Tras varios días de protesta frente a la reforma constitucional que el gobernador Morales pactó con un sector del PJ jujeño, se desató una indiscriminada represión que tuvo como saldo heridos de gravedad y decenas de detenciones arbitrarias.
La repercusión en el ámbito político no tardó en copar pantallas y redes y tras las expresiones de la oposición abroquelada en la defensa del radical Morales, el oficialismo salió a criticarlo con dureza. Desde Luján las organizaciones del campo popular se solidarizaron con el pueblo jujeño y llamaron a la reflexión respecto a la represión.
El Bloque de Concejalas y Concejales de Unión la Patria expresó su «más enérgico repudio a la brutal represión ordenada por Gerardo Morales contra el pueblo jujeño».
En un documento publicado recientemente hicieron mención a «la violencia ejercida, la detención ilegal de manifestantes, las entradas a sus casas sin orden de allanamiento, el patrullaje de camionetas sin identificar y esta caza de personas desatada por el Estado Provincial de Jujuy nos retrotraen a las épocas más temibles de nuestra historia».
Tras repasar las cifras de heridos y detenidos y destacaran la ámplica composición social que tiene la protesta desde hace dias, en el oficialismo aseguraron que Morales «no escuchó ni dio la debida participación a los pueblos originarios y que en sus decisiones afecta sus derechos, territorios y recursos naturales que impulsó las distintas movilizaciones en toda la provincia»
Respecto a la reforma remarcaron que, entre otros puntos, «criminaliza la protesta y la movilización social, y sanciona a las personas y organizaciones que participen. En este sentido, vale aclarar que los cortes de ruta no fueron violentos y respetaban el derecho de paso en autopistas federales y que las manifestaciones se desarrollaban pacíficamente. Y, que fue el propio personal policial infiltrado quien comenzó a violentar la Legislatura Provincial para legitimar el uso represivo de la fuerza».
Desde Unión por la Patria, exigieron a la oposición de Juntos «la pacificación social, la búsqueda urgente de diálogo para atender las demandas de las comunidades originarias, de los gremios y los sindicatos docentes y municipales».
Por último, aseguraron que «no podemos tolerar, ni avalar dirigentes que piden “bala o cárcel” y que lo único que los unifica, en su interna feroz, es el apoyo a la represión contra el pueblo jujeño. Basta de violencia, de represión y persecución a la protesta social porque el derramamiento de sangre nunca más puede ser el camino».
