Son varias las familias que fueron desalojadas sin alternativa habitacional ni gestión de ningún tipo más que la intervención policial. Vinieron a Luján desde José C. Paz, de municipio en municipio buscando respuestas, hasta llegar a los predios lindantes a las vías del tren en el barrio Luchetti. Son tierras sin dueños, como tantas que hay en el partido.
En un pequeño lote, levantaron una casa precaria. Pese a recorrer las oficinas del municipio no encontraron ninguna respuesta y fueron los vecinos quienes los asistieron en los primeros días.
Su procedencia fuera del partido le vino como anillo al dedo a la gestión local para avanzar de forma express en el desalojo. Son varias familias corriendo la misma suerte. En total, ocho adultos y cinco niños, algunos no llegan al año de vida.
Claudia, una de las madres de familia cuenta cómo el miércoles procedió la policía. “Entraron directamente, cuando le pedimos la orden judicial nos dijeron que no la tenían. El día anterior les dijimos que si traían la orden nosotros nos íbamos. Pero ese miércoles volvieron y empezaron a empujar a los varones, cuando los varones hicieron unos metros hacia atrás, empezaron con insultos y se sumaron más efectivos” agregó.
Del operativo participaron dos trabajadores sociales del Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño. Las familias relatan que llegaron en un patrullero policial, se presentaron y pidieron llevarse a los menores para que la policía pudiera avanzar con el desalojo. “Les pedimos las credenciales y se subieron al patrullero. Nosotros no íbamos a entregar a nuestros niños sin garantías” explicó Claudia.
De todos modos, incluso con los niños en la casa la policía avanzó. Comenzaron los forcejeos y no tardaron en pasar a los golpes. “Un policía la agarró de los pelos y la tiró al piso con el bebé a en brazos” señaló Claudia. Finalmente, el operativo terminó con la familia en la vereda y el arresto de dos jóvenes. Una de 18 y otro de 15.
Tierras sin casas, viviendas sin familias
Tras el desalojo del miércoles la familia pernoctó en la casa de una vecina que se solidarizó con la situación y este viernes intentaron volver a la casa, pero en pocas horas la policía los echó definitivamente del lugar.
Una medida de estas características debe provenir de una orden judicial y respetar los procedimientos legales que implican denuncia, intimación, resoluciones judiciales, derecho a apelación, informes, etc. Pero en este caso, la fiscalía y el municipio de Luján decidieron ahorrar burocracia y ganar en tiempo. El desalojo fue tan rápido que la fiscal María Laura Cordiviola no sintió la necesidad de mostrar la orden de desalojo.
Ni la fiscalía ni la municipalidad confirmaron el dominio de las tierras. Concejales pidieron en la oficina de catastro la información pero el intendente ordenó que el dato solo le llegue a la fiscal.
Desde Políticas Sociales aseguran que la intervención fue correcta. La responsable del área Mónica Issouribehere señaló a este medio que «se les ofreció custodiar a los niños. Se negaron y firmaron un acta donde afirman que se hacen cargo».
Ante la exigencia de una referente social a la funcionaria para que tomara medidas de protección con la familia, Issouribehere respondió “no podemos con los pobres de Luján, menos vamos a poder con pobres de otro lado”.
Desde Políticas Sociales desestimaron las propuestas que formularon las organizaciones sociales y los vecinos que acompañaron a las familias. Dichas opciones eran: habilitar el CIC San Fermín o el Polideportivo para recibir a las personas momentáneamente, entablar comunicación con el municipio de José C. Paz o formar una mesa de diálogo con familias y organizaciones para buscar soluciones.
Al parecer allí finalizaron las gestiones y responsabilidades en el área de quien militó en las filas de Acción Católica antes de integrar el gabinete de Luciani.
De su Secretaría depende el servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño. Desde la coordinación remarcaron que «se garantizó la integridad de los niños. El joven de 15 fue correctamente reducido, esposado y demorado. En el destacamento le quitaron las esposas y como estaba su hermana y es un adulto responsable ella se hizo cargo» resumió Jimena Cortesi, responsable del área. Sobre la situación de calle en la que quedaron los niños respondió que «servicio no cuenta con recursos económicos y la única alternativa es la casa de abrigo».
La respuesta final del municipio fue ofrecer remises para volver de donde vinieron. Padres y Madres de familia remarcaron su temor a que la fiscalía les quite a los niños y decidieron aceptar la propuesta y emprender la vuelta.
Organizaciones sociales y vecinos del barrio Luchetti analizan la posibilidad de iniciar una intimación hacia el Municipio por las irregularidades en el desalojo y el abandono de la gestión hacia la familia.
La gestión Cambiemos en Luján descartó -fuera de la ley- lo que se les presenta como un problema político y no como un deber de estado ajustado a derecho. Sin embargo el desalojo de está familia no resuelve el problema estructural que se mide en cifran en ascenso: miles de familias que no acceden a una vivienda, más de cinco mil según el registro de la dirección de Tierras y como triste paradoja cientos de hectáreas abandonadas y otro tanto de casas inhabitadas a precios inaccesibles para la mayoría.
Según el Registro Nacional de las Personas hay 13 barrios populares en Luján que sufren la marginalidad y la precariedad. Cientos de familias no acceden legalmente a una vivienda digna y a un terreno que puedan pagar con sus ingreso.
El relevamiento que en 2016 realizó la Fundación Techo en el partido indica que de 1500 familias que viven en condiciones de precariedad el 91,7 por ciento no tiene acceso a agua corriente, el 100 por ciento no tiene cloacas, el 83 por ciento tiene pozo negro y el 58,3 no tiene acceso formal a energía eléctrica.
Incapaz de sostener un plan de viviendas, frenar la especulación inmobiliaria, siquiera poner en funcionamiento la ordenanza aprobada hace cuatro años que crea un banco de tierras y con la policía como única respuesta, el problema de fondo continuará apareciendo con nuevos protagonistas. Evitar que el problema ingrese a la agenda pública y familiarizar el conflicto social es la garantía para evitar un rasguño en la gobernabilidad para la gestión de Oscar Luciani.