A fines de 2019, todavía bajo la instrucción de funcionarios de la gestión de Oscar Luciani, se inició un sumario para determinar la responsabilidad varios laburantes de la planta municipal que habían falsificado certificados médicos para ausentarse sin perder el presentismo. El proceso de investigación incluyó a una diversidad de actores y culminó a fines del año 2022 con el despido de 9 laburantes.
Según aportaron quienes intervinieron en el sumario desde noviembre de 2019 a noviembre de 2022, se comprobó que las licencias truchas se realizaban con una firma y nombre falso, pero con matrículas verdaderas. Además del proceso administrativo sumarial, se inició una investigación penal que lleva la Unidad de Delitos Complejos de Mercedes contra los y las empleadas ante la posible existencia de delitos como usurpación de título y/o matrícula.
El caso testigo apareció en el ámbito de la subdirección de discapacidad en noviembre de 2019. Entonces, la funcionaria a cargo del área, Graciela Uribe, notó que la caligrafía de recetas y firmas eran la misma, aunque se trataba de profesionales distintos. Todos los documentos correspondían al mismo empleado, aunque más tarde fueron encontrando más casos de variadas dependencias.
«Todavía no se entiende. Sí, vas a un médico con un argumento válido, te firman el certificado que te corresponda. Es increíble que se haya llegado a este estado de descontrol», opina un funcionario que participó del sumario. Las licencias con certificados truchos se extendieron durante 2018 y 2019, cuando la administración pública pasaba por un importante momento de deterioro.
Los pedidos de licencias -truchas- también se dieron con familiares a cargo como hijos e hijas, tergiversando el fundamento de una ordenanza aprobada en 2017 que permite ausentarse -justificadamente- del puesto de trabajo para cuidar a un familiar a cargo sin perder el bono del presentismo que equivale a un 20% del sueldo básico. Así se desprende de la investigación sumarial.
Parte del proceso administrativo implicó la conformación de una junta evaluadora integrada por representantes gremiales que frente a la evidencia se pronunciaron en favor de hacer cumplir el reglamento y cesantear a 9 empleados. «Desgraciadamente, se equivocaron, hicieron algo que no tenían que hacer», confirmó un secretario general tras ser consultado por Ladran Sancho.
El sumario incluyó el trabajo de 5 directores de recursos humanos a lo largo de dos gestiones de gobierno. Uno de ellos fue Agustín Musso, actual presidente del Concejo Deliberante, que esta semana recibió en su despacho una presentación de las empleadas despedidas.
Este lunes la polémica se reavivó con la exposición que realizaron dos de las empleadas despedidas ante el Concejo Deliberante. Apuntaron directamente contra el secretario de Gobierno, Silvio Martini, y confirmaron que iniciaron una denuncia penal por «coacción, amenazas y violencia». Según reseñan, durante el 8 de marzo de 2023 por la mañana fueron a consultarlo por un «trámite» y la reacción del funcionario fue violenta. «Se brotó de manera histérica e inexplicable», puede leerse en la denuncia.
Colaboradores de Martini presenten en la reunión desmintieron el episodio y confirmaron que se trata de las empleadas despedidas por los certificados truchos. «Nuestra oficina es vidriada y está rodeada de cajas de atención, si alguien hubiera levantado la voz todo el mundo se hubiera enterado. No fue así. El tono de la conversación fue cordial de ambos lados y desde la Secretaría se les explicó cuál era la situación con el sumario terminado», agregaron desde la oficina de Martini.
Mientras tanto, en el Concejo Deliberante el tema continuó en debate con la exposición de las trabajadoras despedidas que solicitaron la intervención del cuerpo legislativo y una audiencia con el Intendente. Negaron haber falsificado documentación y pidieron ser reincorporadas a la planta municipal.
Cuando terminaron la exposición se sumó la voz de Militancia Organizada, el espacio que se referencia en Silvio Martini para rebatir las palabras de las denunciantes. También lo hicieron vecinos y simpatizantes del Frente de Todos que salieron a bancar al funcionario.
Para la administración pública está terminada la relación laboral con las trabajadoras que denunciaron a Martini y por ende ya no hay vínculo entre el municipio y las denunciantes, por lo que esperan que la exposición en el recinto haya sido un último capítulo de una larga trama que se inició hace más de tres años.
