A través del Decreto N°863/2022, el Gobierno Nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2023 la emergencia pública en materia sanitaria establecida en la Ley N°27.541, y extendida por el Decreto N°260/2020, a raíz de las consecuencias e impacto generados por la pandemia de la COVID-19.
En ese marco, y como autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud decidió mejorar y ampliar la capacidad de atención de todo el sistema sanitario, recurriendo a la extensión de la contratación de personal de salud jubilado o retirado; al establecimiento de regímenes especiales de matriculación y/o certificación en forma excepcional y temporaria; y a la contratación de profesionales y técnicos de salud titulados en el extranjero, cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina.
El impacto de la pandemia por COVID-19 en el sistema sanitario ha generado una demanda acumulada de seguimiento, tratamientos, pruebas diagnósticas y atención especializada que debe ser adecuadamente atendida en todo el país.
Las consecuencias que produjo la pandemia obligan a adoptar medidas rápidas, eficaces y urgentes; además de continuar desarrollando una estrategia sanitaria consensuada para profundizar la integración de los subsistemas de salud con foco en la equidad, la eliminación de barreras en el acceso y el aumento de la calidad en los servicios de salud.
La resolución se da bajo un escenario de nuevos registros en alza de contagios de COVID-19 en todo el país, combinado con un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas como consecuencia del cambio en los hábitos alimentarios, aumento de peso por el confinamiento y una reducción significativa de la actividad física.
