A dos años de la polémica que incluyó votos y vetos, los concejales quieren llegar a abril de 2017 con las modificaciones del Código de Ordenamiento Urbano. Pero se repiten viejas prácticas y el tratamiento arrancó mal: con un plenario sin convocatoria ni información pública clara. Aquí, un repaso de esta historia sin fin.
Las primeras imágenes que se suceden en la cinta hablan de una película repetida. Poca información circula respecto a las modificaciones que los concejales deben realizarle al controvertido Código de Ordenamiento Urbano que fue votado y vetado en 2013, nuevamente votado en 2015, corregido desde La Plata y al que ahora nuevamente se deberá someter a votación. Un breve recorrido y algunos puntos de vista se hacen necesarios para re pensar la planificación estratégica de Luján en torno a la discusión por el COU.
El Código de Ordenamiento Urbano es el instrumento más importante que tiene la política local para definir su diseño estratégico a largo plazo definiendo la utilidad del suelo y transferir, o quitar, valor a determinadas zonas. Finalizada la dictadura no volvió a discutirse el viejo plan regulador y desde entonces en el Concejo Deliberante hubo un festival de excepciones que fueron conformando la más sólida regla del legislativo local: favorecer a los terratenientes y a las inmobiliarias. En 2013 se aprobó un Código de Ordenamiento Urbano instantáneo, fue tan polémico que el intendente vetó su propio
proyecto. Las organizaciones sociales impidieron que un proyecto, espejo de acuerdos económicos, vuelva a aprobarse y lograron mayor margen de 
participación que les permitió incluir la facultad para que el municipio aplique la por entonces flamante Ley Provincial de Acceso Justo al Hábitat que permitió la generación de suelo urbano para el proyecto de las 202 viviendas para re-localizar familias inundadas y otro tanto para el plan ProCreAr. Otra de las victorias de los movimientos sociales fue impedir que se puedan instalar barrios cerrados en la zona urbana. Además de reducirse la zona destinada a ese tipo de emprendimientos por fuera del casco urbano.
Las responsabilidades políticas del ejecutivo y su sumisión a la propuesta de una minoría enriquecida y sin arraigo local se manifestaron en 2013 con la sanción del código, también las de aquella conformación del concejo deliberante; y finalmente podría cerrarse una serie prolongada para Abril del año que viene. La decisión la tiene la actual conformación del Honorable Concejo Deliberante.
La susceptibilidad, hija de la poca transparencia que ha tenido el tratamiento de la norma más importante a nivel municipal, despierta un aroma extraño. ¿Por qué el plenario previsto para el 30 se adelanta al 29? ¿Por qué no fue anunciado? ¿Por qué no se convocó a las organizaciones que discutieron el proyecto en 2013? ¿Por qué la prensa tiene que volver a entrar por las ventanas del municipio para acceder a la información?
¿El Código de Eidico?
Desde su sanción en el año 1978 en plena dictadura militar, el viejo plan regulador no fue puesto en debate hasta que en el año 2013 proyectos inmobiliarios apuraron su tratamiento en el recinto deliberativo. Edico, una de las mayores desarrolladoras de countries del país, fue la empresa que levantó las manos por los concejales de todos los partidos hace tres años. Un Código de Ordenamiento Urbano era votado por unanimidad sin debates ni demoras.
Santiago O´Donnell en su libro ArgenLeaks cuenta en el capítulo titulado “Massa” que O´Reilly (dueño de Eidico) es un importante empresario inmobiliario, miembro del Opus Dei, que fue llevado al gobierno nacional por Massa como asesor ad honorem durante su paso por la jefatura de gabinete entre Junio de 2008 y Julio de 2009”. O´Reilly no hace mucho fue acusado de incendiar bosques nativos en Neuquén y en Chubut para después poder comprar las tierras y desarrollar barrios privados con el nombre de “San Esteban” .
Eidico es la empresa que mas denuncias por corrupción recibió durante los últimos años sospechada de intervenir en la dinámica política para generar legislación local en su favor y apropiación de terrenos públicos para la construcción de megaemprendimientos inmobiliarios como mostró en el año 2010 el programa CQC en Punta Querandí, partido de Tigre.
Las denuncias que recorren sacuden desde entonces a Escobar, Pilar y un sinfín de comunas en todo el país.
Los capítulos previos al ¿Tratamiento final del COU?
Luego del voto llegó el veto. Oscar Luciani pocas semanas después de tener el proyecto que desde el ejecutivo se había enviado al deliberativo aprobado se veía en la encerrona de vetarlo ante la presión de los movimientos sociales. Varias maniobras por aquellas semanas de fines de 2013 ocupaban las páginas de los diarios locales: el expediente extraviado y misteriosamente aparecido en la puerta del despacho del presidente del concejo, ediles intentando sesionar un domingo, vecinos impidiendo sesionar a los concejales y concejales denunciando penalmente a los vecinos.
Finalmente el debate tuvo que abrirse y entre otras cosas el ejecutivo contrató al equipo de “La Brújula” para que obtuviera la opinión de los vecinos y formulara sus recomendaciones. Los técnicos al día de hoy insisten en que el polémico COU está marcado por la “ausencia de plan estratégico a largo plazo” y refuta discurso de la mayoría de los dirigentes que hablan de Luján como un pueblo del interior ya que el código contiene una “expansión de la mancha urbana que hace que las localidades casi se lleguen a tocarse con poca división de espacios verdes”, importante característica del conurbano. Los señalamientos que realizó la Provincia de Bs. As. van en el mismo sentido indicando que no hay proyecto de ciudad claro y que se debe reducir la capacidad para barrios cerrados.
Así las cosas, luego de este último plenario todo quedó en veremos. Estuvieron presente la mayoría de los Concejales y quien tomó la voz cantante para informar fue el arquitecto Carlos Pateta. El Director de Planeamiento Urbano fue quien trajo las noticias desde La Plata, casi como un informante de inicios del siglo XIX. El directivo municipal comentó que se modificarán las extensiones destinadas a los countries, como recomendó el ente provincial. Aunque no todos ven buenas noticias: desde algunos ediles de la oposición ya están observando los decretos que ostenta la legislación bonaerense, ya que los desarrolladores inmobiliarios podrían igualmente hacer sus negocios inmobiliarios a partir de decretos que todavía están vigentes. Desde algunos sectores vuelven a querer apurar el tratamiento, pero todo hace suponer que recién en abril de 2017.
