Trabajadores y trabajadoras afiliadas a CICOP (Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires) realizaron una asamblea el miércoles en el Hospital Nuestra Señora de Luján para seguir discutiendo sobre el pase del centro de salud a manos de la provincia y sobre el paro que se mantiene por diversas demandas. Sin embargo, desde CICOP afirman que su desarrollo fue interrumpido «violentamente por un grupo organizado».
En un comunicado de prensa, el sector denuncia que «desde el comienzo, pudo notarse un grupo de cuatro o cinco personas que en anteriores asambleas habían argumentado a favor del levantamiento del paro, pero esta vez demostraron cierta intolerancia ante las opiniones contrarias, haciendo comentarios descalificadores. También fue notorio que el Subsecretario de Salud Damián Goenaga pasaba a cada rato por el lugar yendo de un lado al otro, y cada vez que lo hacía, este grupo se ponía cada vez más hostil».
En el debate mencionaron denuncias sobre «aprietes del Subsecretario para que se levante el paro, chantaje con quite de horas extras, guardias, jefaturas, o solicitudes de traslado y siempre con la exigencia de que se levante el paro». Finalmente, propusieron la votación la posibilidad de levantar el paro del hospital, lo que desencadenó la suspensión de la asamblea.
«Se pidió que levantaran la mano los que estuvieran a favor del levantamiento del paro y apenas llegaron a once votos, menos de un tercio de los presentes en ese momento.
Ante la derrota, Federico Díaz, jefe de Radiología, intentó violentamente evitar que continuara la votación, asistido por Oscar Ponces, bombero voluntario y trabajador de maestranza, intentando agredir a las autoridades gremiales, generando un forcejeo contra algunas compañeras que trataron de contenerlos», describe el comunicado.
Es por eso que desde CICOP aseguran saber quién está detrás de estos acontecimientos: «Estamos frente a un grupo organizado y conducido por Damián Goenaga, cuya función es amedrentar al personal para que levante el paro, y se someta sin más a sus designios y arbitrariedades. Para esto no escatiman las amenazas, los abusos de autoridad, la extorción económica, sanciones, gritos y hasta empujones».
Para finalizar, desde el sindicato expresan su descontento: «Ante esta situación, que resulta inadmisible en democracia e indigna de funcionarios públicos y autoridades de gobierno, queremos dejar claramente establecido nuestro repudio y el más enérgico rechazo a estas prácticas antisindicales y autoritarias».
