Esta semana se conoció el caso de una mujer que solicitó al hospital municipal la práctica de un aborto legal, pero aún no obtuvo respuestas. Mientras los directivos desconocen sus obligaciones como centro de salud, los derechos de la mujer siguen siendo violentados: es el Estado el que la re victimiza. Ladran Sancho resumió las claves para comprender el procedimiento de intervención.
Para poder entender el derecho al proceso de interrupción legal del embarazo, es necesario hacer un breve recorrido histórico y estadístico:
Durante los últimos treinta años, las complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones de riesgo representan un tercio del total de los fallecimientos por mortalidad materna, convirtiéndose en la principal causa de muerte.
Según el Ministerio de Salud de la Nación, en el país se practican entre 370.000 y 522.000 abortos clandestinos al año y las complicaciones aparejadas por ser abortos inseguros, son la principal causa evitable de mortalidad materna en Argentina. En números concretos, desde el regreso de la democracia en 1983, más de 3000 mujeres murieron como consecuencia de abortos inseguros. Es innegable que la interrupción legal del embarazo es un grave problema de salud pública que el Estado debe atender.
desde el regreso de la democracia en 1983, más de 3000 mujeres murieron como consecuencia de abortos inseguros.
Pero, ¿es legal el aborto en Argentina? Sí. Desde 1921, el artículo 86 del Código Penal estableció excepciones a la punibilidad del aborto. Por lo tanto, es legal en casos de violación o cuando se encuentre en peligro la salud y/o la vida de la mujer.
Como reafirmación de este derecho, en 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en un fallo histórico para la salud pública en el que ratificó el derecho al acceso al aborto en todas las circunstancias especificadas en la ley, al tiempo que ordenó que el poder judicial se abstenga de judicializar el acceso al aborto legal, con el fin de agilizar la interrupción legal del embarazo.
Finalmente ordenó a las autoridades gubernamentales la confección de protocolos sanitarios que garanticen la realización de la ILE. Bajo esa normativa, en el 2015 el Ministerio de Salud de la Nación publicó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo.
Obligaciones de las instituciones de la salud
El objetivo principal del protocolo es asegurar que el personal efector de salud -incluido el administrativo y de seguridad- comprenda que es responsable de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo cuando éste ponga en riesgo la vida o la salud de la persona o cuando sea producto de una violación.
Según indica el documento, los equipos de salud «son los primeros responsables por la provisión de ILEs y de prevenir y buscar evitar peligros y daños a la integridad física y psíquica de quien acude al sistema de salud, ya sea que se trate de los subsistemas público, de obras sociales o privado».
Para esto es fundamental el principio de inmediatez para evitar riesgos. En este sentido el protocolo indica que la resolución de las medidas necesarias para determinar una causal de aborto no punible, y posterior su realización, «deberá efectuarse en un plazo no mayor a diez días siguientes a la solicitud de la mujer o representante legal, tutor o encargado».
La decisión de la mujer es incuestionable, por lo que no debe ser sometida por parte de las y los profesionales de la salud, a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas.
Los profesionales de la salud pueden manifestar su objeción de conciencia. Sin embargo, éste es siempre individual y no podrá ser institucional. Por lo tanto cualquier establecimiento al que se recurra para la práctica de una ILE, deberá en cualquier caso garantizar su realización.
La decisión de la mujer es incuestionable, por lo que no debe ser sometida por parte de las y los profesionales de la salud, a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas.
La implementación de mecanismos administrativos y/o la realización de la interconsulta no pueden implicar demoras innecesarias en la realización. Las demoras innecesarias, el brindar información falsa o negarse a llevar a cabo el tratamiento constituyen actos que pueden ser sancionados administrativa, civil y/o penalmente.
Derechos y accesibilidad para la mujer que solicita una ILE
Como principio rector, no deben interponerse obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder su prestación, ya que podría poner en riesgo la salud de quien solicita la práctica. El protocolo advierte que la interrupción debe ser efectuada por el equipo de salud «sin intervenciones adicionales innecesarias, sean médicas, administrativas o judiciales».
Para poder acceder a este derecho, la mujer sólo debe presentar una planilla de solicitud y consentimiento informado en el que se declara que fue puesta en conocimiento, en un lenguaje claro y sencillo, sobre los diferentes métodos mediante los cuales puede llevarse a cabo la interrupción de su embarazo; sobre la naturaleza e implicancias que tiene cada uno de ellos sobre su salud; sobre las características de cada uno de los procedimientos disponibles, sus riesgos, beneficios y consecuencias. Que entendió la información que se le dio, y que pudo realizar las preguntas que le parecieron oportunas y le fueron respondidas satisfactoriamente.
El consentimiento informado y la declaración jurada son los únicos requisitos que se debe solicitar a la mujer para realizar una ILE producto de una violación.
En los casos de violación el único requisito para acceder a una ILE es que la mujer, o cuando fuera necesario su representante legal -cuando se trata de una mujer idiota o demente-, realice una declaración jurada donde afirme que el embarazo que cursa es producto de una violación.
Al tratarse de un procedimiento de baja complejidad, la atención de las mujeres que requieren una ILE puede realizarse en un centro de atención primaria y/o de forma ambulatoria. Sin embargo es necesario que todos los estamentos del sistema de salud tanto pública como privada, puedan brindar atención integral y de calidad a las pacientes, con el único fin de respetar sus derechos.