy» dijo. Y advirtió «que la gente se va a calentar en serio, empiecen a trabajar en serio. Dejen de tomarnos por estúpidos«.
No se incluyó la propuesta original que contemplaba la “clausura temporaria y transformación a una planta de transferencia separación y reciclaje de residuos sólidos urbanos”. Tampoco se incorporan las tasas de recolección, disposición final de residuos y servicios generales en la factura de luz contempladas originalmente.
Los aportes incorporados por el bloque princista (Unidad Ciudadana PJ) instan al ejecutivo «de manera urgente e inmediata las acciones necesarias tendientes a apagar los focos de incendio en el basural municipal» y pide un informe detallado sobre «los movimientos de fondos y partidas presupuestarias».
El edil Nicolás Capelli (Unidad Ciudadana) rescató en su intervención que «este proyecto es el resultado de la lucha vecinal» y pidió un aplauso para Sergio Almada «que está dejando en esto la vida». Además, resaltó «la participación de los 20 concejales y de las organizaciones políticas como Vamos – Patria Grande, Trapos, Juan Carlos Juárez, Gestar y Braian Vega».
«Proponemos la transformación del basural a una planta de transferencia y reciclado que incluya a los trabajadores informales. Soy un convencido que estos proyectos tienen que cerrar con la gente adentro» resumió el concejal.
El trabajo legislativo en sí, tiene como eje principal empujar al gobierno local a «elaborar y publicar, en un plazo no mayor a los 60 días de promulgada la ordenanza un plan de transformación, parquización y puesta en valor de las tierras del basural municipal a cielo abierto«. Luego el Ejecutivo tendrá un año para concretar las acciones definidas en el plan de transformación.
Para los grandes generadores de residuos domiciliarios se establece que «deberán resolver, de forma prioritaria, la gestión de sus residuos porción seca con las Cooperativas o trabajadores organizados del partido».
Finalmente la propuesta incluye la creación de una Comisión Especial de Seguimiento al «Plan de Transformación, Parquización y Puesta en valor de las Tierras del Basural Municipal».
Las propuestas presentadas llegaron con las conversaciones suficientes entre los parlamentarios para evitar grandes discusiones e intercambios de chicanas habituales y fueron aprobadas por unanimidad.
El reloj de la ejecución comenzó a correr ahora para el ejecutivo local que deberá entregar el plan en 60 días y aplicarlo en un año.
