El gobierno municipal de Leonardo Boto elevó el 5 de marzo de este año al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para la creación de dos nuevas tasas municipales, una de «protección ambiental» y otra de «inspección de redes de gas».
La iniciativa despertó en la última semana el rechazo de la oposición con un raid mediático y una lluvia de spots en redes sociales. El sector que conduce la diputada provincial Rita Sallaberry encabezó el operativo para dejar sin quorum la sesión prevista para el próximo lunes.
Los primeros pasos del proyecto en las Comisiones del Concejo no dejan un panorama alentador para el oficialismo. Aun con la oferta de discutir artículo por artículo e incorporar modificaciones, no alcanzaron acuerdo.
Dada la mayoría que tiene Unión por la Patria en el Concejo, el quorum aparece como la herramienta para evitar que la iniciativa se vote. Habrá que esperar hasta la sesión para saber si la estrategia opositora da resultado.
Una idea poco original
Son varios los municipios que buscan reducir el impacto del ajuste del gobierno nacional en sus arcas. Ya son unas 30 gestiones de diversos signos políticos que implementaron «Tasas Viales» en la Provincia con tributos que van desde el 1% al 4,5% y recaen sobre quienes consumen combustibles. Desde Pilar, bajo la gestión de Federico De Achával (Unión por la Patria), hasta Mar del Plata bajo la gestión de Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio).
«Quieren que el Ejecutivo se haga cargo de los recortes de Milei y son capaces de proponer la incorporación de laburantes despedidos de CDR, pero no aprueban las herramientas para sostener la prestación mínima del municipio en un contexto como este» soltó a este medio en tono de reproche un concejal oficialista.
¿Cómo se paga el ajuste?
La nueva tasa de «Servicios de Protección Ambiental»
En Luján, enmarcaron la iniciativa bajo la premisa del «cuidado del ambiente» imponiendo el tributo a tres actividades: la emisión de gases contaminantes producidos por combustible (2,5%), la gestión de neumáticos y la producción de residuos por parte de grandes generadores, con porcentajes que van del 1,2 al 2.5%.
Las dos últimas ya aprobadas en la ordenanza que dio lugar a la reconversión del basural recaen sobre shoppings, centros comerciales y entidades financieras.
En las diversas declaraciones de los y las concejalas opositoras se hace referencia al cobro de esta tasa mediante la carga de combustible, los consumos hoteles 4 y 5 estrellas, en supermercados y shoppings y la inclusión de la tasa en los resúmenes de las tarjetas de crédito, ya que el proyecto establece a las personas que realicen compras en esos establecimientos y titulares de tarjetas como sujetos imponibles del tributo,
El proyecto no incluye precisiones sobre cual es el servicio puntual que la recaudación pretende financiar. La biblioteca tributaria y los antecedentes judiciales establecen con precisión que una tasa municipal debe surgir del prorrateo de costo de un servicio entre sus beneficiarios.
Nueva tasa por «Vigilancia, Inspección y Desarrollo de Emprendimientos para la Provisión del Servicio Público de Gas por Redes».
El segundo tributo que buscan incorporar desde el Ejecutivo en materia de recaudación pasa por la inspección de las instalaciones destinadas a la circulación y suministro de gas por redes y el diseño, proyección, implementación y ejecución de obras públicas tendientes a dotar a todo el ejido municipal del servicio de gas natural.
La obligación solidaria del pago del tributo estará a cargo de los titulares de dominio de los inmuebles; los usufructuarios de los inmuebles; los poseedores a título de dueño de los inmuebles y los tenedores u ocupantes de los inmuebles, por cualquier título, los siguientes sujetos, siempre que cuenten con el servicio de gas natural. En resumen todas las personas dueñas o inquilinas, salvos las excepciones que establece el proyecto, de una propiedad deberán pagar la tasa en su factura de gas natural.
¿Qué se dice a favor?
Uno de los primeros concejales oficialistas en sentar postura pública sobre el tema fue el concejal Joaquín Martucci que en una entrevista en el programa ded radio La Palabra de Gerardo Tomadoni expresó que “se está abriendo un panorama de discusión y debate sobre nuevas tasas en los diferentes distritos para poder solventar lo que el Gobierno Nacional ya no se hace cargo” y sumó que “si al Gobierno Nacional no le interesan los lujanenses y no quiere mandar más comida para los comedores, el que se tiene que hacer cargo es el Municipio”.
Durante la mañana de este sábado, Matías Fernández, jefe de Gabinete municipal, en conversación con Adrián Terrizano en su programa Planeta Terri explicó que la «pérdida de recursos debido al recorte nacional es de aproximadamente 16 mil millones de pesos y mediante estas tasas se recuperarían 5 mil millones». Sobre los fundamentos de la propuestas explicó que responde «a discutir año a año la ordenanza fiscal impositiva para adaptar las finanzas del municipio a la nueva coyuntura como pasa en otros municipios».
¿Qué se dice en contra?
La oposición se encolumnó detrás de argumentos que van desde el carácter confiscatorio y anticonstitucional de la propuesta, hasta su vinculación con la imposibilidad del Estado municipal de legislar sobre competencias que corresponden a otras jurisdicciones, pasando por exigir al ejecutivo que reduzca la planta de funcionarios o recorte los fondos destinados al mantenimiento de espacios verdes o servicios similares en el espacio público.
La concejala Susana Busso (Queremos Luján) agregó que a la hora de explicar el motivo de la iniciativa por parte del oficialismo los «argumentos están siendo vergonzosos». Por su parte el concejal Agustín Musso (Juntos por el Cambio) dijo que “si quieren aplicarle estos impuestos al municipio que empiece recortando la planta política y los más de quinientos cooperativistas que tiene, que muchos no son de Luján”.
Antecedentes
La historia de la tasa vial se inició durante la gestión de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires en 2007, donde se intentó, sin suerte, aplicarla por primera vez. Sin embargo, desde 2008 se vienen implementando en distintos municipios de Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén, Río Negro y Entre Ríos, entre otros.
En San Isidro se fijaron $6 fijos y se cobra en concepto de «tasa por servicios de protección animal«. En Florencio Varela lo recaudan para cambiar a las lámparas led la iluminación de la vía pública, bacheos, señalización y semaforización. Era del 1% por cada litro, pero esta semana el ejecutivo local propuso subirlo al 2%.
En Lomas de Zamora es del 2% por cada litro despachado para el mantenimiento de las calles del distrito, como ya ocurre en Almirante Brown.
Otros municipios que la aplican -y donde por consiguiente el valor de los combustibles se encarece- son Vicente López, San Fernando, Escobar, José C. Paz, Hurlingham, Malvinas Argentinas, Ituzaingó, General Rodríguez, Merlo, San Vicente, Quilmes, Castelli, Avellaneda, Pinamar, Junín y Rosario.
Desde febrero de este año en General Pueyrredón (Mar del Plata) se aprobó el proyecto presentado por le ejecutivo al mando de Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio) que aplica el cobro de una “Tasa de Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal” cada vez que un usuario carga combustible y representa el 1,86% del ticket final.
En el caso de la Tasa por Vigilancia, Inspección y Desarrollo de Emprendimientos para la Provisión del Servicio Público de Gas por Redes el partido de Pilar aplica una alícuota del 2,5% y en Moreno sobre el importe, deducido de todo tipo de gravamen, por el consumo de gas es del 4%.
